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La PFP a las calles del DF

Por la Redacción

La presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) en las calles del DF converge en un tema fundamental para la vigencia de los derechos humanos, como lo es el de la seguridad pública. Las acciones de las autoridades gubernamentales, tanto a nivel federal como local, encaminadas a garantizar a los ciudadanos el goce de los derechos relacionados a este ámbito, tendrían que estar construidas con base en el respeto de las garantías fundamentales, y asentadas sobre mecanismos orgánicos que procuren una resolución a fondo de esta problemática.

El 3 de diciembre, los ciudadanos del DF amanecimos con la presencia de la Policía Federal Preventiva en las calles de ciertas “zonas neurálgicas”, a decir de las autoridades. Tres mil integrantes de las Fuerzas Federales de Apoyo, de los cuales mil 600 son militares –cuestión que de por sí ya es violatoria de la Constitución– patrullando y/o apostados en las calles para realizar patrullajes, labores de inteligencia, detectar tráfico de drogas y contrabando, evitar robos y asaltos, secuestros, y ayudar a cumplir órdenes de aprehensión por delitos federales.

Al parecer, los primeros sorprendidos fueron las propias autoridades capitalinas, a pesar de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alejandro Gertz, apelaba ante los medios de comunicación que se trataba de un acto coordinado con el Gobierno del Distrito Federal (GDF), tal como lo estipula el marco jurídico actual que regula la actuación de la PFP.

No obstante, las distintas versiones de los responsables de la procuración de justicia y de la seguridad pública en la capital, evidenciaron la falta de información y de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.

A ese respecto, una de nuestras preocupaciones se basa en que ese nivel de información entre los titulares no garantiza que los efectivos policiacos, tanto de la PFP como de la SSP-DF, tuvieran estricta claridad de sus funciones para evitar posibles conflictos entre las distintas corporaciones, y evitar extralimitaciones en sus funciones con el peligro latente de atentar contra las garantías individuales de aquellos a quienes pretenden proteger.

La situación evidenció además los problemas no resueltos todavía en materia de seguridad pública, que se relacionan además de la naturaleza policiaco-militar de la PFP, con la duplicidad de funciones, los ámbitos de competencia, y con la concepción autoritaria de que es con más actuación policiaca como se combatirá la inseguridad en el país.

La SSP dijo que la implementación de estos operativos era resultado de acuerdos tomados conjuntamente con el GDF, versión que el mismo día que apareció la PFP fue desmentida por las declaraciones del propio titular de Seguridad Pública del Distrito Federal, Leonel Godoy, en el sentido de que no habían sido informados ni consultados. Lo mismo sucedió con las coordinaciones territoriales de seguridad pública, creadas en este periodo de gobierno por Andrés Manuel López Obrador.

Aparentemente, la SSP habría estado consultando al GDF para el apoyo de la PFP en el combate a la delincuencia. No obstante, las reacciones de las autoridades del DF, comenzando por Leonel Godoy, dejaron al descubierto evidencias que no garantizan la efectividad de los operativos de la PFP ni que se esté trabajando eficazmente en solucionar el problema, puesto que de ser así las autoridades del GDF no habrían permitido que se instrumentara el operativo en estas condiciones.

Impresionante resulta observar que la reunión de trabajo que previamente tendría que haberse desarrollado para echar a andar un operativo de esta magnitud, se dio después de que los policías federales estaban ya en las calles, armados, dispuestos a realizar tareas sin tener perfectamente delimitados los linderos de colaboración y apoyo con las policías locales.

Esta misma situación provocó que en los condenables hechos represivos en Cancún, en febrero de este año, en donde participaron elementos de la policía local y de la PFP se responsabilizaran mutuamente de la brutal actuación en contra de los manifestantes globalifóbicos.

Una cuestión de fondo plantea el asunto de los ámbitos de competencia, y es que no es un mero requisito normativo-jurídico, sino un parámetro en el cual se debe enmarcar la actuación de los efectivos, y prevenir las posibles violaciones a derechos humanos sin restarle importancia al preocupante tema de la utilización de elementos militares en las labores de seguridad pública, por mucho que cuenten con “permiso” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para hacerlo.

Las contradicciones entre las autoridades no son cuestión de diferencias declarativas, sino acciones que pueden desencadenar violaciones a los derechos humanos, comenzando por la actuación de elementos militares en tareas de seguridad pública, hasta las revisiones aleatorias que según la PFP estaban dentro de sus funciones, y que después desmintió la SSP-DF. No obstante se han reportado algunas acciones violatorias a garantías individuales, tales como la que sucedió el pasado 4 de diciembre en el Corredor Guadalupano, en donde diez elementos de la PFP detuvieron algunos vehículos y revisaron a discreción números de serie.

Otro suceso que muestra la posibilidad de extralimitarse en sus funciones es el que sucedió el 6 de diciembre, cuando tres sexoservidoras y un homosexual que ofrecen sus servicios a un costado de la estación del metro Nativitas, fueron detenidos por elementos de la PFP.

En ese mismo operativo fueron detenidas sobre la avenida Tlalpan cinco mujeres que viajaban en auto. Fueron revisadas sus pertenencias y posteriormente trasladadas a la octava agencia del MP.

Las autoridades del DF aún siguen carentes de estrategia. Parece que no saben aún qué harán con el problema de la inseguridad. Mientras que Bernardo Bátiz, procurador de Justicia del DF, se pronuncia a favor de que la PFP llegue incluso a las zonas a donde se está reacomodando la delincuencia, el famoso “efecto cucaracha”, Leonel Godoy afirma que se revisará en 15 días cómo avanza este operativo. Por su parte, Gertz Manero insiste en poder implementar permanentemente la presencia de la PFP.

Estas acciones no garantizan en forma alguna que el combate a la delincuencia con la presencia de la PFP, sea realmente una estrategia para terminar con el problema de la inseguridad pública. Son tácticas emergentes, de corto alcance, además de encaminadas a la contención, disuasión, y con las ambigüedades en las que se encuentra operando, y sin conocer públicamente los acuerdos, se pueden acrecentar las violaciones a los derechos humanos.

Ningún operativo que atente contra las garantías individuales puede justificarse en una concepción que pretenda responder a la exigencia de la sociedad de garantizar la seguridad pública. La desesperación de la gente por un problema tan grave como la inseguridad pública no debe conducirnos a la aceptación de cualquier tipo de medidas para combatirla. Esto abriría la puerta a violaciones, y en última instancia no soluciona de fondo ni aporta cambios estructurales.

El combate a la inseguridad pública debe encaminarse a atacar la problemática estructural, de lo contrario será una estrategia parcial, que no garantiza éxito alguno a largo plazo; al contrario, nos llevaría a una espiral que requeriría cada vez más de presencia de policías.

Reiteramos nuevamente que la solución de la inseguridad no se avala con el número de policías que custodien a los ciudadanos mexicanos. Los resultados no se miden en el número de detenciones ni de operativos, más si estos violan garantías fundamentales. El problema es real, la inseguridad pública existe, pero las políticas y el marco normativo en el que se muevan nuestras autoridades es el único elemento institucional que nos garantice una actuación que no restrinja los derechos humanos y que aporte soluciones de fondo a este problema.

       
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