Diversas organizaciones de la sociedad civil, así como ciudadanas y ciudadanos del estado de Hidalgo, enviaron una carta a los tres poderes de la entidad exigiendo que sea protegido el Estado laico y que se hagan las modificaciones legales que permitan a las mujeres, que así lo decidan, tener acceso a la interrupción legal de su embarazo en condiciones de dignidad y seguridad.
La Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh), la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres (Ddeser) y Ciudadanos por el Laicismo en el Estado de Hidalgo, exigen al gobernador y líderes del Congreso del estado y el Poder Judicial local, orientar sus acciones para garantizar el Estado laico.
«En esta carta les hacemos un llamado para que en los diversos espacios de gobierno, incluido el Congreso de la Unión, orienten sus acciones con base en el interés general, más allá de los intereses partidistas, personales o religiosos, atendiendo las necesidades de las personas a quienes representan, no a grupos oscurantistas que nos remiten a los problemas, ya superados, que nuestro país padeció en el siglo XIX y principios del siglo XX», señalan.
Además, exigen que la legislación estatal incluya la despenalización del aborto, por ser «indispensable y necesaria para alcanzar la justicia social en nuestra sociedad».
De forma textual, la misiva señala que «las y los ciudadanos que trabajamos en el ámbito del arte, la cultura y la academia, en el estado de Hidalgo y que suscribimos la presente, respetuosos de las diferentes ideologías políticas, religiosas, sociales y culturales de esta sociedad hidalguense, manifestamos nuestra posición, en relación a las declaraciones recientes de la jerarquía católica, de organizaciones religiosas y de grupos ultraconservadores en torno al tema de la despenalización del aborto, así como de la campaña que han desatado y que atenta contra del Estado de Derecho que rige y debe regir en nuestro país, manifestamos a ustedes que:
«Como autoridades electas libremente por el pueblo, ustedes tienen un doble mandato: respetar y hacer respetar la ley. En tal sentido, nuestra Carta Magna establece la separación Estado-Iglesias, es decir, el laicismo. Esto es, el establecimiento de un espacio público, civil, en el que la actitud religiosa esté reservada al ámbito estrictamente privado.
«Gracias al laicismo, no sólo la ciudad de Pachuca sino también el estado de Hidalgo y el país, han creado un espacio de civilidad, abierto a todas y todos, en su condición de ciudadanas y ciudadanos libres e iguales. La politización de los sentimientos religiosos no es un fenómeno deseable para la sociedad mexicana, sin embargo a eso apuesta la campaña emprendida por la jerarquía católica que rechazó la iniciativa de despenalización del aborto, recientemente aprobada en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
«Los políticos y las autoridades saben que el laicismo es la base histórica y cultural que ha permitido el desarrollo de la convivencia civilizada. Tal y como lo ha expresado José Woldenberg, «la separación entre política y religión es un componente esencial de nuestra historia, de nuestra cultura política, de nuestra democracia, y también de nuestra modernidad», por lo que la sana distancia entre el Estado y las asociaciones religiosas -llamadas iglesias-, debe prevalecer.
«En ese sentido, el gobierno debe hacer respetar el Estado laico y conminar a los altos jerarcas católicos a que cesen su llamado a la violencia y dejen de interferir en las decisiones legislativas y en las políticas públicas que competen al Estado.
«La decisión de la interrupción del embarazo es una decisión personal, de la conciencia individual de las mujeres, sin embargo, ante el problema de salud pública que implica, el Estado tiene la obligación de crear las condiciones adecuadas, legales y materiales, para atender a las mujeres que se encuentren en esas circunstancias. El hecho de que el aborto esté penalizado, no ha detenido a las mujeres que han tenido que recurrir, como última opción, a este procedimiento en condiciones insalubres y peligrosas que ponen en riesgo no sólo su salud, sino su vida.
«Por lo anterior, hacemos un llamado a ustedes como nuestros representantes para que en los diversos espacios de gobierno, incluido el Congreso de la Unión, a que orienten sus acciones con base en el interés general, más allá de los intereses partidistas, personales o religiosos. Su responsabilidad es atender las necesidades de las personas a quienes representan, no a grupos oscurantistas que nos remiten a los problemas, ya superados, que nuestro país padeció en el siglo XIX y principios del siglo XX. La despenalización del aborto, no sólo en Distrito Federal, sino en todo el territorio de nuestra Nación, es indispensable y necesaria para alcanzar la justicia social», concluyen.
07/LAR/GG
