«Ninguna mujer se embaraza para abortar y ninguna interrumpe su embarazo con alegría», es el criterio sustentado desde hace mucho por diversos grupos que abogan por el derecho femenino a decidir sobre el cuerpo y que ubica el debatido tema del aborto en su contexto exacto.
Este es un problema en el que, ciertamente, intervienen factores médicos, éticos y morales, con una carga alta de emociones comprometidas. Por eso, cada mujer que interrumpe su embarazo tiene una historia que contar y, por lo general, no es una historia feliz, ni siquiera cuando recupera su estabilidad y se libera de las angustias que dieron razones a que acudiera a una solución así.
En República Dominicana podría escogerse cualquiera entre 100 mil anécdotas disponibles anualmente ?cantidad de abortos que se realizan- para apuntalar la reflexión acompañante a la noticia de que el Fiscal del Distrito capital mandó a cerrar tres clínicas donde, supuestamente, se practicaban abortos, y envió a prisión preventiva a 16 personas.
Lo concreto del hecho, que tiene como escenario a Santo Domingo, es que las autoridades judiciales ?tan celosas de las leyes para este caso? se adscribieron al Código Penal que prescribe penas de entre tres y 20 años para quienes ayuden a una mujer a abortar, y para ellas mismas.
Bajo ese prisma, hicieron una redada en la que arrestaron a tres médicos, cuatro enfermeras y cuatro pacientes, más tres acompañantes. Ocurrió en la segunda semana de febrero.
Del celo leguleyo del Fiscal no quedaron exentas ni siquiera la conserje y la secretaria de una de las tres clínicas, ubicadas fuera del perímetro central de la ciudad, lo que anticipa el cariz modesto de quienes allí acuden y de la actividad que realizan, sin minimizar la nocividad de un ejercicio comercial que se nutre del infortunio de mujeres a quienes el Estado, la Iglesia Católica y las leyes impiden el disfrute del derecho a su cuerpo que es, obviamente, su primera ? y a veces su única- propiedad.
Lo singular es que la acción policíaca tiene lugar en una ciudad donde 19 barrios, considerados de alta criminalidad, han tenido que ser intervenidos, se reconoce que la drogadicción es un problema serio en las escuelas, el alcoholismo alcanza niveles alarmantes y el dopaje es tal que acaba de informarse que serán sometidos a prueba de detección las membresías de altas estructuras estatales y judiciales.
POLARIZACIÓN MUNDIAL
El carácter político y de complacencia con la clerecía católica de lo que ocurre en el país coincide con el fortalecimiento a escala internacional del debate sobre el aborto, que tiene espacios polares en la Nicaragua y el Portugal de hoy.
La penalización para el aborto, que reintrodujo el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, fue su prenda de negociación con el clero que lo apoyó en sus aspiraciones políticas. Eso, a costa de los derechos de las mujeres.
La otra cara de la moneda se halla en el país lusitano, donde un referéndum que concitó el apoyo del 59.25 por ciento de los y las portugueses ha aprobado este mes la despenalización del aborto dentro de las primeras 10 semanas de gestación.
Portugal tiene alrededor de 10 millones y medio de habitantes, de los cuales alrededor de 4.5 por ciento son mujeres en edad reproductiva. Se practican allí unos 40 mil abortos anuales. República Dominicana tiene algo más de ocho y medio millones, con una proporción aproximada de mujeres fértiles de 3.9 y se realizan 100 mil abortos cada año.
Sólo en un hospital de la provincia La Romana, 278 mujeres fueron atendidas en el último año por «complicaciones del embarazo», el 30 por ciento de las cuales eran adolescentes. La Romana es una provincia de buen desenvolvimiento económico, por altos índices de recepción de turistas, y se ubica a dos horas largas por carretera desde la capital.
ACCIONES Y REACCIONES
A pesar de lo inusual, puesto que nadie ignora en el país que el aborto se realiza profusamente, nunca antes había habido una acción policíaca ni judicial contra eso.
Una complicidad tácita, probatoria de niveles de permisividad razonables, ha provocado que todos se hiciesen de la vista gorda, si bien desde el clero han sido más o menos frecuentes los ataques y las declaraciones excesivas hacia las mujeres y una parte de las organizaciones que las apoyan.
En un programa de televisión, la socióloga feminista Magaly Pineda y el sacerdote católico Gregorio Alegría sostuvieron un debate bien informado en el cual el prelado reiteró la posición conocida, afirmativa de que sí hay vida en el cigoto y que la Iglesia se pronuncia siempre por la preservación de la vida.
La directora ejecutiva del Centro de Investigaciones para la Acción Femenina expresó respeto por las opiniones de Alegría, pero objetó que haya alguna posibilidad viable para un feto desde la concepción; que no la hay sino hasta avanzado el embarazo; y que las Iglesias pueden inculcar sus creencias a sus fieles, pero no tienen el derecho de constituirse en la conciencia de la sociedad y pretender imponerlas a toda la ciudadanía femenina.
Pineda recordó la posición de la Iglesia, que calificó de absurda, al querer prohibir el uso del condón con los altísimos índices de Sida y de embarazos indeseados que ello provoca en este país, a lo cual el cura respondió por vía de recordar que la Iglesia recomienda la abstinencia. Aún la conductora del programa reconoció que esa recomendación se halla desfasada en el tiempo y de la realidad que viven las parejas.
El debate mencionado de varios modos reproduce las posiciones emitidas por cinco organizaciones de mujeres: la Colectiva Mujer y Salud, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, el Centro de Apoyo Aquelarre, EL Centro de Investigaciones para la Acción Femenina y la Red de Salud de las Mujeres.
Una declaración entregada a SEMlac refiere que apenas fueron clausuradas las clínicas y detenidas las personas. Se recalca, además, que esta fue una decisión política en tiempos de campaña preelectoral, cuando los partidos, principalmente los tres mayoritarios, deben escoger candidato a la presidencia de la República y manifestar fidelidad incondicional al Concordato, un acuerdo suscrito en 1954, que condiciona al Estado Dominicano con la Iglesia católica y le ofrece a ésta numerosas ventajas.
República Dominicana desarrolla ahora un proceso importante para modificar la Constitución. El Foro de Mujeres ha reclamado que en el nuevo texto se despenalice al aborto en caso de violación, malformaciones o peligro de vida para la madre. Esa posibilidad se ve como poco factible por las adversas correlaciones de fuerzas.
Otro pedido de algunas fuerzas femeninas es el reclamo de laicismo para el Estado, que debería ser separado de toda religión.
UN TEMA TABÚ
A niveles de base persisten criterios encontrados. Pero el tabú tiene dos vertientes y se menciona en voz más baja, según la posición del opinante: quienes condenan el aborto hablan más abiertamente. Las y los demás, sobre todo mujeres, lo hacen quedito.
En la capital dominicana funciona un servicio importante: el Centro Bonó para Refugiados y Migrantes. Allí labora, en la defensa de derechos humanos, un ex seminarista, Jean Beltré, quien reconoce sin ambages que es únicamente la mujer quien debe decidir sobre este asunto.
Pero su colega Carlos López, religioso en el pasado y ahora responsable de logística, considera que sólo si peligra la vida de la madre él lo aprobaría.
Contrastan esos criterios de varones dados a SEMlac con los ofrecidos por Altagracia Rodríguez, una abuela de dos nietos que rechaza por entero el aborto: «si una mujer no quiere muchachos que los evite. Porque luego los hombres las incitan: «aquí están los cuartos (dinero), ve a sacártelo». Yo me vi en esa situación cuando me embaracé de mi hija, que ya no quería seguir con mi marido. Pero decidí que la pariría aunque me llevara el diablo (una expresión muy común acá)».
Una universitaria treintañera, Esmirna Alburquerque, coincide en lo esencial. Si se le coloca en la disyuntiva de que se tratase de un embarazo por violación, su idea es que la mujer «vaya a un psicólogo para que la ayude a aceptar ese hijo. Cada mujer sabe los riesgos que corre cuando tiene relaciones y el niño no tiene la culpa. Ella debe parirlo».
Desde el Concilio Ecuménico de Trento en 1595, pasando por San Agustín y Santo Tomás ?que reconocieron que no había hominización (evolución humana) en los primeros momentos y que el feto tomaba alma sensible sólo más tarde?, la discusión se ensancha. En el siglo XIX se perdió la distinción entre el feto formado y el cigoto, y la Iglesia condenó la decisión de las mujeres.
Una dirigenta campesina consultada por SEMlac, Milagros Isabel, reaccionó contundente ante las reflexiones: «las mujeres podemos ganar que se nos respete, así como conseguimos que se aprobara la Ley de Reforma Agraria o contra la Violencia Intrafamiliar. Eso sí: hay que luchar».
07/MRC/GG/CV
