La historia de las mujeres es una crónica de discriminación, violencia y muerte, sostuvo Norma Reyes Terán, titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), quien añadió que la violencia contra las mujeres debe despojarse del mito de que es sólo un asunto cultural.
La funcionaria reiteró que esa exclusión tiene que ver con una decisión política que se convirtió en cultural; «por ello sostengo que, si fue una decisión política la exclusión de las mujeres, tiene que haber una decisión política para empezar a transformar eso que la sociedad indebidamente piensa que es un asunto cultural».
Reyes Terán señaló que cuando se sostiene esa «teoría», pareciera que quienes ejercen acciones de autoridad deben esperar que la cultura por sí sola cambie, pero habría que reconocer que la cultura no es estática.
«Tenemos ejemplos de que el Estado, por vocación, ha legislado para cambiar actitudes y valores; no entiendo por qué no se legisla para transformar esos valores en otros nuevos, acordes a la realidad que tenemos», añadió en entrevista.
También sostuvo que es necesario investigar con precisión la violencia contra las mujeres, quienes han estado confinadas al ámbito privado y por ello no denuncian la violencia que sufren, y que «mientras las metodologías se sigan construyendo desde los prejuicios, vamos a tener información sesgada».
Tras reiterar que no podía dar datos sobre la violencia que sufren las mujeres en la entidad, recordó que ésta se da no sólo en los ámbitos domésticos, sino también en otros espacios como las dependencias públicas, y que también existe la violencia de carácter económico o de tipo sexual. Agregó que no coincide con quienes afirman que se ejerce violencia contra los hombres, pues se trata de condiciones diferentes que tienen que ver con la relación de poder.
Cuestionada sobre la violencia institucional que siguen denunciando las mujeres en Oaxaca, indicó que ha sido un reto desnaturalizar la violencia dentro del gobierno, porque el machismo no escapa ni a las mujeres ni a los hombres.
En ese sentido, anunció que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz dará a conocer este fin de mes una nueva política de prevención sustentada en bases jurídicas. «Vamos a sentarnos con los jurídicos de las dependencias del gobierno del estado para intentar una nueva ley o reformar la actual para que se supere lo que el marco legal no nos permite superar ahora», dijo.
Recalcó que además de voluntad política se requiere también de recursos financieros, y recordó que no hay una partida presupuestal que alcance. Indicó que el gobierno federal debe entender las dimensiones de esta problemática, pues ningún esfuerzo estatal alcanzará si no se cuenta con aportaciones específicas del ramo 33.
Es patético y preocupante -agregó- que todavía se destinen más recursos a la seguridad pública, al otorgarle más de 10 mil millones de pesos, y sólo 100 millones de pesos a la violencia contra las mujeres, porque se ha demostrado que la violencia doméstica es una fábrica de delincuentes en la cual las niñas y los niños aprenden a resolver los conflictos a través de la violencia que luego se refleja en las calles y, por tanto, no se podrá abatir la inseguridad pública: será dinero perdido.
05/SJ/YT