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Legislar por legislar

Por Sara Lovera López*

Las reformas legales sirven para dos cosas: para legitimar los hechos o para encubrirlos.

Hay reformas como el paquete de 15 que se pretende, que busca legitimar el ingreso de capitales privados a la industria petrolera.

Pero hay leyes que se hacen pensando en «incidir» o en una necesidad, pero que no sirven, porque a nadie le importa, porque no está en el interés de los políticos en turno y muy pronto se convierten en discursos vacíos y demagógicos.

Nadie conoce de qué se trata la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y todavía existen funcionarias que no tienen idea del contenido de las diversas y variadas leyes sobre la violencia contra las mujeres.

Sirven, eso sí, para justificar discursos oficiales. Los que se hicieron del gobierno, como la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, se llenan la boca: «estamos construyendo políticas públicas para parar la violencia… blablablaa.

En muy pocos días leí en los diarios sobre 7 asesinatos de mujeres. En la Procuraduría, sólo en el Distrito Federal, se reciben 4 denuncias diarias de maltrato y toda la violencia parece concentrarse «en un solo dolor».

Y esa frase de la diputada Irene Aragón Castillo me devolvió a la realidad. No sé si Irene tiene diploma feminista, ni sé si ha tomado la tribuna los días 8 de marzo o dirige clases u arengas por los derechos de la mitad de la población.

Ni siquiera tenía claro que fuera diputada, pero ha dicho con una razón suprema qué pasa con esto de las leyes, los decires y las realidades de las mujeres.

Irene, reportó Gustavo González en Cimacnoticias, afirmó que es larga la lista de agravios sin solución:

«Eufrosina Cruz, Ernestina Ascencio, Lydia Cacho, las viudas de Pasta de Conchos, las vejadas en San Salvador Atenco, las hermanas triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en el Estado de México y el resto del país; las jóvenes ultrajadas de Castaños, Coahuila, las cientos de mujeres indígenas encarceladas por delitos relacionados con el hambre y la miseria, madres de algún desaparecido político, mujeres migrantes».

Y el reportaje agrega o pone en boca de Irene, todavía más: «Hay que agregar a esta lista las acciones y omisiones institucionales del Estado, de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial que, de manera directa e indirecta, han contribuido a vulnerar los derechos humanos de las mujeres».

Entonces me acordé de la ineficacia de los Ministerios públicos, de los jueces, de los policías. Me acordé de esa tristeza larga de 4 generaciones de viudas de mineros del carbón, de las amenazas a las madres organizadas en Ciudad Juárez y me acordé, sólo entonces, que Irene es de Chihuahua y que tiene dos hermanas, una ex dirigente política, Hortensia y otra periodista, Olga, quienes hacen una trilogía que no necesita pase feminista.

Una de las tres ha sido acusada incluso de misógina, pero fue la primera en poner el dedo en Ciudad Juárez y la primera, también, que se reunió en la Cámara con las mujeres de la sociedad civil y no para darles clases de feminismo, sino para sorícamente (hermandad entre mujeres) acordar con ellas.

La diputada del PRD dice que el impulso, la persistencia y la tenacidad de cientos de mujeres han logrado incidir de alguna manera en el ámbito formal, logrando crear instancias y desarrollar leyes. Y este es el centro de mi reflexión.

Incidir en el ámbito formal no parece ser la solución. Patricia Olamendi, desde la subsecretaría de Relaciones Exteriores, se pasó varios años gastando el dinero de la Federación, con buenas, buenísimas intenciones, para «armonizar las leyes».

En ese tiempo crecía y crecía la denuncia en Ciudad Juárez. Luego se armó la Ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, cuya bonita frase no pudo evitar más de 3 mil asesinatos en 2007.

Lo que quiere decir que no hay justicia, que nos urge la justicia, con reformas legales o sin ellas, porque desde 1929 la violación es un delito, y desde 1976 se aumentaron las penas y 1982 se empezaron a abrir agencias especializadas de delitos sexuales, y Griselda Álvarez fue una gobernadora interesada que abrió el primer refugio, y así siguió una enorme cadena de reglamentaciones, discursos, y se ha demostrado hasta la saciedad el tamaño del problema.

Nunca hubo tanta inutilidad de las palabras, como ahora, en que nos han dolido profundamente las jovencitas Felícitas y Teresa, asesinadas en la región Triqui, como nos siguen doliendo, día a día, las maltratadas, hostigadas, asesinadas en todas partes, y sin justicia. Tal vez habría que desenamorarse de tanta reglamentación y de tanta ley, y de tanta investigación reiterativa.

No hay de fondo nada nuevo en los últimos 30 años respecto de dónde viene la violencia contra las mujeres, y cómo podría desactivarse.

Y los datos y las hojas que demuestran la injusticia también son legendarios. Sería suficiente si se recuerdan y se usan para una gran cruzada activa, real, sin hacerse tontas frente a políticas insensibles, sin gastar los recursos nacionales e internacionales, para no avanzar.

Y para qué seguir. La diputada Irene fue lapidaria en su declaración final, reportada por Gustavo González: «En la Cámara de Diputados la equidad es letra muerta», ya que la aprobación de iniciativas tendientes a garantizar el ejercicio de derechos humanos, como son la salud, la educación y la asistencia, se analizan y dictaminan en función del presupuesto y también de la moral, y si existe un impacto económico, entonces la prioridad social deja de serlo».

Sin más comentarios. En mayo vamos a oír que se conmemora el mes de la salud de las mujeres, a las madres se les da un regalo y se habla de ellas 24 horas y a las maestras, bueno, las maestras pueden solas, también se las analiza en el mes que comienza esta semana.

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* Periodista y feminista mexicana, fue reportera en los periódicos El Día, unomásuno, La Jornada y directora del suplemento Doble Jornada, directora fundadora de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).

08/SL/GG/CV

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