En época de crisis económica las ventas por catálogo representan para las mujeres una opción para completar el ingreso familiar pero, al mismo tiempo, significan laborar para empresas que desconocen la relación laboral con las cientos de miles de vendedoras de «casa a casa», negándoles con ello el derecho a un salario digno, prestaciones sociales, vacaciones y seguro médico.
Ejemplo de ello, es la transnacional Avon, que en México emplea a alrededor de 400 mil mujeres como representantes, las cuales «al final del día» reciben una comisión del 30 por ciento de lo que venden para la empresa, que anualmente percibe ganancias superiores a los 10 mil millones de dólares.
Silvia, de 51 años de edad, es una de las 15 mil vendedoras de Avon que cuentan con seguridad social, ellas representan 4 por ciento del total de las representantes de la marca, el resto no tiene ninguna prestación. Y es que en la década de los 70s, relató la empleada de Avon desde hace 26 años, las trabajadoras gozaban de este derecho, hasta que en 2004 la empresa rompió el convenio que mantuvo hasta entonces con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y meses después lo restituyó «a unas cuantas».
Ante la necesidad de mayores ingresos para sostener sus familias, las trabajadoras de Avon, «muchas» de ellas madres solteras, hacen frente a una situación «muy dura», que les demanda tiempo y dedicación a cambio de 30 por ciento de comisiones por el total de productos vendidos, aseveró Silvia, integrante de Cosméticos, moda y hogar (Cosmogar), organización de trabajadoras que se creó en 2005 para demandar respeto de sus derechos laborales.
En tanto, Martha Peña Martínez, de 64 años de edad, es representante de Avon desde hace 10 años aproximadamente, el ingreso que le genera está actividad es complementario a su empleo como trabajadora del hogar que realiza tres días a la semana.
A pesar de que sus hijas e hijos ya no dependen económicamente de ella, su salario como trabajadora del hogar no es suficiente para costear los gastos de alimentación, luz y agua de su casa; «aunque sean cien pesos ya los tengo seguros», dice. El «pedido» de Martha, que levanta cada mes y medio, es de entre mil 500 y dos mil pesos, por lo que recibe de comisión entre 450 y 600 pesos cada dos meses.
En el último año y medio las ventas de Avon aumentaron 16 por ciento, al tiempo en que creció en 148 por ciento el número de representantes o vendedoras de estos productos por catálogo. A decir de la ex legisladora Rosario Ortiz Magallón, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas, el incremento de trabajadoras de la empresa está vinculada con el aumento del desempleo y el empleo informal en el país.
A consecuencia de la crisis económica, según datos del segundo trimestre del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el desempleo en 2.4 millones de personas y la tasa de desocupación fue de 5.2 por ciento, superior al 3.5 que se alcanzó en igual periodo en 2008.
En tanto, el empleo informal aumentó en 127 mil personas respecto al año anterior; actualmente el Instituto estima 28 por ciento de la población ocupada, es decir, 12.2 millones de personas participan en la economía informal; de ellas, cuatro de cada diez personas que laboran en este sector son mujeres.
De acuerdo con Ortiz Magallón, ante la desocupación de los varones en los sectores manufacturero y de la industria minera –algunos de los más afectados por la crisis–, las trabajadoras se incorporaron en «gran medida» al trabajo de ventas por catálogo, donde si bien no se respetan sus derechos laborales reciben un ingreso que les permite aportar al sustento familiar.
Sin embargo, las trabajadoras de Avon, pese a tener un contrato mercantil con la empresa –que exceptúa a la empresa de cumplir con obligaciones que por ley corresponden a las empleadas–, al ser empleadas subordinadas tienen iguales derechos que al resto de trabajadoras y trabajadores que comprende la Ley Federal del Trabajo.
El problema, señaló Ortiz Magallón, ex integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, radica en que las empresas aprovechan los vacíos en la ley y construyen un marco normativo sobre la legislación establecida, pues a fin de reducir gastos desconocen la relación laboral con las trabajadoras y dejan de lado sus derechos.
09/GCJ/LG
