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Lanza Ipas campaña global por el derecho al aborto

Por la Redacción
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Las leyes punitivas contra el aborto lejos de disminuir su incidencia, derivan en efectos nocivos para la salud de las mujeres, además de violentar sus Derechos Humanos (DH) y los de sus familias, estigmatizan aún más el aborto, y aumentan la posibilidad de que se realice de manera insegura.
 
Ipas –organización internacional que promueve la despenalización de la interrupción del embarazo– lanzó la campaña “El aborto no es un crimen”, a fin de evidenciar que el acceso a un aborto seguro no constituye un delito y que es una atención médica a la que las mujeres tienen derecho.
 
La campaña, que consiste en difundir en redes sociales las consecuencias para las mujeres de las leyes punibles contra el aborto, recuerda que las normas que penalizan el aborto suponen que la amenaza de detención o prisión impedirá que las mujeres interrumpan sus embarazos, pero lejos de cumplir con este objetivo aumentan la posibilidad de que el aborto sea inseguro y por lo tanto ponga en riesgo sus vidas, por lo que recuerda que el “aborto siempre será necesario”.
 
Ipas agrega que las consecuencias de las leyes que prohíben la interrupción de la gestación son mayores en las mujeres de escasos recursos, toda vez que la mayoría de ellas vive en países donde el aborto es un delito, y no cuenta con los montos necesarios que les permitan acceder a un aborto en condiciones más favorables, así como a su atención posterior.
 
Puntualiza que las leyes no deben ser utilizadas para “infundir el miedo, avergonzar o encarcelar a una mujer por decidir interrumpir su embarazo”.
 
La campaña, a la que se puede acceder en www.ipas.org, también consiste en la difusión de un cortometraje en el que se visualiza cómo estas leyes –además de agredir severamente los derechos femeninos– afectan a sus familias, pues existen casos de mujeres que han sido encarceladas y dejan desprotegidos al resto de sus familiares que estaban a su cargo.
 
Previo a esta campaña, Ipas publicó la investigación “Cuando el aborto es un crimen: la amenaza para mujeres vulnerables en América Latina”.
 
Realizado entre 2011 y 2013, el estudio aborda la aplicación de leyes que penalizan el aborto en Bolivia, Brasil y Argentina, así como sus repercusiones en la vida de las mujeres.
 
De acuerdo con el reporte, el poder punitivo del Estado daña la autonomía reproductiva de las mujeres, poniéndolas en riesgo de detención y encarcelamiento, y obliga a las y los profesionales de la salud a tomar decisiones no éticas con respecto a sus pacientes.
 
La investigación reveló que la situación de esos países latinoamericanos es “alarmante”. Por ejemplo, en Bolivia, de 2008 a 2012 se iniciaron 775 investigaciones por denuncias de aborto y la mayoría fueron contra mujeres de escasos recursos.
 
En Brasil, de 2007 a 2011 se registraron 351 denuncias policiacas y muchas mujeres fueron encadenadas a su cama cuando acudieron a  solicitar servicios de salud postaborto, al mismo tiempo que se realizan redadas en clínicas donde ellas acuden a practicarse un aborto.
 
En Argentina, de 1996 a 2008, fueron condenadas 234 personas por el crimen de aborto; 80 por ciento correspondió contra profesionales de la salud que realizaron el procedimiento.
 
Las mujeres que son enjuiciadas por abortos ilegales en estos países –concluye el informe– se enfrentan a fuertes multas, estigmas y condena pública “simplemente por necesitar un servicio básico de salud”. Agrega que lo “más indignante” es que estas leyes discriminan a las mujeres.
 
Ipas recomienda a los gobiernos proteger y defender plenamente los derechos de las mujeres, a través de la eliminación de las sanciones penales contra el aborto, así como educar a los sectores judicial y sanitario sobre los derechos sexuales y reproductivos.
 
También llama a sancionar debidamente a las personas que realizan abortos sin las habilidades necesarias.
 
Asimismo sugiere que se ofrezcan servicios de aborto a todas las mujeres en edad reproductiva cuando esté permitido por la ley, y proteger el derecho a la privacidad y confidencialidad de las mujeres que buscan atención postaborto, para evitar que sean señaladas y estigmatizadas.
 
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