Cada cuatro años el gobierno mexicano tiene la obligación de presentar ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en inglés) un informe sobre las acciones que ha llevado a cabo para abatir la discriminación en contra de la población femenina del país.
Este informe forma parte de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano al ratificar, en 1981, la Convención de la CEDAW cuyo objetivo es promover la transformación de los valores sociales y culturales que dan cabida a las desigualdades mediante la eliminación de cualquier acto de discriminación contra las mujeres.
La CEDAW está formada por 23 expertas en asuntos de género y derechos humanos de todo el mundo y se encarga de recibir los informes que cada Estado parte presenta para informar sobre las acciones que llevan a cabo a fin de erradicar las desigualdades por motivos de género.
A pesar de estar claramente especificado, muchos de los puntos contenidos en esos informes no son ciertos, por lo que la CEDAW tiene la facultado de recibir denuncias individuales o colectivas acerca de la falta de cumplimiento de los preceptos de la Convención por parte de los estados; sobre todo en situaciones de franca discriminación y violación de los derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres.
Una vez agotadas las instancias internas de cada país, la CEDAW puede admitir denuncias y está calificado para investigar y hacerles recomendaciones a los estados parte acerca de los casos denunciados.
Bajo esa perspectiva, el pasado 6 de agosto la CEDAW manifestó, durante el quinto informe periódico del gobierno mexicano, su beneplácito por la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), lo mismo que por el diseño del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación (Proequidad), al tiempo que reconoció que ha hecho esfuerzos para reducir las diferencias entre niñas y niños en el acceso a la educación.
Igualmente se pronunció preocupado por los asesinatos de 290 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, por la falta de difusión y promoción de los derechos humanos, por la violencia contra la mujer y por su explotación; además de manifestarse contra la prostitución y la pornografía infantil.
De igual forma la CEDAW se mostró afligido por la pobreza, la migración femenina, la baja calidad de empleo de las mujeres y por su escaso número en los sitios donde se toman las decisiones en nuestro país.
Por todo ello la CEDAW le recomendó al gobierno mexicano que pensara en establecer estrategias que garantizaran el pleno acceso de las mujeres y los jóvenes a los servicios de salud; incluyendo los de salud sexual y reproductiva.
Además de crear datos estadísticos desagregados por sexo, aumentar la edad mínima para contraer matrimonio (actualmente es de 16) y difundir todo tipo de información relacionada sobre los derechos humanos de las mujeres, así como los mecanismos con los que contamos las mexicanas para exigir que se respeten y cumplan.
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