Las reformas estructurales al sector salud en América latina (AL) –comenzadas en la década de los ochenta y que consideran a la atención sanitaria y la seguridad social que proporciona el Estado más como parte de la lógica del mercado que como derecho humano–, significan una involución en las políticas de desarrollo y profundizan la inequidad social cuyas principales víctimas son las mujeres.
Aunado a lo anterior, y para intentar revertir esa pérdida de derechos para la población femenina, es vital institucionalizar la perspectiva de género en el diseño e implementación de los presupuestos públicos, sostiene la sicóloga y maestra en género y desarrollo Dynis Luciano Ferdinand.
En entrevista con cimacnoticias, la también especialista en relaciones económicas internacionales, asegura que el proceso privatizador del sector salud y de seguridad social en los países de la región afecta de manera drástica a las mujeres, ya que son ellas a las que por su condición de género el Estado les atribuye el cuidado de los enfermos en el hogar, desentendiéndose de su responsabilidad social.
Además, advierte, con la privatización de los esquemas de seguridad social las mujeres, por su condición reproductiva y toda vez que viven más tiempo que los hombres, pagan cuotas superiores por un seguro de vida o de gastos médicos.
Dynis Luciano, de origen dominicano y asesora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero que en la charla habla a título personal, señala que al reducirse la estadía hospitalaria (situación que se repite en los países de AL) «el cuidado de los enfermos en el hogar recae en las mujeres», porque los gobiernos han reducido sistemáticamente ese tipo de atención.
«De este modo se incrementa el trabajo doméstico de las mujeres sin ninguna retribución económica, al tiempo que se pone de manifiesto que los hombres no se incorporan a la atención de la salud.»
También, la investigadora lamenta que los gobiernos latinoamericanos destaquen la salud materno infantil en la elaboración de sus programas sanitarios, pero descuiden otros problemas como la autoestima y la identidad de las mujeres adolescentes, sus hábitos alimenticios y el incremento en el consumo de drogas, alcohol y tabaco.
Asimismo, acota, las reformas al sector salud y de seguridad social deben considerar «las necesidades específicas de hombres y mujeres en general, pero en especial de las ancianas que jamás cotizaron en el seguro por estar dedicadas al hogar».
La autora de Presupuestos públicos y violencia de género, estudio comparativo en siete países de la región que próximamente saldrá publicado en México, establece que sólo con la movilización social de las mujeres junto con otros sectores sociales y comunitarios podrá revertirse el proceso privatizador del sector salud en AL.
Las transformaciones a las políticas de salud en la región, sentenció, deben basarse en las necesidades y derechos de las personas y no en la oferta y la demanda, además de promover y respetar el desarrollo humano, la salud mental y la identidad de las y los ciudadanos. Todo lo anterior articulado a la agenda de la pobreza. «Si una comunidad tiene acceso al agua potable habrá menos problemas sanitarios», ejemplifica.
Al referirse a los presupuestos públicos, Dynis Luciano indica que el poder legislativo en las naciones latinoamericanas debe pelear por incorporar el enfoque de género desde el momento en el que se diseñan los programas dedicados a las mujeres.
«El diseño tiene que ver con la definición del orden de los problemas, los montos que se les destinarán, las organizaciones públicas que serán las responsables de ejercer los recursos, y la aplicación de sistemas de monitoreo del ejercicio presupuestal; además de la rendición de cuentas de las autoridades», enumera Luciano Ferdinand.
Ya para concluir, añade que las comisiones legislativas de Equidad y Género deben ejercer mayor presión y control en las dependencias públicas a fin de vigilar la manera como manejan los dineros destinados a las mujeres.
«El trabajo de mujeres economistas en este sentido es fundamental, ya que deben demostrar con hechos la discriminación por sexo y la reducción presupuestal en el ejercicio del gasto público.»
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