Un cuestionamiento actual respecto a la participación política de las mujeres en México es la inequidad, así lo demuestra la distancia que hay entre el porcentaje de mexicanas que colaboraron como funcionarias de casilla el pasado 2 de julio –entre el 52.2 por ciento y 59.2 por ciento– y las que llegaron a ocupar un puesto de representación en los diferentes espacios legislativos que no llega al 30 por ciento.
«Las mujeres apoyamos todo el proceso electoral, sin embargo el acceso a los niveles de decisión mantiene barreras de género», se comenta en el recuento Del voto a la participación política plena, elaborado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, de la Cámara de Diputados.
Respecto a los estados, el porcentaje de diputadas en los congresos locales en 2004 era en promedio del 22.3 por ciento y nueve entidades federativas tenían mayor representación femenina que el congreso federal, destacando Quintana Roo con 44 por ciento le siguen Distrito Federal, Campeche, Baja California, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y Tabasco,
No es mejor la situación en la administración pública federal, en la que del 2000 al 2003 aun cuando «las mujeres están presentes en todos los cargos de la administración pública, hay un mayor porcentaje en cargos de menor toma de decisiones y la participación puede variar considerablemente de un periodo a otro», señala.
DEL VOTO A LAS CUOTAS
Desde su inicio, la lucha por el voto femenino en México ?que se logró apenas hace 53 años? también se dio en paralelo con otras reivindicaciones de los derechos de las mujeres, se comenta en el estudio, desde entonces la demanda y la participación femenina se ha ampliado.
Respecto a las cuotas de participación política, puntualiza, la igualdad jurídica no garantiza un trato igualitario (igualdad de facto) por ello «es indispensable promover las medidas especiales para fortalecer la participación de la mujer en puestos de decisión».
El objetivo de tomar estas medidas es equilibrar las desigualdades que enfrentan las mujeres para acceder a cargos políticos y trascender así la simple obligación jurídica formal de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, buscando la igualdad en los resultados.
En ese sentido, el documento subraya el papel de las instituciones que «deben ser reflejo de las sociedad en la que vivimos, donde las mujeres somos la mitad de la población y, por tanto, es de justicia que estemos en los lugares donde se tomen las decisiones que luego como ciudadanas nos afectan».
ALCANZAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA PLENA
El análisis del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género señala que la estrategia más reciente de la política de igualdad entre mujeres y hombres es «la organización (reorganización), mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos».
De tal manera que «una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas».
Por último, retoma la definición del grupo de expertos del Consejo de Europa con cinco elementos claves, entre los que destacan los siguientes.
Un cambio en el concepto de igualdad de género que incluya no solamente igualdad de jure (igualdad jurídica) sino también de facto (trato igualitario), lo cual requiere la adopción de una variedad de estrategias ?desde la igualdad de oportunidades a las acciones positivas? y exige la aplicación de «una perspectiva de género y no un enfoque limitado a los problemas de las mujeres».
La incorporación de las perspectivas de género en la agenda política dominante, lo cual significa abordar los problemas de igualdad de género dentro de las direcciones, las organizaciones y las ideas que crean decisiones sobre política.
La inclusión y la participación de las mujeres en instituciones y procesos de toma de decisiones, esto requiere conseguir la democracia paritaria, es decir, «la igual representación de mujeres y hombres en la toma de decisiones».
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