Las cárceles mexicanas han sido escenario, sin control, de corrupción, hacinamiento, drogadicción y mafias entrelazadas entre autoridades e internos, pero también de agresiones graves a los derechos humanos.
Las acusaciones de internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) varonil de El Llano en el municipio de El Llano, Aguascalientes, sobre tortura desde marzo de 2010, por la propia directora del penal María del Socorro Gaspar Rivera, son una evidencia de estos hechos.
Existen imputaciones de internos como los de Manuel Tiberio Bravo de nacionalidad colombiana recluso en el Cereso, quien menciona que la práctica de la tortura se ha convertido en una práctica habitual.
Se acusa que la directora del penal recorre las celdas de los internos entre las 3:00 y 5:00 a.m. y elige a algunos internos al azar para torturarlos, «enfundada en un disfraz negro y con pasamontañas, con un aparato que emite descargas eléctricas, acompañada de algunos custodios.»
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes tiene quejas muy graves como la del interno Tiberio Bravo quien acusa que el pasado 21 de julio fue golpeado fuertemente en diferentes partes del cuerpo, colocándole una bolsa de plástico en la cabeza con la finalidad de asfixiarlo, sufriendo quemaduras en los testículos ocasionadas por descargas eléctricas, posteriormente privado de alimentación, aislado y amenazado de perder la vida si se atrevía a denunciar el hecho.
Existen testimonios de Jaime Roma Saavedra Vélez y John Alexander Rodríguez de nacionalidad colombiana y compañeros de Manuel Tiberio, quienes además han sido víctimas de instigación en razón de su nacionalidad, por lo que han denunciado estos actos, y de igual manera han sido amenazados y hostigados continuamente.
De acuerdo con un escrito de queja presentado por un grupo de internos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, la directora Gaspar Rivera hizo una serie de modificaciones al interior del penal soslayando las normas mínimas de tratamiento a personas en reclusión de acuerdo a los estándares de la Organización de las Naciones Unidas que deben ser acatadas a nivel federal.
Los reclusos son sometidos a tortura psicológica y física. La directora del penal Gaspar Rivera suspendió el derecho de los internos a hacer llamadas telefónicas, prohibiendo el ingreso de abogados defensores particulares bajo el argumento de que personas sentenciadas ya no requieren defensa jurídica.
También se han limitado las visitas familiares; modificado los horarios de visita conyugal; reducido la cantidad y la calidad de los alimentos y restringido el uso de utensilios como vasos, platos y cubiertos.
Son largas las filas de mujeres que semanalmente se agolpan a la entrada del penal Cereso «El Llano» para visitar a sus familiares presos y se encuentran con malos tratos y hasta limitada el número de personas que pueda ingresar.
Los hechos recientes en el centro penitenciario Cereso Dos de Durango de permitir, por parte de la directora Margarita Rojas Rodríguez, la salida de reos para cometer actos criminales es un hecho que evidencia la gravedad de esos centros carcelarios.
Las evidencias encontradas al interior de ese penal de armas usadas en los asesinatos a mansalva de 17 jóvenes en un centro de diversión llamado «Italia Inn» en Torreón, Coahuila, el pasado 18 de julio, confirman la violación de las normas más elementales en esos centros de reclusión.
El crimen organizado, con el consentimiento de muchos servidores públicos, ha logrado envenenar las entrañas de los aparatos de justicia y poco se hace para remediar esta situación.
* Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e integrante del Consejo de CIMAC
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