La trata de personas mueve en la frontera un millonario negocio. Mujeres y niñas paraguayas son ingresadas al país mediante engaños y las obligan a trabajar como prostitutas. Integrantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseguran que en Puerto Iguazú hay turismo sexual. Muchas de las jóvenes rescatadas «ingresaron ilegalmente por pasos habilitados».
María, que bien habría podido llamarse Alejandra o Claudia, todavía sentía en el cuerpo los desgarradores dolores que le habían quedado como consecuencia de haber sido obligada a atender 18 «pases» durante la noche anterior a la del allanamiento. Había pasado casi un mes desde que la joven de 16 años llegó a Buenos Aires desde su Paraguay natal con la promesa de un trabajo digno, pero terminó en un sórdido prostíbulo.
Este caso sólo fue uno más de los que se hablaba, entre pasteles y café, durante el primer descanso de la jornada del Programa de Actualización para la Lucha contra la Trata de Personas que se realizó en el Centro Provincial de Convenciones y Eventos, informó el portal Misiones On Line.
«La provincia de Misiones es una de las rutas que se utilizan para la trata de personas; en los pasos fronterizos el control es escaso», explicó Mercedes Assorati, integrante de la OIM y coordinadora del proyecto de Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Trata de Personas en Argentina.
Un reciente estudio de la OIM indica que 62 por ciento de los casos de trata de personas registrados en Paraguay tuvo como destino la Argentina. Según Assorati, «la situación de los pasos fronterizos es grave» y muchas de las personas rescatadas «ingresaron ilegalmente por pasos habilitados».
SOLO LO QUE SE VE
La trata con fines de explotación sexual y pornografía representa 90 por ciento de los casos que fueron denunciados en el país. No debe olvidarse que este flagelo es el tercer negocio más redituable del mundo, detrás del tráfico de drogas y el de armas.
Según se revela en un informe de la OIM, unas 259 mujeres de origen paraguayo cayeron en manos de redes de trata de blancas de Argentina; al menos 90 eran menores de edad. En el consulado de Paraguay en Posadas habría más de 100 denuncias realizadas por padres de mujeres desaparecidas.
RESCATANDO CHICAS
«Acá en la terminal vas y ves a Lucho. Le pagas unas monedas y pasas con Lucho por la frontera sin problemas. Acá hay pasadores que saben todo». No lo dijo un atento agente de la Dirección Nacional de Migraciones que revisa hasta el más mínimo detalle de los documentos y pasaportes de los que pasan por el puente San Roque González, que une Encarnación con Posadas; tampoco lo esbozó un oficial de Gendarmería, ni de la policía. No fue un fiscal del fuero federal de Misiones. Las líneas entre comillas pertenecen a lo que textualmente dijo el instructor judicial de la Fiscalía General de San Martín, provincia de Buenos Aires, Daniel Rama.
El fiscal prácticamente se especializó en investigación de casos de trata de blancas. Fue Rama quien rescató a muchas jóvenes paraguayas de las garras de los proxenetas que las explotaban, y e incluso allanó comisarías vinculadas con diferentes prostíbulos.
Durante la jornada auspiciada por la OIM, el fiscal dio una clase magistral sobre la forma de operar de quienes se dedican a la explotación sexual de mujeres. «Les retienen los documentos y después los usan para pasar a otros, o los venden. Quién se va a dar cuenta», detalló.
TURISMO SEXUAL
A quienes siguen de cerca el tema y conocen los submundos de la Triple Frontera no les llama la atención cuando se habla del turismo sexual en la región de las paradisíacas cataratas. Pero el tema vuelve a la palestra cada vez que sale un nuevo informe de organismos internacionales o cuando se realizan jornadas como las de ayer.
«En la Triple Frontera hay toda una organización alrededor de la trata de personas. Es una zona muy amenazada. Hay excursiones sexuales, hoteles que trabajan con turistas en Foz de Iguazú… sí, también en Puerto Iguazú, del lado argentino», aseguró Assorati a Misiones On Line. La funcionaria de la OIM afirmó que la situación en la región es tan grave que el organismo internacional aprobó un proyecto de asistencia a las víctimas, mismo que entrará en vigor a partir del año próximo.
Un trabajo que estaba realizando la OIM en la Triple Frontera terminó frustrado cuando dos de sus integrantes tuvieron que volver a España después de haber sido amenazadas de muerte por grupos mafiosos de la zona. «Regresaron por las amenazas», soltó Assorati con cierta frustración.
A principios de noviembre pasado, Misiones On Line mantuvo un diálogo telefónico con una de las encargadas de llevar a cabo en Puerto Iguazú un programa financiado por la OIT -mediante la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti)- denominado Luz de Infancia. La fuente había señalado, entre otras cosas, que en algunos lugares de la ciudad «las chicas se prostituyen hasta por una bolsa de cinco kilos de harina».
También contó que había entrado en contacto con 18 casos de explotación sexual infantil o prostitución de menores. La mayoría de las situaciones llegó a la oficina mediante denuncias anónimas. «Hasta ahora no podemos hablar de una organización, y no porque no sepamos que las haya, sino porque no hemos podido cerrar el círculo», señaló.
Diez meses después de aquella entrevista, la responsable del programa Luz de Infancia estaba amenazada de muerte por el trabajo que se realizó. «Lo que yo sé es que la amenazaron, hay denuncias. Habla con el Ministerio del Trabajo en Buenos Aires y te van a dar más información sobre lo que pasó», afirmó Assorati.
Según un muestreo realizado por la OIT a fines del 2003, en la Triple Frontera cerca de 3 mil 500 chicos menores de 18 años son explotados sexualmente.
Era la madre la que obligaba a su hija a prostituirse en la ciudad de Foz de Iguazú. El trayecto que hacía con la chica de 15 años era siempre el mismo: desde Puerto Iguazú cruzaban el puente internacional Tancredo Neves en una camioneta o en taxi. En muchas oportunidades la joven era trasladada junto con una amiga de la misma edad.
AUSENCIA DEL ESTADO
Argentina ratificó en el 2002, mediante la Ley 25.632, la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado y el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir, y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
Pero, a pesar del compromiso internacional asumido por el país, aún no se ha tipificado este delito. Tampoco se puso en funcionamiento un plan nacional de acción para la lucha contra este terrible flagelo.
Según el Protocolo de Palermo que no cumple el gobierno nacional, el plan debería incluir la prevención de la trata, la asistencia a las víctimas, herramientas para investigar las causas y el procesamiento de los imputados, así como capacitación y difusión.
Salvo algunos esfuerzos aislados, la situación institucional y legal en relación con la trata de personas no se ha modificado sustancialmente desde la ratificación de la convención.
*Periodista argentino
05/FO/YT
