Desde el año 2001, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó la Carta Democrática Interamericana, documento que representa el compromiso renovado de los Estados miembros de fortalecer y consolidar la democracia en América. Cabe destacar que la Carta estipula, en su artículo 28, que uno de los elementos fundamentales para la promoción y ejercicio de la cultura democrática es la participación plena e igualitaria de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos países.
La Unión Interparlamentaria declaró en 1992, en su resolución sobre Mujeres y poder político, que: «El concepto de la democracia solo asumirá su verdadero y dinámico significado cuando las políticas y la legislación nacional sean decididas conjuntamente por hombres y mujeres, tomando en cuenta, de manera equitativa, los intereses y las aptitudes de ambos sectores de la población».
Sin embargo, la representación femenina en las instituciones democráticas aún no ha alcanzado esta paridad en el hemisferio.Por ejemplo, la representación en los congresos nacionales de las regiones con la más alta representación de la mujer llega a 18.6 por ciento. Esta cifra sitúa a nuestra región como una de las más altas en los parlamentos del mundo, superada solamente por los países nórdicos.
Pero lo esencial no es el aspecto cuantitativo de su participación en la política, sino el impacto y el poder real que las mujeres puedan tener. Igualmente preocupante es el continuo descenso, en muchos países, de la participación electoral de las mujeres en las zonas rurales.
Un estudio del Diálogo Interamericano en el 2000 señala que la afiliación de mujeres en los partidos políticos de América Latina oscila entre el 30 y 40 por ciento; según una evaluación del 2001 de ese organismo indica, sus intervenciones en los rangos de toma de decisiones son de tipo piramidal, es decir, van disminuyendo conforme se acercan al punto más alto.
A pesar de todo, el interés en cuanto a la participación de la mujer en los partidos políticos se ha incrementado, como lo reflejan los sistemas de cuotas y los sectores partidistas femeninos. Aunque falta mucho por hacer, no se pueden ignorar los avances.
Vemos la necesidad de hacer estudios para identificar barreras concretas que obstaculizan o limitan la participación de la mujer en la política. Los medios también deben ayudar a eliminar los estereotipos de hombres y las mujeres mediante campañas de concientización que subrayen la diversidad de mujeres en las sociedades y su verdadera contribución al desarrollo. Su plena participación en los procesos políticos fortalece la capacidad de los países de crecer, reducir la pobreza, gobernar con equidad y afianzar la seguridad humana.
El sistema de género tiene raíces estructurales, como la división del trabajo, e institucionales, como las normas y reglas que guían la distribución de recursos y oportunidades. Este orden, hasta ahora, ha hecho posible que los hombres movilicen una gama mayor de recursos, autoridad, reconocimiento, experiencias y relaciones en distintos terrenos.
En este sentido, parte del poder que se ejerce sobre las mujeres está en la capacidad de construir reglas de juego que disfrazan las operaciones de poder y construyen la ilusión de consenso y complementariedad.
En efecto, las mujeres siguen enfrentando problemas para acceder a posiciones de liderazgo institucional, político y de autoridad pública; las pocas mujeres en altos niveles de decisión a veces no están dispuestas a desafiar la práctica dominante, lo que explica que no se traduzcan los intereses del conjunto de mujeres y que su avance se perciba a un ritmo lento.
Asimismo, cuando las políticas consideran a la familia como un todo homogéneo y delegan en ella la responsabilidad de atención de problemas sociales asumidos antes por el Estado, como el cuidado de personas mayores, enfermas o con discapacidad, no sólo se corre el riesgo de profundizar la tradicional división sexual del trabajo, sino también de frenar los procesos de individuación de las mujeres que les permiten constituirse como sujeto social y colectivo.
En este sentido, la igualdad de género va mucho más allá de la igualdad de oportunidades y exige la participación de las mujeres en los procesos de trasformación de las reglas básicas, las jerarquías y las prácticas de las instituciones públicas. Si las mujeres no están en los espacios donde se debate y se construyen las bases de una nueva gobernabilidad, no es seguro que las instituciones públicas den cabida a sus diferentes necesidades y valores; que las incluyan en procesos de capacitación de habilidades, destrezas y conocimientos y les reconozcan el mismo grado de agencia que a los demás actores en el terreno público.
*Senadora por el Partido Revolucionario Institucional
05/LS/YT
