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Las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza

Por la Redacción

Ante la realidad de que el aborto clandestino e inseguro es sinónimo de mortalidad materna, y en ocasión del Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, el 28 de septiembre, grupos de mujeres organizadas se preparan para exigir “métodos anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir” con el eslogan “Las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza”.

En América Latina, el aborto inducido llega a los cuatro millones al año, de los cuales 800 mil casos requieren de hospitalización por complicaciones posteriores.

Cinco mil mujeres latinoamericanas mueren anualmente por esas complicaciones, cifra que corresponde al 21 por ciento de las muertes maternas a nivel mundial.

Además, en América Latina y el Caribe el promedio de muertes maternas es de 194 mujeres por cada cien mil nacidos vivos es decir la cuarta tasa más alta del mundo, publica hoy el portal Mujereshoy.

Otras estimaciones indican que se registran casi cuatro abortos por cada diez nacidos vivos en Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana, y cerca de seis abortos en Chile por cada diez nacimientos. Los abortos inducidos son más numerosos que los espontáneos en los países de América Latina.

Hay más cifras: Cada año, 46 millones de mujeres de todo el mundo recurren a la interrupción voluntaria de un embarazo. De éstas, el 78 por ciento vive en países en vías de desarrollo y el 22 por ciento en países desarrollados.

El 13 por ciento de las 600 mil muertes anuales de mujeres, relacionadas con embarazos a nivel mundial, son el resultado de abortos inseguros.

La mortalidad por aborto inducido es de 0,2 a 1.2 por cada 100 mil abortos en países donde está permitido. En cambio, en países donde el aborto es penalizado se producen 330 muertes por cada 100 mil abortos, un abismo de diferencia.

Tras la realidad de las cifras, hay mujeres y parejas que han decidido poner término a un embarazo no deseado, decisión siempre difícil de tomar, sobre todo debido a la presión social y a la de las iglesias, especialmente la católica que se opone no sólo al aborto, sino a toda forma moderna de anticoncepción.

El debate sobre el aborto está cada vez más presente en nuestro continente. Médicos, autoridades religiosas, políticos opinan. Pero también lo hacen los grupos de mujeres que llevan adelante, desde hace cerca de una década, una campaña dirigida a sensibilizar a la opinión pública, a las autoridades de salud, a integrantes de los parlamentos, entre otros actores, de la necesidad de despenalizar el aborto.

Los argumentos a favor de la despenalización del aborto

A pesar del peligro que representa, es un hecho que el aborto inseguro sigue siendo un recurso utilizado por millones de mujeres en todo el mundo para terminar con embarazos no deseados.

Los principales argumentos de las organizaciones que abogan por la despenalización legal del aborto es que una legislación más flexible facilitaría el acceso a la práctica del aborto en condiciones sanitarias adecuadas, se evitarían miles de muertes maternas y se eliminaría su práctica clandestina.

Otra razón de peso es que el embarazo no deseado y el aborto inducido son graves problemas de salud pública, puesto que afectan a amplios sectores de la población; acarrean graves consecuencias para la salud; su atención consume importantes recursos estatales; y porque ambos problemas afectan sobre todo a las mujeres más vulnerables: adolescentes, mujeres pobres y aquellas que no tienen acceso a información oportuna y de calidad.

De acuerdo a la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing, 1995, “los abortos realizados en condiciones de riesgo ponen en peligro la vida de muchas mujeres, lo cual representa un problema de salud pública grave.

La mayoría de estas muertes, los problemas de salud y las lesiones podrían prevenirse mediante un mayor y mejor acceso a servicios adecuados de atención en salud, incluyendo métodos seguros y efectivos de planificación familiar y atención obstétrica de urgencia.”

En el mismo sentido, la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) señalaba que “el propósito de los programas de planificación familiar debe permitir a las personas decidir libremente el número y el espaciado de sus hijos y obtener los medios necesarios para hacerlo”.

Con la campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, las organizaciones que participan en ella quieren lograr que la sociedad y, en especial, quienes toman las decisiones políticas tomen conciencia de que la penalización del aborto condena a las mujeres que tienen mayores dificultades para ejercer sus derechos a poner en riesgo sus vidas (por su falta de acceso a educación, información, atención de salud, recursos económicos o institucionales).

También argumentan que la prohibición del aborto es parte de las prácticas que tratan de controlar la sexualidad de las personas. “Quienes penalizan el aborto consideran que el ejercicio de la sexualidad es sólo para la reproducción”. Esto es particularmente cierto en América Latina y el Caribe, donde la influencia de la iglesia católica es todavía muy fuerte.

Por ello, las organizaciones aducen que la clase política en nuestra región está fuertemente influida por las iglesias, particularmente por la católica que no sólo sanciona el aborto sino toda forma moderna de control de la natalidad.

La campaña está integrada por mujeres organizadas de 21 países y por siete redes regionales. En cada uno de los países se han realizado diversas acciones de sensibilización y educación, generación de información, trabajo con quienes toman decisiones políticas, construcción de grupos de acción y otras estrategias.

La campaña pide a las mujeres que exijan, en cada uno de sus países, la más amplia información y educación sobre sexualidad y que difundan las consecuencias del aborto inseguro en la vida de las mujeres.

También sugiere al movimiento de mujeres establecer contactos y alianzas con los gremios médicos, jurídicos y otros para realizar campañas informativas y educativas a favor de políticas y leyes que garanticen el derecho a decidir de las personas de cuantos hijos se quiere tener, en qué momento de sus vidas, y a la atención humanizada del aborto.

2004/LR/SM

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