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México DF, 8 marzo 07 (CIMAC).- «¡Las mujeres no somos botín de guerra!», gritaron miles de mujeres este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en reclamo por la militarización del país y las violaciones cometidas por miembros del ejército y las policías a lo largo y ancho de la República.
En una marcha permeada por la indignación ante las violaciones sufridas por mujeres en Atenco, Oaxaca, Coahuila, Chihuahua, Chiapas y Veracruz, pero sobre todo por la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades, el contingente recorrió esta tarde del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México.
Las manifestantes exigieron también la libertad de las presas políticas de Atenco y Oaxaca, quienes han denunciado reiteradamente el trato inhumano y la violación sexual que cometieron contra ellas elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Las mujeres marcharon acompañadas por estudiantes de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), representantes de las organizaciones sociales de Atenco y Oaxaca, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Sección 200 del Sindicato de Mineros y del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Organizadas en contingentes de diversas corrientes del movimiento feminista y de mujeres, como el de Católicas por el Derecho a Decidir, Salud Integral para la Mujer (Sipam), así como feministas independientes, exigieron también libertad de conciencia, igualdad de género para poner fin a la pobreza y respeto a los derechos reproductivos de las mujeres.
Entre los contingentes iba también la senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien a sus 80 años continúa participando en la lucha por el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos, así como la periodista y feminista Sara Lovera, entre otras.
Durante el mitin que tuvo lugar al finalizar el recorrido, Elvira Martínez, viuda del minero José Vladimir, muerto en el derrumbe de Pasta de Conchos junto con otros 61 trabajadores, pidió castigo a los culpables de la tragedia que, dijo, no fue un accidente, sino el resultado de la negligencia e irresponsabilidad de los dueños de Minera México y de las autoridades, principalmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobierno del estado y el Ejecutivo Federal.
Debido a su ambición y omisiones, dijo Martínez, muchas mujeres y casi cien niños padecemos la ausencia de nuestros esposos, nuestros compañeros, nuestros hijos y nuestros padres. Así es como el gobierno de Calderón cuida y respeta a las familias.
Habló también Ana María Robles, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, quien recordó que 7 mujeres aún están presas en el penal de Santiaguito, como respuesta del gobierno a su decisión de levantar la voz, unirse y defender sus derechos.
«Ellas fueron violadas, golpeadas y torturadas por la policía, pero aún así, dicen, no nos van a callar, a pesar de estar encerradas», afirmó Ana María, que estuvo también presa junto con ellas.
JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE ATENCO
Poco antes de la marcha, organizaciones sociales exigieron a la fiscal Alicia Elena Pérez Duarte, titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Violentos contra Mujeres (Fevim), acelerar el proceso y consignar a los responsables de la violación y tortura de las mujeres de Atenco.
En rueda de prensa, celebrada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que desde mayo de 2006 ha participado como coadyuvante en la investigación que está por concluir, Luisa Pérez, abogada del organismo, señaló que la fiscalía cuenta con elementos suficientes para consignar al menos 5 denuncias ante un juez federal.
Existen pruebas para demostrar la tortura física, psicológica y sexual contra estas mujeres, afirmó, y los peritajes que realizaron de manera independiente peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), lo constatan.
En este sentido, Ricardo Lowe, del CCTI, pidió no minimizar los resultados realizados por peritos independientes, pues cumplen con los requisitos internacionales.
La abogada del Prodh dijo que «las probables ataduras que pudiera tener la Fiscalía para realizar la investigación deberá resolverlas porque existe un compromiso de la fiscal con las mujeres de Atenco.
«Se supone que es una fiscalía con perspectiva de género, que se dice sensible a la violencia que padecen las mujeres, esperamos que sea imparcial y que asuma el compromiso que adquirió con las mujeres de Atenco», advirtió la activista.
Es evidente, señalaron los del CCTI, que las autoridades del Estado de México no ofrecerán una investigación imparcial, por lo que reiteraron su exigencia para que la Fevim, que tiene más herramientas para proporcionar justicia a las mujeres y sus familiares, actúe de inmediato.
Luisa Pérez recordó que desde el 17 de mayo de 2006, 14 días después de los operativos en San Salvador Atenco y Texcoco, 14 mujeres ratificaron su denuncia por la tortura física, sexual y psicológica por parte de policías federales y estatales.
La activista y defensora de derechos humanos recordó que el gobierno mexicano cuenta con dos recomendaciones internacionales. La primera del Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) y la segunda del Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).
CON LAS PRUEBAS EN LA MANO
Luisa Pérez insistió en que ya se ha acreditado la participación de autoridades federales en los operativos, pero ha sido evidente la falta de condiciones de imparcialidad y de voluntad de las autoridades locales para investigar los hechos denunciados y existen certificados médicos y fotografías que demuestran la tortura.
«En cuanto a la probable responsabilidad penal, se encuentran identificados los grupos policiales que participaron en los operativos, con base en el trabajo de documentación realizado por la CNDH, así como la autoría intelectual que públicamente manifestaron las autoridades estatales». Las evidencias, dijo, están para proceder con la consignación por el delito de tortura.
En tanto, Trinidad Ramírez, madre de América del Valle y esposa de Ignacio del Valle, quien se encuentra recluido en un penal de alta seguridad de Santiaguito, dijo que el gobierno estatal pretende reparar los agravios con dinero. «Es una estupidez, cuando es más que sabido que lo sucedido en Atenco es una venganza política», consideró.
A nombre del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), pidió castigo a los responsables, liberación de las y los presos y que se retiren las órdenes de aprehensión que todavía hay contra algunos pobladores de Atenco.
De los procesos iniciados en contra de las 217 personas detenidas durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, a la fecha 114 siguen enfrentando un juicio, mientras que 31 siguen detenidos en penales de máxima seguridad, de la Palma y Santiaguito, entre los que todavía se encuentran 7 mujeres.
DÉCALOGO DE BUENOS DESEOS
Y en la Ciudad de México, el jefe de gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubón, firmó el Decálogo Por la Equidad de Género, documento que consta de diez compromisos a favor de los derechos de las mujeres pues, dijo, «dista mucho camino por recorrer para llegar a la situación de equidad que quisiéramos tener».
En los primeros cinco compromisos del Decálogo, dijo, tienen que ver la posición del gobierno de la Ciudad de pensar para las mujeres: capacitación en materia de políticas públicas con perspectiva de género para el personal del gobierno de la ciudad; cumplimiento de los compromisos adquiridos con distintos organismos en pro de la equidad; rendir cuentas a la ciudadanía sobre los avances y obstáculos en el proceso de la incorporación de la perspectiva de género; asignación del presupuesto con perspectiva de género, que permita llevar a cabo los programas y acciones para elevar la calidad de vida de las mujeres, pues aún no existe.
Asimismo, impulsar acciones permanentes al interior de cada dependencia; avanzar en el desarrollo de acciones que garanticen el acceso de las mujeres a la justicia, la creación de condiciones para el disfrute de un medio ambiente y desarrollo sustentable para elevar el nivel de vida de las mujeres, impulsar una cultura de equidad entre los géneros, promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y fortalecer la participación política de las mujeres y el ejercicio pleno de su ciudadanía.
La ciudad, dijo Ebrard, tiene que cambiar, pues la realidad de las mujeres se ha modificado desde hace 40 años. Por ejemplo, los horarios de las escuelas de educación básica están pensadas para madres que no trabajan, cuando en la ciudad el 22 por ciento de los hogares están a cargo de una mujer que labora dentro y fuera del hogar, y 33 por ciento de la población económicamente activa son mujeres.
El gobierno de la ciudad garantizará «a trabajo igual haya salario igual, porque no es así», en la relación entre los géneros «hay muchas diferencias».
Trabajará también, concluyó, para combatir la violencia familiar mediante una política pública e integral, ya que este es un problema de salud pública.
APORTACIÓN DE «MANO DURA»
Mientras tanto, en Los Pinos, convencido de que el endurecimiento de los castigos es el camino para terminar con los crímenes y delitos, Felipe Calderón firmó hoy, Día Internacional de la Mujer, tres iniciativas para reformar el Código Penal Federal, en un intento por ser congruente con los reclamos que mujeres y hombres de todo el país hacen al gobierno federal exigiendo acciones gubernamentales para eliminar toda forma de violencia en contra de las mujeres.
De acuerdo con un boletín emitido por la oficina de comunicación de la Presidencia, una de las iniciativas propone «incrementar las penas contra el secuestro, contemplando la posibilidad de dictar prisión de 30 años hasta prisión vitalicia a quien secuestre o prive ilegalmente de la libertad a mujeres, ancianos o niños».
Otra, «para incrementar la pena prevista para castigar la violencia intrafamiliar extendiendo la pena de uno a seis años de prisión y la pérdida del derecho de pensión alimenticia».
Y otra más «para que se establezca prisión vitalicia o cadena perpetua para los secuestradores que mutilen o asesinen a sus víctimas».
Calderón también giró instrucciones a la Procuraduría General de la República para que este mismo año duplique las casas de atención a víctimas de violencia familiar.
Anunció que con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federales del Instituto Nacional de Desarrollo Social se fortalecerá la red de albergues para dar apoyo médico y psicológico, así como protección y asesoría legal a las víctimas de maltrato.
En el mismo acto, «los tres Poderes de la Unión, así como gobernadores y alcaldes, firmaron el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se comprometen a promover acciones afirmativas para fomentar una vida sin violencia ni discriminación y una auténtica cultura de la igualdad», dice el boletín.
Los firmantes del acuerdo se comprometieron a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como una prioridad nacional; establecer un compromiso firme e inequívoco para dar cumplimiento a las leyes y acuerdos internacionales que garantizan una vida libre de violencia; orientar estrategias para eliminar la discriminación y fomentar el trato igual para mujeres y hombres en los ámbitos público y privado; asumir el principio de igualdad como eje rector de los planes y acciones de todos los órdenes de gobierno; e impulsar que todos los sectores del Estado y de la sociedad se adhieran a este mecanismo, entre otros puntos.
En el acto, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, hizo un llamado al Poder Judicial para que utilice la perspectiva de género como herramienta indispensable en la gran responsabilidad de administrar y procurar justicia y precisó que su afán será transversalizar la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo, dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales, ejecutar el Programa para la Igualdad de Oportunidades y coordinar el Sistema Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En ese sentido, Felipe Calderón exhortó a los gobernadores y congresos de los estados para que den cumplimiento a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Pero mientras eso sucede, miembros del Ejército Mexicano, encargado por Calderón de brindar seguridad a las y los mexicanos en un ambicioso programa de seguridad pública, enfrentan dos procesos penales, acusados de la violación sexual de 13 mujeres en Castaños, Coahuila, y de la violación y homicidio de una mujer de 73 años, en Zongolica, Veracruz, sin que hasta el momento la justicia llegue para ellas.
Con información de Guadalupe Cruz, Lourdes Godínez e Hypatia Velasco.
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