La violencia contra las mujeres surgió como asunto de interés público en los años setenta, debido a la lucha iniciada por el movimiento feminista y el amplio de mujeres, con lo que empezó un debate nunca antes realizado en el mundo.
Así, de 1975 a 1985, en la llamada década de las Naciones Unidas para la Mujer, la violencia fue reconocida como una prioridad. Tuvieron lugar tres conferencias mundiales con el tema de la mujer: México (1975), Copenhague (1980) y Nairobi (1985). Es en esta última cuando la ONU aprobó la primera resolución sobre violencia contra las mujeres.
Uno de los hitos más importantes fue la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993, donde se reconoció la violencia contra la mujer en la esfera privada como una violación de los derechos humanos.
Ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en tanto que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoció a la violencia familiar como un problema de salud pública, ya que es uno de los ámbitos en el que las mujeres la sufren constantemente.
VIOLENCIA EN LO PRIVADO
La violencia familiar es la manifestación del abuso del poder y es consecuencia de la desigualdad de género y de la dependencia de las y los niños a los adultos, señala un documento del Programa Nacional Contra la Violencia Intrafamiliar (Pronavi), fenómeno que se da en cualquier nivel económico dentro del medio urbano y rural.
Generalmente, no es un fenómeno que sea denunciado ni se haga público. En México aún no contamos con mecanismos que den una radiografía clara sobre su magnitud. Sin embargo, los pocos datos emitidos por instituciones dedicadas a ayudar a víctimas de violencia familiar ponen en evidencia que es un fenómeno muy expandido.
Como consecuencia, este tipo de violencia pone en riesgo la vida, la salud e integridad de las víctimas, especialmente daña su salud física y psicológica, además de que destruye las posibilidades de desarrollo pleno de las y los niños, explica el documento.
Afecta, además, la capacidad productiva de las mujeres y es generadora de violencia social e incluso propicia una cultura de la impunidad.
AVANCES EN EL DISTRITO FEDERAL
Como resultado de la magnitud que implica este problema de salud pública en México, desde 1977 y hasta la fecha se han venido elaborando instrumentos jurídicos y de política pública que ayuden a combatir este fenómeno.
En 1989, el Código Penal del Distrito Federal fue reformado en materia de delitos sexuales: por primera vez el delito de hostigamiento sexual fue tipificado, únicamente cuando ocurre de un superior a una subordinada, y sancionando con 40 días de salario mínimo o cese del cargo cuando se trata de un servidor público.
Ese año, en el DF 19 mujeres fueron violadas, golpeadas, amenazadas y brutalmente ultrajadas por agentes federales -miembros de la escolta de Javier Coello Trejo funcionario de la PGR– que operaban en la zona sur de la Ciudad de México, hecho que se convirtió en el precedente para que el poder legislativo orientara su atención a la violencia de género.
De acuerdo con el folleto Policías Violadores, de la periodista Sara Lovera López, estas mujeres fueron atendidas en su momento por la coordinación del programa de Agencias Especializadas en Delitos Sexuales y el Centro de Terapia y apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, establecido ex profeso para atender víctimas de este tipo de delitos.
Ambas instancias habían sido creadas en 1989.
Las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales surgieron luego de que integrantes del Movimiento Nacional de Mujeres informaran al Procurador General de Justicia del Distrito Federal -Ignacio Morales Lechuga– sobre el maltrato, la negligencia y la insensibilidad que sufrían las víctimas de delitos sexuales por parte de los agentes del Ministerio Público, según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Asimismo le hicieron ver la necesidad de contar con un espacio apropiado y que estuviera integrado por personal preferentemente femenino, con el fin de proporcionar una atención sensible y profesional a los denunciantes y a las víctimas.
Así, el Procurador designó cuatro agentes especiales del Ministerio Público del sexo femenino para atender de manera exclusiva los delitos sexuales de violación, señaló la CDHDF.
Según la Comisión, algunos de los lineamientos que deben seguir las agencias son: el personal que las integra tiene que ser especializado y preferentemente mujeres y las víctimas pueden estar asistidas por una trabajadora social o por persona de su confianza.
Un año después, en 1990, las sanciones para delitos sexuales aumentaron a ocho años de cárcel para evitar salir con fianza, además de que se crearon nuevos tipos de violación: anal, oral y por instrumentos. Se eliminó también del Código los textos que mencionan que la víctima tiene que ser casta y honesta.
Entre 1996 y 1998 se hicieron otras modificaciones. Se aprobó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federa (ALDF) la primera ley sobre violencia familiar.
En ella no se tipifica la violencia en la familia como hecho delictivo (esto sucedió hasta 1997). El Poder Ejecutivo Federal propuso nuevas modificaciones al Código Penal del DF en las que fue tipificada la violación en el matrimonio y se incluyó a la violencia familiar dentro del Código Civil Federal como causal de divorcio necesario.
Para el 2002, se agregó al Código Penal del DF el Artículo 200, el cual prohíbe al agresor residir en el mismo lugar donde se perpetraron los hechos violentos y se especifica la sanción de 30 a cuarenta días de multa para funcionarios que no ejerciten esta ley.
Este mismo año, explica el documento, se modificaron las sanciones al hostigamiento sexual, a la violación, el estupro y al incesto y se anexó como disposición general la reparación del daño a madres e hijos, la cual consistente en el pago de alimentos en los términos que fije la legislación civil.
FEMINICIDIO
Las mujeres son mayormente violentadas dentro de su propio hogar y a manos de su pareja o cónyuge, según la encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (CRIM-UNAM).
Dice la encuesta que de 34 mil 184 mujeres entrevistadas, el 44 por ciento sufrieron uno o varios tipos de violencia. Esto implica que sólo 56 por ciento se libra de este mal.
Esta prevalencia se debe, según la encuesta, a que muchas mujeres son educadas en la creencia de que su valor se vincula con el de los hombres que hay en sus vidas, lo que las hace verse reducidas al aislamiento si no los complacen y las hace vincular su autoestima a su capacidad de ofrecer satisfacción a los demás.
La violencia de género llega así al feminicidio: entre 1999 y 2005 fueron asesinadas más de 6 mil mujeres y niñas, es decir tres cada día, tan sólo contando lo ocurrido en 10 entidades del país.
Y el 34 por ciento de los agresores fueron sus parejas o tenía algún vínculo con el agresor.
El feminicidio, que comenzó a visibilizarse en Ciudad Juárez y ocurre en todo el país, es muestra de que el Estado no otorga garantías a las mujeres ni crea condiciones de seguridad para su vida, por eso el feminicidio es un crimen de Estado.
En la mayoría de los casos de feminicidio los crímenes quedan impunes, aunque se denuncien. Los expedientes son mal construidos, las denuncias apresuradas o incompletas y de los detalles del hecho sólo se sabe por las crónicas de prensa, como en el caso de Ciudad Juárez, donde los periodistas fueron los únicos que dejaron testimonio de lo que sucede en este lugar.
Por ello en 1994 se creó la Comisión Especial del Feminicidio, cuyo objetivo central fue que el Congreso asumiera la gravedad del fenómeno y lo tomara como un asunto de seguridad nacional. Dicha Comisión fue precedida por la entonces diputada y feminista Marcela Lagarde.
La Comisión especial planteó la necesidad de crear la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País y trabajó en acciones legislativas, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual fue aprobada en 2006 por la cámara baja y de senadores.
Esta Ley, a decir de Marcela Lagarde, su principal impulsora, está basada en los principios de igualdad, libertad y seguridad, armoniza convenios internacionales, como la Convención de Belem Do Pará, y tiene como principal objetivo la reforma del Estado mexicano y la inclusión del tema de género en toda la esfera pública.
La normativa incluye las definiciones de feminicidio, así como de violencia patrimonial, económica e institucional. Hace énfasis en los ámbitos en donde posiblemente podrían ser violentadas las mujeres mexicanas, como la familia, el lugar de trabajo, de estudio y las comunidades.
La nueva Ley incluye la regulación de un sistema de alerta que tiene como principal fin detectar los lugares más sensibles a la violencia, activar una alarma y coordinar acciones entre los sectores para erradicar inmediatamente las violaciones a los derechos de las mujeres.
07/HVR/GG/CV
