El 7 de noviembre pasado el PAN de Nuevo León, a través de una de sus diputadas, presentó la iniciativa de Ley de Familia. En sus argumentaciones se esgrime una aparente buena voluntad para dar protección a la familia procurando su desarrollo y fortalecimiento, reconociéndola como el núcleo primigenio del desarrollo individual.
Sin embargo, la iniciativa se funda en que la familia es una institución de carácter natural y llama a proteger la relación íntima, duradera y solidaria de sus integrantes a partir de la preservación de los usos, costumbres y valores, cuestiones inscritas en la ortodoxia religiosa cuyo principio se deriva de los acuerdos del Congreso Mundial de la Familia, organizado por instituciones y organizaciones sociales de corte derechista, también por organizaciones de tipo religioso y además por las autoridades del DIF Nacional en el sexenio pasado.
El Tercer Congreso Mundial de la Familia, organizado en México en el sexenio de Vicente Fox, fue resultado del compromiso de este señor con la derecha que lo apoyó para llegar a la Presidencia en el 2000. Entre los compromisos asumidos que no logró concretar estaba la modificación del Artículo Tercero Constitucional que se pretende tenga el sentido precisamente de esta iniciativa presentada en Nuevo León.
Por eso, es importante que esta iniciativa sea conocida por la opinión pública y las organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos humanos, especialmente de las mujeres, ya que establece, entre otras cuestiones, que para proteger la integración y desarrollo de la familia, el Estado debe tomar medidas de carácter político, económico social y jurídico hacia su consolidación, unidad y estabilidad para cumplir su función específica de enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios integrantes.
En un doble lenguaje señala que todos los miembros de la familia deben contribuir responsablemente a la convivencia estable e integrada, al cuidado y la protección de sus miembros por medio de la permanencia y estabilidad de sus relaciones interpersonales.
Es una preocupación constante referir la protección prioritaria por parte del Estado de la unidad familiar y se señala que la perspectiva de familia que es el derecho –de la familia– a gozar de un marco jurídico que impida entre otras cuestiones cualquier forma de discriminación o problemáticas destructoras de su unión, para lo cual se debe respetar sus costumbres, tradiciones, cultura, religión o creencias.
No se necesita mucha ciencia para entender que esta iniciativa de ley toma los acuerdos del Congreso Mundial de la Familia para contraponer la perspectiva de familia a la perspectiva de género, mecanismo construido precisamente para la resolución de la inequidad y desigualdad que, por condición de género, viven las mujeres, sustentando su funcionamiento en la adopción de medidas y directrices hacia el goce de los derechos humanos de las mujeres, como un requisito fundamental hacia su adelanto, desarrollo, plena ciudadanía y libertad.
La iniciativa establece que el Estado debe informar a la sociedad sobre las implicaciones de los medicamentos y de los procedimientos tendientes a lograr la contracepción, esterilización y el aborto, así como el conocimiento de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad y que los cónyuges decidan de manera conjunta sobre los mismos.
El Título Tercero de la iniciativa sobre la educación de las y los hijos contraviene de manera premeditada al Artículo Tercero de la Constitución, intención por demás conocida por quienes desde el oscurantismo siguen insistiendo en el retroceso de nuestras garantías sociales y refrenda la preocupación de las derechas de este país porque los padres sean los primeros y principales educadores de sus hijos a partir de su derecho originario, primario e inalienable.
Los artículos están redactados con base en prejuicios que no sólo denostan y transgreden la Carta Magna, sino al Estado, al que le confieren el deber del apoyo subsidiario a los padres para la realización adecuada de la función educadora de éstos.
En el Título Cuarto sobre medios de comunicación señala que el Estado promoverá que los medios de comunicación social sean instrumentos positivos para la construcción de la sociedad, el fortalecimiento de la familia y la perspectiva de familia.
En el siguiente título es degradante que se circunscriba a la madre al trabajo en la casa en un claro retroceso respecto de que la división sexual del trabajo es un factor estructural de las desigualdades e injusticias contra las mujeres y sus derechos.
No es la intención de esta iniciativa reconocer la composición y constitución de la diversidad de las familias mexicanas las cuales están debidamente censadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y por el Consejo
Nacional de Población (Conapo).
IRREALIDAD Y FUNDAMENTALISMO
El contexto de la iniciativa se basa en una irrealidad, en los deseos de lo que la ultraderecha fundamentalista quisiese fuese la familia y le imputan derechos que deben prevalecer para su protección, los cuales están por encima de las garantías individuales de las personas que la integran y que en esta iniciativa ni siquiera son considerados.
La presentación de la misma corresponde a los acuerdos tomados en estos congresos de la familia que ordenan a los legisladores católicos a promover leyes de este tipo y no es casual que el grupo parlamentario del PAN en este Estado del norte del país la presente ya que, de 42 integrantes en el Congreso local, 22 lo son de Acción Nacional. De tal forma que, si se lo proponen, pueden dictaminar favorablemente la iniciativa obviando si es acorde o no al marco jurídico mexicano y al derecho internacional.
De concretarse esta ley de familia, el panismo de Nuevo León provocará una reacción que seguramente llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es que antes no la veta el Gobernador de la entidad, porque además de violatoria de la Constitución Política de nuestro país, también es violatoria de los preceptos inscritos en el marco jurídico del Estado, es especial del Código Civil de Nuevo León.
Las voces de la sociedad progresista y democrática, del movimiento feminista y amplio de mujeres, así como de las organizaciones de derechos humanos, deben expresarse en contra de esta iniciativa porque constituye un retroceso. Es a todas luces discriminatoria, tendenciosa y contraria a derecho porque está inscrita en contra de las garantías que refieren la no discriminación por motivos de género, edad, preferencias, condición social, religión, estado civil o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
*Ex diputada federal, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consultora de Unicef.
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