La perspectiva y complejidad de los contextos culturales y sociales de cada país respecto al trabajo sexual ha obligado a las y los especialistas a reflexionar sobre el tema en diferentes momentos.
Para la antropóloga Marta Lamas una de los debates centrales sobre el trabajo sexual se da, por una parte, entre aquellos que plantean la necesidad de terminar con la prostitución por ser una práctica degradante y opresiva para las mujeres; mientras que la otra parte sostiene que es necesario legalizarla y reconocer los derechos laborales de estas trabajadoras.
La especialista señala que un eje de la discusión ha sido si el derecho a vender la fuerza de trabajo corporal incluye o no el área genital del cuerpo, toda vez que abordar este análisis sin caer en moralismos implica tomar distancia del discurso cultural que estigmatiza el trabajo sexual como un problema de la mujer y asumir que la prostitución reproduce la doble moral patriarcal.
Por eso, advierte la antropóloga, abordar el trabajo sexual como un síntoma que expresa la síntesis de un problema femenino lleva a explorar lo que significa sólo hablar de las mujeres que venden sus cuerpos y callar sobre los hombres que los compran.
Esta es la perspectiva de la Comunidad Europea (CE), donde el trabajo sexual es legal, pues desde esta posición, cualquier intercambio sexual que se realice con libertad y responsabilidad, haya o no dinero de por medio, es ético. En este esquema, lo fundamental es que el sexo servicio sea voluntario y no violentado.
Marta Lamas señala que el giro que dio la CE se nota en los resultados de sus políticas públicas toda vez que aunque el comercio sexual está bien organizado, es un negocio muy lucrativo para todos excepto para las trabajadoras.
Y como la lucha contra las redes internacionales de prostitución es incipiente, los países de la CE han desarrollado estrategias locales para luchar contra el tráfico sexual y alentar condiciones para que las trabajadoras puedan reapropiarse de su trabajo, en mejores condiciones y sin riesgos.
Entre los países que pertenecen a la CE, el trabajo sexual es legal en Alemania, Austria, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, España, Italia, Grecia y Luxemburgo; en Bélgica, Francia y Portugal no es ilegal, pero tampoco está reglamentado y sólo en Irlanda es ilegal.
En todos los países, explica la especialista, se distingue entre el trabajo sexual voluntario y el forzado y todos cuentan con leyes estrictas contra el tráfico de personas para la explotación y trabajo sexual de menores.
En este sentido, Holanda es el país más avanzado, en 1988 legalizó el trabajo sexual como una ocupación, por lo tanto, quienes se dedican a ese trabajo tienen derecho a la seguridad social; en 1996 planteó que las sexoservidoras debían pagar impuestos y en 1999 reformó la ley para otorgar a esta ocupación la misma categoría que otros trabajos.
Lamas explica que esta reforma se concretó con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de las sexoservidoras y concentrar los esfuerzos de la policía en el tráfico de inmigrantes ilegales y menores de edad.
También en 1999 en Suecia, se aprobó una reforma que ha causado gran debate: es legal vender sexo y es ilegal comprarlo. La lucha aquí se enfoca contra los hombres que solicitan el servicio y no contra las mujeres. La sentencia máxima es de seis meses de cárcel y la multa es de 50 días de salario.
Las autoridades señalan que la prostitución en la calle se ha reducido a la mitad y los clientes disminuyeron en 80 por ciento. No obstante, aunque la ley ha tenido efecto, los clientes viajan a otros países, en especial a Finlandia.
En Italia, una ley de 2003, permite que las trabajadoras sexuales renten departamentos para ofrecer sus servicios, pero no acepta más de dos en cada edificio. El marco legal está orientado a reducir las consecuencias negativas para las sexoservidoras y reducir la delincuencia por drogadicción.
En el caso del Reino Unido, aunque el trabajo sexual es legal, el Ministerio del Interior impulsa una nueva reforma con el objetivo de reducir los males asociados al comercio sexual como la explotación, la violencia y el abuso de drogas.
Por último, en Alemania, cada ciudad tiene derecho a prohibir el trabajo sexual en ciertas zonas. En 2003, el gobierno cambió la ley para mejorar la situación de las sexoservidoras y aunque no tienen el mismo estatus que otras trabajadoras, deben cobrarle el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) al cliente porque los impuestos son más altos.
2005/MP/SJ
