La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negoció con los habitantes de Barranca Bejuco el retiro de sus efectivos en la zona de la Montaña de Guerrero, para acallar protestas, tras la violación a una joven indígena perpetrada por ocho militares, el pasado 16 de febrero.
Los efectivos del 41 Batallón de Infantería, con sede en Chilpancingo, se retiraron de Caxitepec, comunidad aledaña a Barranca Bejuco. «Estuvimos casi un mes» indicó el comandante F. Hernández entrevistado en el campamento, este 3 de marzo por cimacnoticias.
A la orilla del pueblo y de una fuente del río Papagayo, dos militares de ese agrupamiento aseguraron que su misión es luchar contra el narcotráfico, pues dicen que existen abundantes plantíos de amapola en la zona.
Mientras que en el crucero Mexcaltepec-Caxitepec, a hora y media de Ayutla por camino de terracería, un soldado, quien dijo estar a cargo del retén, admitió, el mismo domingo, tener noticias sobre la violación a una pobladora de Barranca Bejuco.
Amable pero temeroso, el soldado a cargo indicó que sus superiores les habían advertido sobre esa denuncia de violación, por lo que tendrían que estar alertas a la respuesta de la comunidad.
El oficial del Batallón 41 refirió también que el grupo a su cargo había llegado apenas el 1° de marzo al lugar, con la consigna de hacer cumplir la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como la lucha contra las drogas. Sin embargo, por la mañana otro soldado del mismo retén dijo que llegaron 20 días atrás.
En otro punto militar, el sargento segundo Andrés Sosa Zepeta y el subteniente Emilio Legorreta confirmaron que su presencia se debía al combate al tráfico de drogas y de armas, pero que en seis meses no encontraron nada.
Esas declaraciones de los militares contradicen al comunicado de la Sedena, del 7 de marzo, en donde desmiente la denuncia de Valentina Rosendo, la joven violada de 17 años, ya que indica que en ese fecha no se realizó ninguna operación en las cercanías.
Contradice también los dichos de 78 habitantes que habitan en Barranca Bejuco, quienes expresaron su temor de ser víctimas de represalias por parte de los soldados, quienes señalaron a 11 jóvenes del lugar como presuntos guerrilleros. Asimismo temen por la integridad física de Valentina, su esposo y su hijo de tres meses.
LA HISTORIA
El 16 de febrero del 2002, mientras Valentina lavaba su ropa en el arroyo a 200 metros de su casa, un grupo de militares la sorprendió. «¿En dónde están los encapuchados?», le gritaron y le leyeron una lista con 11 nombres, todos miembros de su comunidad. La golpearon, se desmayó unos minutos. Luego, dos soldados la violaron.
La indígena, de ojos grandes y con un metro y medio de estatura, confirmó los hechos a cimacnoticias, por medio de una traductora, vecina de ella, porque ella entiende, pero no habla español.
Durante una asamblea comunitaria, las mujeres, alzando la voz y mezclando el español y el me’epa, lengua local, dijeron temer a los soldados.
María Morales externó que desde que los soldados agredieron a su vecina, ellas ya no salen y procuran no quedarse solas.
«Queremos que se vayan porque espantan a todos los niños. Llegan con su armas y ellos quieren correr. No hablan español», enfatizan las pobladoras.
«Nosotros queremos un gobierno que nos apoye, no queremos violación, gente que nos espante y nos deje como una gente ignorante», externó Joaquín Sierra.
En tanto, que el maestro de la comunidad Eloy Rea Vicario dijo: «Los los niños y niñas que viven más lejos, por miedo, han dejado de ir a la escuela».
Las mujeres niegan darles servicios a los soldados, como son alimentación o lavado de ropa, como ocurre en otras comunidades y donde las pobladoras, dicen los militares, se prostituyen.
Comentarios similares de la comunidad recibieron un jefe militar del Batallón 41 y un agente del Ministerio Público Militar, Cesar Alejandro Rivera Camacho, quienes el 7 de marzo, visitaron la el poblado para investigar la denuncia.
Finalmente, publicó el diario El Sur de Acapulco, se comprometieron a investigar, a localizar a los ocho soldados agresores y a sacar a las tropas de la cercanía del pueblo.
Redactaron una acta y pidieron la firma de la agraviada. También prometieron regresar con una copia.
La violación a Valentina Rosendo sería el cuarto caso cometido por soldados contra mujeres indígenas en zonas donde se buscan movimientos armados y donde la Sedena –violentando las leyes nacionales y los derechos humanos– se niega a entregar el caso a la justicia civil.
Así ocurrió con las tres hermanas tzeltales secuestradas y violadas por un grupo de soldados el 8 de junio de 1994, en un retén militar en el municipio de Altamirano, Chiapas, mientras trataban de hacerlas confesar su filiación zapatista. Ocho años después, esperan el castigo a los culpables, a pesar de que el caso está en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
O podría ser un caso más donde las agraviadas, ante la presión de la Sedena, deciden retirar su denuncia como ocurrió con las mixtecas Francisca Evarista Santos Pablo y Victoriana Vázquez Sánchez, quienes el 21 de abril de 1999 fueron agredidas en Barrio Nuevo de San José, también en la zona de la Montaña.
Valentina Rosendo Cantú y su esposo Fidel Bernardino Sierra anunciaron este 8 de marzo, por medio de una misiva, que mantendrán su demanda de justicia contra los soldados del Ejército Mexicano, por el ataque y la violación de la cual ella fue objeto.
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