Como el presidente mexicano Vicente Fox no ha dado respuesta a la solicitud que le hizo Elvira Arellano hace un mes para que intervenga ante las autoridades estadounidenses y evite su deportación y la consecuente separación de su hijo de siete años, serán ahora los legisladores mexicanos quienes podrían exhortar al mandatario a dar atender esa petición.
Una vez que los legisladores mexicanos aprueben el punto de acuerdo en las cámaras de Diputados y Senadores, Fox sería presionado por todo el poder Legislativo con el fin de que se dirija al Congreso estadounidense y al presidente George Bush para que esta familia no sea separada.
Rosario Ibarra de Piedra, senadora del Partido de la Revolución Democrática, aseguró que intervenir a favor de Arellano, quien es considerada fugitiva por las leyes estadounidenses por desacatar una orden de deportación, «no debe confundirse con ingerencia en asuntos internos de otra nación».
Esta situación por la que pasa Elvira Arellano es de índole humana, por lo que no se espera oposición en ambas cámaras. «Ella, representa a miles de madres que son separadas de sus hijos. Por eso creo que todas las fracciones parlamentarias llegaremos a un punto de acuerdo», señalo Ibarra de Piedra.
El punto de acuerdo, explica Edmundo Ramírez, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exhorta al presidente Vicente Fox a dar respuesta a esa carta».
Sin embargo, en Estados Unidos, Rosanna Pulido, cofundadora del Proyecto Minuteman Illinois, organización opuesta a la inmigracion ilegal, ha dicho que las pretensiones de los políticos mexicanos «son una locura que sólo podría verse en una película de Hollywood».
«Quieren decirle al gobierno de otro país qué hacer con una criminal que ha violado las leyes varias veces. Si de derechos humanos hablamos, primero deben analizar las violaciones en su frontera sur con inmigrantes ilegales que llegan de Centroamérica, y después tratar de arreglar los asuntos (migratorios) de otro país», subrayó Pulido.
Por otro lado, la diputada mexicana Dolores González, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo estar muy consciente de que «no podemos intervenir en decisiones de otro gobierno, pero sí mantener convenios. Se trata de hacerles una petición de conciliación y solicitarles su apoyo para este caso».
González dijo que en este momento la preocupación más grande es que, después de 90 días de desacatar la orden de deportación, Arellano podría ser elegible para ir a prisión por lo menos unos cuatro años.
En tanto José Jacques Medina, también diputado pero del PRD y promotor de la iniciativa, comentó que el niño Saúl es binacional y, como tal, tiene el derecho de pedir «protección en el Congreso mexicano para mantener la unidad de su familia».
Elvira, de 31 años, originaria de Michoacán, desobedeció una cita para ser deportada, y desde el 15 de agosto se refugió en una iglesia metodista. Desde su arresto en 2002, se ha convertido en una portavoz del movimiento pro reforma migratoria: es presidenta de Familia Latina Unida, organización que ha participado en marchas y cabildeos en Washington.
Ramírez dijo que la resolución también expresa la solidaridad de los mexicanos con los 3.5 millones de niñas y niños estadounidenses que enfrentan situaciones similares.
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