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Laberinto de injusticias para madres de migrantes desaparecidos

Por Guadalupe Cruz Jaimes

En un trance que parece no tener fin, con el dolor y la angustia de no saber qué les pasó a sus seres queridos, mujeres mexicanas y centroamericanas recorren el país en busca de respuestas y justicia por parte de las autoridades.

Son las madres y esposas de migrantes que fueron secuestrados por grupos criminales en su camino hacia EU. Son las que además de la zozobra, padecen el laberinto burocrático de funcionarios judiciales y de migración que no se hacen responsables del paradero de sus familiares.

La directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo, dice que ellas son las “víctimas indirectas” de la violencia en contra de las personas migrantes en México.

Son las que se convierten en el sostén económico de sus hogares y encabezan la búsqueda de sus familiares, pese al riesgo que implica indagar delitos del crimen organizado en colusión con autoridades policiacas y migratorias.

CAMPO MINADO

De acuerdo con la CNDH, en promedio cada mes mil 600 migrantes son secuestrados en México. En su búsqueda de los desaparecidos, las mujeres acuden con todas las autoridades, pero su reclamo es ignorado, acusa Delgadillo en entrevista. La también abogada detalla que junto con comités de madres y familiares centroamericanos, ha documentado la desaparición de migrantes en México desde abril pasado.

–¿Cuál es el papel de las madres y esposas de personas migrantes desaparecidas, en la búsqueda de sus familiares?
–Las centroamericanas, como las mexicanas, enfrentan las mismas dificultades, sólo que las de Centroamérica (CA) no tienen documentos migratorios y les resulta más costoso desplazarse desde sus países de origen. La constante es que sus hijas, hijos o esposos migraron por necesidad, viven en condiciones de pobreza, en las que la única alternativa es migrar porque no hay trabajo en sus comunidades.

“Cuando pierden el contacto con sus familiares ellas asumen el rol de proveedoras, y pese a las limitaciones económicas comienzan la búsqueda de respuestas, de justicia ante autoridades absolutamente descoordinadas, ciegas e insensibles a la problemática”, denuncia la activista.

Agrega que ellas deben sortear obstáculos como su escasa formación escolar y capacidad económica. “Una de ellas me decía que no sabía cómo le iba a hacer para ir a la capital, que le dan miedo los carros. Sin embargo se ven obligadas a enfrentar un mundo que para ellas es desconocido y sin ningún tipo de apoyo gubernamental”, precisa.

Delgadillo detalla que la barrera más importante para estas mujeres es el “desinterés” de las autoridades y su “total descoordinación”. Advierte que “no hay claridad sobre cuál es la instancia que se va a encargar de esclarecer las desapariciones de migrantes”.

“Si su familiar salió de Querétaro, las autoridades locales le dicen que vaya al lugar a donde el migrante se comunicó por última vez”, narra la abogada.

VÍA CRUCIS

Para las madres y esposas es muy complicado desplazarse, pues en general la última comunicación entre ellas y los migrantes ocurrió desde estados norteños como Tamaulipas. Por ejemplo, la Fundación para la Justicia tiene documentadas 30 desapariciones de migrantes provenientes del Bajío mexicano en Tamaulipas.

Las madres y esposas que llegan a los estados fronterizos se topan con autoridades estatales que se deslindan de su responsabilidad, lo mismo que la PGR, la cual les dice “que no tiene competencia aunque haya elementos para justificar su intervención, ya que detrás de estos crímenes está la delincuencia organizada”, recalca Delgadillo.

Así, ellas van de “oficina en oficina, buscando a alguien que les dé respuesta y ninguna se las da. Ésa es la realidad de las madres mexicanas y centroamericanas”. Estas últimas “van a sus consulados y a las instancias de procuración de justicia de sus países sin tener éxito”. Otra dificultad es que tampoco hay coordinación entre las autoridades de CA y México.

“El país les cierra las puertas, ni siquiera les dan información, pero esas naciones tampoco han hecho una alianza contundente contra México para exigir que intervenga y defienda a sus connacionales”, subraya.

SIMULACIÓN

–¿A qué se debe la falta de resultados si en México hay instituciones y leyes en la materia?
–México tiene una estructura sobrecargada; es especialista en crear instituciones que no sirven para nada. Ciudad Juárez es un ejemplo claro, es el lugar donde más se ha invertido en fiscalías, instituciones, comisiones, pero las madres y familiares de las víctimas están en total abandono.

–¿Las autoridades se quedan en la simulación?
–El Estado mexicano tiene el interés de dar una buena cara a nivel internacional para no tener tanta presión por lo que está sucediendo. En las audiencias de la Comisión Interamericana o ante la ONU, habla de todas las instituciones y programas que trabaja para defender los derechos de las personas migrantes. Lo que hace es simular.

Al desinterés y ausencia de voluntad política para esclarecer los crímenes se suma la falta de protocolos de investigación para encontrar a las personas desaparecidas y para identificar sus restos en caso de ser asesinadas, observa la abogada.

Concluye que la Fundación para la Justicia, junto con grupos civiles en México y CA, trabaja en el diseño de un mecanismo regional que garantice el acceso a la justicia para las y los migrantes y sus familiares.

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