En lugares donde se ha legalizado el comercio sexual los empresarios han multiplicado sus ganancias, pero la situación de las mujeres no cambia, ya que siguen viviendo en condiciones de explotación y violencia. El estigma social sigue depositándose en ellas y esta nueva forma de violencia empieza a naturalizarse.
Lo anterior lo concluye la doctora en ciencias sociales y especialista en violencia de género Martha Torres Falcón, en su artículo titulado «Prostitución y violencia de género», publicado en la revista DFensor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
En éste, la autora señala que las tareas de denuncia social y activismo político a favor de las víctimas de prostitución, enfrentan nuevos obstáculos, entre ellos, la dicotomía entre prostitución voluntaria y forzada.
En su opinión, dicha dicotomía resulta falsa toda vez que las mujeres no eligen dedicarse al comercio sexual porque no se sienten orgullosas ni satisfechas al ejercer esta actividad que implica violencia física, sexual y emocional.
En los «bien articulados» sistemas de prostitución donde intervienen enganchadores, traficantes, dueños de hoteles o bares y autoridades que realizan sus actividades en un clima de impunidad, las mujeres son sólo un instrumento, ellas no deciden las tarifas y en muchas ocasiones sólo reciben una mínima parte de lo que paga el cliente, otras no reciben nada.
La desigualdad social, las hace particularmente vulnerables a cualquier promesa. Son engañadas, privadas de su libertad, humilladas, extorsionadas, obligadas a ejercer una actividad que en sí misma constituye violencia, dice la ex investigadora de El Colegio de México.
En su mayoría jóvenes de entornos con alta marginación social y económica son engañadas con falsas promesas de empleo, matrimonio o mejoría de su situación. Son mujeres pobres, sin educación y con una salud precaria, que desean mejorar sus condiciones de vida y la de su familia.
Este tipo de engaños muestran que las mujeres no accederían por voluntad propia a dedicarse a la prostitución. Las mujeres son sometidas con violencia física, psicológica y sexual, afirmó la investigadora.
Acerca del debate sobre el reconocimiento del derecho de las mujeres a prostituirse, la autora destaca que éste implicaría que ellas elijan, en un marco de libertad, dedicarse al comercio sexual de sus cuerpos, y que hay una voluntad reconocida y respetada.
Recalca que en la segunda mitad del siglo XX se intensificó la denuncia social y el activismo político en defensa de todas las víctimas, no sólo aquellas que demostraran haber sido forzadas para ingresar en el mundo del comercio sexual.
Existe también otra postura que define la prostitución como trabajo sexual y aboga por los derechos de quienes la ejercen. En 1998, en el Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud de Naciones Unidas, se enfrentaron las dos posiciones. Triunfó la postura que busca combatir y erradicar todas las formas de explotación sexual.
Torres Falcón concluye que quitar el estigma a las mujeres que ejercen la prostitución y sancionar a los clientes, son factores fundamentales para avanzar en la cultura de respeto a los derechos humanos.
11/DHR/LGL
