El decreto presidencial mediante el cual Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo, liquidó Luz y Fuerza del Centro (LyFC) es violatorio de los derechos humanos, laborales y sindicales de más de 44 mil electricistas, de los que 10 por ciento son mujeres.
Así lo denunciaron hoy, en conferencia de prensa, integrantes del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, quienes sostuvieron que éste es uno de los 16 casos que analizan en el país por transgresiones al derecho de asociación de las y los trabajadores, entre los que destacan como prioritario el de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a partir del cierre de la paraestatal.
Lidia Guevara, secretaria general de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, indicó que en México –donde los derechos laborales no se reconocen como derechos humanos– de 2004 a la fecha se ha suscitado una «agresividad inaudita» en contra de las y los trabajadores, a quienes se les niega la posibilidad de organizarse y de defenderse frente al despido.
Con este hecho se quebranta el artículo 123 constitucional, que establece el derecho de las y los trabajadores y del sector empresarial «a coaligarse para defender sus respectivos intereses formando sindicatos», así como los convenios 98 y 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por México.
Guevara, también integrante del tribunal, señaló que los pasados 26 y 27 de octubre escucharon los testimonios de trabajadoras y trabajadores de 16 empresas de distintas partes del país, quienes presentaron diversos casos de violaciones a la libertad sindical; entre ellos están, además del SME, trabajadoras de la maquila textil en Tehuacán, Puebla; trabajadoras y trabajadores de la Universidad del Valle de México (UVM), y del Call Center Atento.
Cabe mencionar que para el proceso de revisión la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) fue citada de manera oficial «como parte acusadora o como observadora, y no compareció ante el Tribunal», refirió Lidia Guevara, también secretaria de las Sociedad Cubana de Derecho Laboral Seguridad Social.
Los casos documentados de los grupos de trabajadoras y trabajadores que denunciaron la violación a la libertad sindical y «demás derechos laborales» por parte de las autoridades laborales mexicanas locales y federales podrán ser llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Además, pese a que el Tribunal Internacional de Libertad Sindical carece de carácter vinculatorio formal, posee la «calidad política y moral» para dar a conocer al extranjero las transgresiones a los derechos laborales cometidas en México y para emitir recomendaciones al gobierno del país.
Hoy, dicho organismo internacional hizo un llamado al gobierno mexicano para abrogar el decreto «calderonista» y reabrir LyFC; asimismo, demandó la salida «inmediata» de la Policía Federal Preventiva que el pasado 10 de octubre tomó las 30 sucursales de la compañía paraestatal en el Distrito Federal y las 64 agencias foráneas ubicadas en Hidalgo, Morelos, Estado de México y Puebla.
Llamó también a que se reinstale a las y los trabajadores afiliados al SME con respeto a al contrato colectivo de trabajo vigente y a que se establezca una mesa de diálogo con las autoridades competentes para que ofrezcan alternativas apegadas a las leyes mexicanas y el derecho internacional.
09/GCJ/YT
