Las y los migrantes centroamericanos que recorren nuestro país hacía el norte son como fantasmas sin destino; buscan pasar desapercibidos, pero son presa de la corrupción gubernamental y de bandas que los estafan sin medida. Sufren violencia, atropellos de todo tipo y sin que ninguna autoridad proteja sus mínimos derechos.
Si son asaltados, violados, robados, afectados en su integridad física, no pueden acudir a ninguna autoridad judicial porque son «ilegales» y por tanto no tienen derechos. Estar indocumentado o «sin papeles», es igual a no existir. A las y los migrantes les resulta contraproducente acercarse a un Ministerio Público a pedir auxilio ante una agresión que han sufrido. No tienen identificación oficial mexicana y si tienen una que les vendieron en la frontera sur, pagan muy cara su osadía.
Las y los migrantes centroamericanos aceptan condiciones inhumanas para ser trasladados por el país, no importa que expongan su vida e integridad; peor es la miseria que viven en sus lugares de origen.
¿Qué fuerza obliga a hombres y mujeres con sus hijas e hijos a abandonar sus países de origen y recorrer miles de kilómetros en búsqueda de un supuesto paraíso? Es el hambre, la muerte por desnutrición, por una diarrea, por una tos que se vuelve pulmonía y que en otros lugares «civilizados» sí son curables. Es la falta de oportunidades de empleos dignos, es la pobreza en su máxima expresión la que los empuja a salir.
Cuando cruzan la frontera sur, las autoridades los detienen por su «apariencia», porque son pobres de pobres. Les preguntan: ¡Ándale, si quieres salir libre, canta el himno nacional! ¡¿Quién fue el padre de la patria?! ¡Estás es un aprieto! ¡Tú no eres mexicano! ¡Dime cuanto traes y te suelto!
Como se quedan sin dinero, son botín de caciques que los obligan a trabajar de sol a sol por una miseria; otros, después de trabajar varios días, cuando reclaman su pago, les avientan a la ‘migra’ y salen huyendo con los bolsos vacíos.
Las y los migrantes tienen que soportar malos tratos y vejaciones de todo tipo para reunir dinero y seguir en su aventura hacia el norte. Las mujeres son las más desprotegidas y constantemente son acosadas y agredidas.
Tratan de aparentar ser mexicanas o mexicanos para no ser molestados. Su camuflaje es su piel morena, su mal castellano y su pobreza como los de aquí. Pero sus ojos de desesperación y su deambular sin destino los delata.
Cuando llegan a traspasar la frontera norte, exponiendo su vida, se encuentran que el pago que reciben no es el justo, pero en corto tiempo reciben mucho más que en sus países de origen. Pronto se dan cuenta que no es el paraíso buscado, pero su trabajo les permite mandar dinero a los suyos, aunque apenas sobrevivan. Tienen que refugiarse entre los paisanos para enfrentar la soledad de estar lejos de sus costumbres, de su familia, de sus raíces.
Aprenden a vivir en la clandestinidad, a permanecer sin identidad por ser «ilegales». Pronto se dan cuenta que la zozobra es una forma de vida y la adrenalina la sienten en su cuerpo entero. El miedo de no ser deportado es el pensamiento constante, es la pesadilla que les arrebata el sueño.
El Cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos de la población migrante en tránsito por México, presentado recientemente en Saltillo, Coahuila, por Belén Posada del Migrante, Humanidad sin fronteras y Frontera con Justicia constata los ataques que reciben las y los migrantes centroamericanos en nuestro país.
Este informe denuncia los crímenes y extorsiones que sufren las y los migrantes centroamericanos de los distintos tipos de policías al extorsionarlos en los operativos de aseguramiento que realiza. Afirma que los guardias de seguridad privada ferroviarios realizan agresiones en contra de los «sin papeles», «…al tirarlos del tren cuando este va en movimiento, o al obligarlos a darles su dinero o pertenencias para evitar ser deportados…».
Auxiliar al migrante es un delito grave en nuestro país, de acuerdo al Artículo 138 de la Ley General de Población. El dar albergue, alimentación o transporte con el fin de ocultarlos de migración se castiga con penas de seis a doce años de prisión. Quien realice la solidaridad de buena fe tendrá que probar su inocencia en prisión, porque no se tiene derecho a fianza.
Existen en nuestro país organizaciones civiles de derechos humanos que su ayuda puede presumir un delito y ello es inadmisible. El Congreso de la Unión tiene que despenalizar conductas que ahora sólo coadyuvan a incrementar la corrupción, la violencia y agresión contra la población migrante.
El Gobierno mexicano debe establecer una política en que se priorice el respeto a los derechos humanos cualquiera que sea la condición legal de las personas.
Es una vergüenza que las y los migrantes centroamericanos sean tratados como si fueran una basura de la humanidad.
*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.
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