El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) lamentó a través de un comunicado la decisión del Congreso nicaragüense de ratificar la derogación de la figura del aborto terapéutico en detrimento del derecho a la vida de las mujeres que lo requieren.
En octubre del año 2006, en medio de una disputada campaña electoral, la Asamblea Nacional de Nicaragua derogó la figura del aborto terapéutico. Decisión ratificada por los legisladores el pasado jueves 13 de septiembre en el marco de la aprobación del nuevo Código Penal.
Como consecuencia, las normas que entrarán en vigencia penalizan los diferentes tipos de aborto con prisión que va desde los seis meses hasta los ocho años.
Diversos organismos internacionales ya han emitido pronunciamientos en contra de la decisión del Congreso nicaragüense, dice Cejil, organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que el aborto terapéutico es un servicio de salud especializado y necesario para las mujeres cuya finalidad es salvar la vida de la madre cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo.
En forma contundente, la Relatoría sobre Derechos Humanos de la CIDH sostuvo que la negación de este servicio de salud atenta contra la vida, integridad física y psicológica de las mujeres. Igualmente presenta un obstáculo al trabajo de los profesionales de salud, cuya labor es la de proteger la vida y prestar un tratamiento adecuado a sus pacientes.
Por su parte, en el 2007, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) señaló su preocupación respecto del inadecuado reconocimiento y protección de la salud y los derechos reproductivos de la mujer en Nicaragua, [?] respecto de la alta tasa de mortalidad materna, en especial el número de muertes que se producen a raíz de abortos clandestinos e inseguros [? y] respecto de las recientes medidas adoptadas por el Estado Parte en el sentido de penalizar el aborto terapéutico.
Por ello, el Comité recomendó que el Estado Parte considere la posibilidad de evaluar la norma jurídica sobre el aborto con miras a derogar las disposiciones punitivas que se imponen a la mujer que se realiza un aborto, disponer el acceso a servicios de calidad para el control de las complicaciones que puedan surgir de un aborto realizado en condiciones de inseguridad, y reducir la tasa de mortalidad materna de conformidad con la Recomendación General Nº 24 sobre la mujer y la salud contenida en la Plataforma de Acción de Beijing.
La decisión del Estado de Nicaragua con respecto al aborto terapéutico -indica Cejil– ya se ha traducido en un aumento en el número de muertes de mujeres.
Así, el Ministerio de Salud informó a la prensa nacional que durante el primer trimestre del 2007 se registraron 36 muertes maternas, es decir cinco casos más que el año anterior para ese mismo período, esto sin tomar en cuenta el subregistro.
Para Cejil, la decisión de Nicaragua incumple con sus obligaciones internacionales de respetar los derechos de las personas y hacer garantizar su libre y pleno ejercicio.
La penalización del aborto terapéutico es una nueva manifestación de violencia que afecta a las mujeres. Sin duda alguna, el comportamiento estatal desconoce el derecho de las mujeres a tener una vida digna libre de violencia, concluye Cejil.
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