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Las y los indígenas chiapanecos, en el fango de la justicia penal

Por Manuel Fuentes Muñiz*

La “Voz del Amate” es una organización de indígenas tzotziles, tzeltales, tojolabales y choles que ha logrado la liberación de 145 personas recluidas en 11 cárceles del estado de Chiapas. Su huelga de hambre por más de 40 días, ahora suspendida, ha logrado movilizaciones de cientos de personas, la solidaridad nacional e internacional, y ahora están a la espera de que se revise el caso de otras personas presas detenidos injustamente.

El movimiento comenzó el pasado 12 de febrero con la huelga de hambre encabezada por Zacario Hernández Hernández, indígena catequista de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. A su movimiento se unieron indígenas del Penal de Playas de Catazajá, del Amate y del Penal 5 de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas.

Fueron cientos de personas unidas en procesiones que hicieron causa común a favor de las y los presos. Familiares, la mayoría mujeres, iniciaron un plantón en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, en las oficinas de Gobierno para demandar la liberación de los indígenas y el 18 de marzo, en plena Semana Santa, fue liberado Zacario Hernández después de 5 años de reclusión. Las movilizaciones y protestas en vez de cesar, aumentaron y exigieron al gobierno chiapaneco la libertad de todas las personas presas detenidos indebidamente.

El movimiento siguió dando frutos y el 31 de marzo el gobierno chiapaneco excarceló a 137 indígenas y declaró que la mesa de “reconciliación” se daba por terminada. A pesar de ello 8 personas que mantenían su protesta, en la madrugada de ese día, también fueron liberadas.

Trece personas que seguían en huelga de hambre y dos en ayuno, a los que no se les otorgó su libertad, decidieron levantar su movimiento ante la petición del obispo emérito Samuel Ruiz para evitar daños irreversibles en su salud.

En los expedientes con los que se mantiene aún presos a otras personas indígenas, aparece como prueba fundamental la confesión de los delitos. Alegan que la declaración obtenida en su contra fue mediante torturas y amenazas. Es el caso de Tiburcio Gómez Pérez que de puño y letra denunció lo siguiente:

“…Fui torturado … la tortura fue una duración de 5 horas me bendaron la cara, las manos, me pucieron bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarme, me pusieron Tehuacan en la nariz bendado la cabesa y manos y pies me meten en el tambo de agua sentia la muerte… y después me hicieron firmar un documento de falsa declaración que el mismo ministerio público estaba declarando … no tube derecho de un defensor de oficio ni nada ni derecho médico ni ablar por telefono … fui arraigado 55 días en casa de arraigo sin derecho a nada… y después nos yevaron en el penal de máxima seguridad el Amate N.14 donde fuimos recibido con los presisos a golpes fuimos torturados..”

Otro caso es el de María Delia Pérez Arizmendi que con 8 meses de embarazo fue torturada física y psicológicamente por la policía del estado de Chiapas durante su detención y traslado a la prisión; este hecho le produjo la muerte de su hijo sin que hasta la fecha ninguna autoridad haya sido castigada. Ella lleva 7 años en prisión, de los 15 años a que está sentenciada.

Miguel Gómez Gómez, originario de Yokin, Simojovel nacido el 28 de octubre de 1959, de oficio agricultor, fue detenido el 14 de septiembre del 2002 sin orden de aprehensión por elementos de la Agencia Estatal de Investigación quienes le amenazaron, le dieron golpes, asfixiándole con una bolsa de plástico y sin darle de comer hasta que aceptara los cargos. Ingresó a prisión el 16 de noviembre de 2002 acusado de privación ilegal de libertad. Él dice: no hemos hecho nada pero el gobierno persigue por su ley…

La mayoría de las y los presos están confesos por tortura, engaños y desconocimiento del español y del proceso penal o por no saber leer y escribir. No han tenido traductores durante su juicio legal a pesar de estar previsto este derecho en ley. Los jueces no dan valor a las pruebas ofrecidas en su favor y solo prefieren, en una actitud racista, darle más valor a las presentadas por el acusador no indígena con poder económico.

En muchos casos los defensores designados a las y los indígenas no son abogados ni los asisten legalmente durante todo el proceso, resultando una deficiente defensa. No se ha desvirtuado con otras pruebas las confesiones que aparecen en los expedientes creando una situación difícil en la revisión de sus casos al estar acusados de asesinato, robo, asociación delictuosa, motín y destrucción de vías de comunicación, con sentencias de 15 a 20 años y en algunos hasta 60 ó 70 años.

Las y los indígenas de nuestro país conocen, en carne propia, los sótanos de la justicia penal. Son hoyos profundos y oscuros destinados a los más infortunados económicamente, a los que apenas hablan español, que medio leen y escriben o son analfabetas, pero que se atreven a desafiar a los caciques del lugar para que se respeten sus tierras, sus productos, su familia y dignidad. Es una justicia que atrapa y construye delitos y delincuentes, que tiene la estructura de la policía, los ministerios públicos y los jueces a su servicio.

Lo que ahora sale a luz, gracias a la lucha de las y los indígenas chiapanecos creadores de la “Voz del Amate”, sucede en la mayor parte del país. En las cárceles sólo están los más pobres y los gobiernos se olvidan de ellos, pero también gran parte de la sociedad. Las y los indígenas están en el fango de la justicia penal.

manfuentesm@yahoo.com.mx

*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.

08/MF/GG

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