Inicio Las y los pobres sufren más violaciones a sus derechos humanos

Las y los pobres sufren más violaciones a sus derechos humanos

Por Román González

La mayoría de la población de menores ingresos en la Ciudad de México, está expuesta fundamentalmente al abuso de autoridad y tienen menor acceso a servicios jurídicos, aseguró el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza.

Al rendir su primer informe de actividades ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), destacó que de acuerdo con un estudio realizado para conocer el perfil de los agraviados, tres de cada cuatro ciudadanos provienen de hogares cuyo ingreso es de hasta un salario mínimo.

Alvarez Icaza advirtió: “quienes se escudan en la protección de los derechos humanos para no actuar en contra de la delincuencia, no sólo no conocen lo que son los derechos humanos, sino que esconden su incapacidad profesional y técnica, favorecen y se benefician de la impunidad en cuya sombra se cobijan los malos servidores públicos”.

Sobre el asesinato de la abogada defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, informó que el pasado 24 de octubre comenzó una investigación de oficio cuyo punto de partida son las averiguaciones previas y las quejas que desde 1996 y hasta el año 2000, se conocieron con motivo de las amenazas en su contra y otros activistas.

El titular de la CDHDF adelantó que del análisis documental de todas las constancias que en su momento integraron las averiguaciones previas bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), se desprenden irregularidades que no preservaron los derechos humanos de la abogada Digna Ochoa y de otros defensores.

Por otra parte, destacó que el problema del racismo en esta ciudad es impresionante, pues la discriminación por edad, sexo o preferencias sexuales, u orientación religiosa alcanza índices de enorme preocupación.

Dio a conocer que de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, las autoridades más señaladas pertenecen, en orden descendente, a la PGJDF, las Secretarías de Gobierno –Reclusorios–, de Seguridad Pública (SSP), de Salud (SS), y Tribunal Superior de Justicia.

Así, la violación a los derechos humanos es una realidad cotidiana para las personas que enfrentan problemas con la justicia, y para las personas que se encuentran en los centros de readaptación social de la ciudad.

De ello cabe recordar que el pasado 3 de diciembre, la CDHDF recibió una denuncia de Leyva Martínez –interna del Centro Femenil de Readaptación Social “Tepepan”–, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, luego de que las autoridades médicas se negaron a practicarle una cirugía, cuya intervención consiste en prevenir definitivamente los embarazos.

En la investigación que la CDHDF realizó, una médica legista consultó el expediente de la agraviada. Allí encontró notas médicas que sustentaban la viabilidad de aplicar la cirugía a la interna, la cual no se realizaba por instrucción de la SS.

Para la comisión, una de las obligaciones de la SS es asegurar el acceso a los servicios de atención médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, la planificación familiar y la salud sexual.

A pesar de que Leyva Martínez ya fue intervenida quirúrgicamente, “es de destacar que la cirugía fue realizada por una institución médica del orden federal, ante la reiterada negativa de la instancia a la que le competía hacerla. La CDHDF considera que la autoridad responsable incurrió en una práctica administrativa contraria a la preservación de los derechos humanos”.

Finalmente, el ombudsman capitalino propuso a la ALDF la necesidad de que el instrumento de la Recomendación tenga un carácter de cumplimiento obligatorio, y/o exista alguna otra forma de garantizar una respuesta positiva de la autoridad mediante mecanismos de rendición de cuentas.

       
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