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Ley de comercio sexual provoca enfrentamientos

Por Guadalupe Vallejo Mora

La discusión sobre la iniciativa de una ley que regule el comercio sexual como un trabajo en el Distrito Federal enfrentó a vecinos de las llamadas “zonas toleradas”, diputadas y diputados, así como a sexoservidoras y organismos no gubernamentales.

Todo esto durante un foro sobre el tema, donde se dijo que el número de trabajadoras y trabajadores sexuales alcanza los dos mil en la capital del país, sin contar las “cifras negras” que se esconden en bares, table dance, loncherías y clínicas de masajes o anuncios de periódicos.

Durante el foro Una Visión Integral sobre el Sexo Servicio en el Distrito Federal,
celebrado en el Museo de la Ciudad de México, un grupo de sexoservidoras independientes y vecinos de las colonias Buenavista, San Rafael, Tabacalera, Doctores y Santa María la Rivera, se enfrascaron en una discusión sobre las llamadas “zonas de tolerancia”.

Con el rostro cubierto con máscaras, tapabocas, velos y rebozos, las trabajadoras sexuales rechazaron que se pretenda regular esta actividad y se fije una tarifa para el pago de impuestos.

Las mujeres, que portaban una imagen de la Adelita, fueron interrumpidas por vecinos de algunas calles donde se ejerce el sexoservicio, quienes con pancartas en las manos donde se leía: “Ciudadano, si el sueldo no te alcanza, prostitúyete, el GDF te respalda”, “Funcionarios y prostitutas, mi casa no es tu casa”, “Alto fomento a la prostitución por parte de la delegación del GDF”, reclamaron el tener que convivir con ellas.

Carlos Reyes Gámiz, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa (ALDF), tuvo que intervenir para poner orden, debido a que las agresiones de los asistentes hacia las trabajadoras sexuales subían de tono. Norma Aguirre, del Comité Vecinal de Santa María la Ribera, aseguró que mucho se puede decir del sexoservicio, pero lo cierto es que “yo no quiero que nadie trabaje afuera de mi casa”.

María Claudia Esqueda, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aseguró que en la Comisión se impulsa ya un proyecto de dictamen que busca desechar esa iniciativa, pues “no queda claro si lo que se pretende es cobrarle impuestos a las sexoservidoras y, de ser así qué beneficios tendría para ellas y a dónde irían a parar los recursos”.

Al defender la iniciativa, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Julio César Moreno Rivera –impulsor de la misma-, recordó que la ley pretende justamente regular la actividad. “Entonces, si es un problema que va a seguir, por qué no buscar el justo medio que les permita regular sus derechos y, por su puesto, obligaciones tanto para ellos como para los vecinos”.

“Lo peor que nos puede pasar es que las cosas se queden como están, porque así sí sería ganancia de lenones, padrotes, policías… y en general autoridades que se dedican a extorsionar a quienes la ejercen, porque por desconocimiento las y los sexoservidores creen que es un delito, cuando se trata de una falta administrativa.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, consideró riesgoso proponer que el sexoservicio se equipare al trabajo no asalariado sin contar con un diagnóstico preciso sobre este tema. Dijo que se debe ver con cuidado el tema para no mandar mensajes equivocados.

En el mismo foro, Alejandra Gil, presidenta de la Asociación APROASE, A.C., que integra a cerca de 200 sexoservidoras de las calles de Sullivan, avaló la decisión de aprobar una iniciativa de ley que equipare su actividad como trabajo no asalariado. El ventilar el tema permite conocer las diversas posturas que hay sobre el mismo, “algo que no había pasado durante mucho tiempo”.

“De lo que dudamos mucho es de las cuotas que se nos pretende cobrar porque nos preguntamos qué se va hacer con el dinero que recauden; ¿nos va a beneficiar, se nos va hacer un fondo?… No lo entiendo”.

En tanto, Teresa Ulloa, directora regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, aseguró que antes de impulsar una ley de sexoservicio se deben garantizar los derechos humanos y sexuales de las mujeres y las niñas. “Intentaríamos un juicio constitucional para que no entre en vigor”, adelantó.

2005/GV/GM

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