En México, el Gobierno federal ha vuelto letra muerta los convenios internacionales signados acerca de la violencia contra las mujeres, pues ha decidido aplicar la fuerza represiva del Ejército en lugar de garantizar una sociedad libre de violencia, democrática y paritaria de plena justicia.
Así lo señaló Leonor Aída Concha, de la Red Nacional Género y Economía (Redge), durante el primer Parlamento de Mujeres por una vida libre de violencia que se celebró en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Es necesaria, dijo, la revisión de los compromisos internacionales firmado por el gobierno mexicano sobre el tema, pues reina la impunidad de todos los crímenes cometidos contra las mujeres, contexto que es reconocido a nivel internacional y que fue objeto de un acuerdo aprobado por el Europarlamento, el cual cuestiona al gobierno mexicano sobre la impunidad e ineficacia para la solución de los delitos con relación al feminicidio en Ciudad Juárez y los cometidos en todo el país.
En ese sentido, hizo una invitación a nombre de la Marcha Mundial de las Mujeres para adherirse a la Campaña de un millón de firmas con el fin de exigir la seguridad de la vida de las mujeres, el término de la impunidad y exigir la alerta de la violencia de género a la que hace alusión la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, pidió que las mujeres que forman parte del Parlamento se pronuncien a favor de la aprobación de esta Ley en el DF, pues exige a las autoridades una serie de medidas para eliminar la violencia feminicida, que abarca todos los tipos de violencia hasta llegar al crimen, y en la que es posible tomar una serie de medidas.
LEYES INSTRUMENTADAS
Al respecto, la feminista Patria Jiménez aseguró durante su participación que no es suficiente promulgar leyes en contra de la violencia hacia las mujeres sino que éstas deben ser instrumentadas, tener sanciones para quienes las infrinjan, contar con presupuesto para su operación y ser divulgadas para que la ciudadanía las utilice de manera eficiente e inmediata.
Por ello, la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Distrito Federal debe amparar a todas las mujeres y «derrumbar el silencio de las violencias que sufren las mujeres en condiciones vulnerables como las ancianas, las trabajadoras sexuales, las lesbianas, las indígenas, las jornaleras agrícolas y las campesinas».
También debe considerar la segregación laboral y castigar la violencia ejercida dentro del área laboral, no sólo el acoso sexual, sino la falta de equidad y justicia para ejercer derechos laborales que se han conquistado.
Y consideró que la violencia se erradica con solidaridad, compromiso, valor y acciones contundentes: «nunca más una mujer deberá enfrentar la violencia sola», subrayó.
Celebró que el gobierno del Distrito Federal se haya comprometido a erradicar la violencia contra las mujeres y elogió que haya legisladoras y legisladores dentro de la Asamblea Legislativa que apoyan la aprobación de esta ley.
«Nosotras sabremos hacerla letra viva. La violencia no es normal, es criminal acabemos con ella a donde quiera que surja», concluyó.
CIUDAD SEGURA
Por su parte, la pintora Carmen Parra señaló que es imperante desarrollar programas que garanticen el acceso a una vida libre de violencia, mediante una ciudad segura que busque eliminar la violencia urbana contra la población femenina, a través de estrategias de prevención que reconozcan la responsabilidad de las autoridades locales, apuntó.
La violencia contra las mujeres, refiere Parra, constituye una violación básica de los principios de los derechos humanos y un problema de salud pública y de justicia, por lo que es indispensable pedir al gobierno del Distrito Federal, a las autoridades locales y a la sociedad civil elaborar políticas y acciones públicas que contribuyan a erradicar la violencia hacia las mujeres.
Si contamos con una ciudad segura, se contribuirá a fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres y su ciudadanía activa, lo que significa comprometer a las áreas de la administración públicas que por tradición no están involucradas en el tema, dijo.
Asimismo, el gobierno del DF debe incorporar en su política de comunicación de medios un programa dirigido a erradicar la violencia contra las mujeres en esta ciudad, pues las estadísticas señalan que en esta entidad 40 por ciento de las mujeres han sufrido violencia en la calle, consideró.
En la opinión de Parra, debe existir una política pública generada desde el gobierno para combatir dicha práctica. Y el GDF debe tener como objetivo aumentar el fortalecimiento de los derechos ciudadanos de las mujeres, dijo, mediante el desarrollo de estrategias de sensibilización y capacitación de actores sobre el impacto de la violencia contra las mujeres en la ciudad.
07/HVR/GG
