«La violencia no sólo es física –aunque también nos ha tocado–; muestra de ello es que a nosotras nos golpeó el ‘presidente del empleo’ al violar nuestro derecho al trabajo, a la salud, a un patrimonio. Todo de un día para otro», señaló indignada Mónica Jiménez, una de las once trabajadoras de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en huelga de hambre desde hace 48 horas en protesta por el decreto presidencial de extinción de la compañía paraestatal.
A esta denuncia se sumaron diputadas federales, ex legisladoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos y laborales de las mujeres durante el mitin que se celebró en el campamento de las electricistas en ayuno con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Esta mañana, dentro de una de las dos casas de campaña instaladas en las inmediaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las once trabajadoras que permanecen en ayuno desde el lunes pasado señalaron a Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo, como su agresor, al ser responsable del cierre de la empresa del Estado con el que cerca de 4 mil mujeres y 40 mil hombres electricistas se sumaron a los 2.9 millones de personas sin empleo en el país.
Cabe recordar que la Tasa de Desocupación (TD) en el país es de 6.2 por ciento; para las mujeres es de 7.07 por ciento, mientras que para los hombres es de 6.0 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al respecto, la ex legisladora federal perredista María de los Dolores Padierna Luna manifestó que el decreto presidencial es «muestra de la peor violencia que un Estado autoritario puede cometer contra las mujeres trabajadoras». Es «injusto lanzar a la calle a 44 mil familias» que tras el cierre quedaron en la «incertidumbre».
Con la determinación presidencial emitida el 11 de octubre pasado, las y los electricistas, además de haber perdido sus fuentes de trabajo, aseguran que su derecho a la salud también es transgredido. Y es que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pese a que conforme a la legislación laboral y a la del propio instituto debió brindarles atención médica hasta el próximo 7 de diciembre, dejó de prestarles servicios desde el decreto «calderonista».
«En estos días fui a la clínica 26 del IMSS para que vacunaran a mi hija y ya no la quisieron atender», señaló Mónica Jiménez, coordinadora del Movimiento de Mujeres Electricistas en Resistencia. Además, el sábado pasado «una compañera, que tenía seis meses de embarazo, acudió a la misma clínica porque se sentía muy mal. Tampoco la atendieron y por desgracia perdió a su bebé», añadió.
A este panorama se añade la discriminación que padecen las trabajadoras en las calles y al momento de solicitar empleo. «Con el número de Seguro Social se dan cuenta de que trabajaste en LyFC y te dicen que no hay empleo; incluso piden la hoja de liquidación», refirió Teresa Figueroa, capturista de la compañía desde hace diez años, quien ha solicitado empleo en el IMSS y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Al igual que en el sector público, en el privado es «difícil» que «nos contraten después de la campaña de desprestigio que emprendió el gobierno federal en nuestra contra, señalándonos como improductivas», agregó.
La violencia contra las también llamadas «Smeítas» también ha sido física. Hace tres semanas, aproximadamente, acudieron a las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ubicadas en Paseo de la Reforma, donde fueron agredidas por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), según la coordinadora de las electricistas.
La cofundadora de la Asociación de Mujeres Organizadas (Amor) e integrante del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) Carmen Alicia Vera Juárez, quien acudió junto con Dolores Padierna al campamento de las electricistas en huelga de hambre, manifestó, al igual que la ex legisladora, su reconocimiento a las once trabajadoras de LyFC y calificó su protesta como «ejemplar».
Las once trabajadoras –quienes sólo beben agua y son revisadas por médicos del SME y de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ERUM tres o cuatro veces al día– están dispuestas a seguir en ayuno hasta que el gobierno federal les dé una respuesta.
La solución que ellas buscan es que les devuelvan sus trabajos, los cuales son, en la mayoría de los casos, el sustento de sus familias: «no nos importa cómo se llame la empresa: sabemos que la ley está de nuestro lado, la materia de trabajo persiste y, mientras sea así, el gobierno está obligado a reinstalarnos», refirió María Elena Colín, secretaría de LyFC.
Al campamento de las Smeítas también acudió Martín Esparza Flores, dirigente del SME, quien manifestó a su audiencia, integrada por las trabajadoras en ayuno y más de cien empleadas y empleados de la paraestatal, que su movimiento no depende de las decisiones de la Cámara de Diputados, debido a que ayer el Poder Legislativo rechazó la controversia constitucional, única vía jurídica para frenar el decreto presidencial.
Agregó que una comisión de trabajadores de LyFC que viajó a Europa para entregar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los documentos que compilan «las corruptelas del gobierno federal con CFE», salió hoy de Francia rumbó a Ginebra, Suiza, donde se ubica la sede de la OIT.
En tanto, la apuesta está en los amparos por la inconstitucionalidad del decreto presidencial y los interpuestos para que se respeten los derechos laborales de las y los 23 mil 800 electricistas activos que se ampararon y 12 mil jubilados.
También, en la resistencia civil pacífica emprendida el pasado domingo 11 de octubre, horas después de la entrada de la PFP a LyFC, a la que se sumará «el apoyo total» del PRD en las movilizaciones, según informó Leticia Quezada, diputada federal por este grupo parlamentario, durante el mitin donde reconoció la lucha emprendida por las mujeres y las exhortó a no desistir.
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