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Legítima autodefensa

Por Cecilia Lavalle

Ernestina murió el lunes 26 de febrero. Tenía 73 años. Pero no murió por ser una anciana. Murió por ser mujer y ser considerada un objeto. Murió a causa de la violación tumultuaria perpetrada por cuatro militares.

Ernestina era una indígena. Vivía en Tetlacingo (o Tetlazinga), un pequeño pueblo de apenas 738 habitantes ubicado en la Sierra de Zongolica, estado de Veracruz. En esa zona casi toda la población es pobre y casi toda es indígena.

Tetlacingo pertenece a un municipio con nombre de mujer: Soledad de Atzompa. De 31 comunidades que tiene, 30 son rurales. Según el último conteo de población (inegi 2005) ahí viven 19 mil 189 habitantes, 8 de cada diez son indígenas y más de la mitad son mujeres.

En toda esa zona desde hace algunos años hay una presencia militar constante debido, dicen, a la existencia de células guerrilleras del Ejército Popular Revolucionario (epr) y del Ejército Revolucionario de los Pueblos Indígenas (erpi).

Pero la población, lejos de aplaudir, padece la presencia militar. Afirman que los soldados del 63 Batallón de Infantería con base en Orizaba y pertenecientes, a su vez, a la 26 zona militar, cometen abusos, agresiones, robo y violaciones a los derechos humanos.

Apenas el pasado 2 de febrero el alcalde Javier Pérez Pascuala presentó en el cuartel militar una carta de protesta porque, a fines de enero, militares en estado de ebriedad destruyeron cultivos de hortalizas y agredieron físicamente a los propietarios de las parcelas.

No hubo respuesta. Miento, sí hubo: 23 días después militares violaron y mataron a Ernestina.

Que legalmente no pueda acusárseles de homicidio es un mero tecnicismo, porque la fractura del cráneo, las graves lesiones anales y la hemorragia interna que le provocó la violación de cuatro militares la llevaron a la muerte. El lunes 26 de febrero, al día siguiente de ser violada, Ernestina murió camino al hospital de Orizaba. Pero la vida le alcanzó para decir que habían sido cuatro militares sus verdugos.

El asesinato de Ernestina provocó tal indignación en la zona, que el mismo día 26, alrededor de 3 mil indígenas de varias comunidades de la Sierra de Zongolica tomaron como rehenes a 150 elementos del Ejército mexicano que estaban en el cuartel. Su demanda era muy sencilla: O nos hacen justicia o nos la hacemos por propia mano.

No los amedrentó el hecho de que los militares estuvieran armados y ellos no. Tampoco los convenció la declaración a la prensa del Procurador de Justicia que dijo, ya se imaginará, que “se actuaría con mano firme para castigar?”

No fue suficiente, tampoco, aunque distendió el conflicto, la intervención del gobernador Fidel Herrera, (a quien le recomiendo “La muerte tiene permiso” de Edmundo Valadés), quien les aseguró que el Alto Mando del Ejército tenía toda la disposición, etc., etc., y les prometió todo el peso de la ley etc., etc.

No han bastado los “apapachos” del gobernador. El día del sepelio de Ernestina las autoridades estatales repartieron a los asistentes 500 platillos de comida; luego se entregaron mil despensas y 200 bicicletas para los indígenas de la región, y les han ofrecido una casa a cada uno de los cuatro hijos de Ernestina.

Es más, no se han conformado con el retiro de los 150 militares destacados en Tetlacingo, su arraigo en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, los interrogatorios a los que, les dijeron, somete el Ministerio Público castrense a los cuatro elementos responsables y a siete militares más que encubrieron el delito, ni el hecho de que los cuatro implicados hayan declarado ante la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia de Orizaba.

No. No les basta. A lo mejor porque cuando denunciaron a militares por la violación de dos indígenas, una niña de 12 y una joven de 18 años, no pasó na-da. En una de esas porque se enteraron que cuando indígenas de otras zonas presentaron denuncias por haber sido violadas por militares no pasó na-da. Tal vez porque ya se hartaron de que no pase na-da.

Esta vez han puesto un ultimátum. En una carta que autoridades indígenas y constitucionales de la zona le enviaron al presidente Felipe Calderón exigen que se castigue a los responsables y que el ejército salga de inmediato de toda la zona. Le recuerdan que “el ejército bajo su mando no se manda solo. Usted tampoco se manda solo”.

Finalizan: “si las instituciones del Poder Ejecutivo y Judicial no responden a nuestra demanda de justicia, nuestro pueblo recurrirá a la legítima autodefensa”.

?Y como nadie nos hace caso, señor presidente, solicitamos su venia para hacernos justicia por nuestra propia mano. Escribió Edmundo Valadés. Y yo me acuerdo de ese cuento, aunque los villanos sean otros. Y ya sabe usted como termina ese cuento. ¿No sabe? No se lo pierda. ¡Pronto, denle un ejemplar al presidente de la República!

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com

07/CL/GG

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