Con la nueva Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres aprobada la semana anterior en la Cámara de Diputados, México se suma al largo reto que han tomado algunos países europeos. Solamente le falta la rúbrica presidencial.
La nueva ley, impulsada en un principio desde el Senado por la legisladora poblana Lucero Saldaña, es una de las más avanzadas de la región puesto que ofrece las reglas para impulsar la participación femenina en todos los ámbitos, sienta las bases de la acción gubernamental, con lo que se amplía la acción de los institutos de las mujeres.
Pero, de acuerdo con la iniciativa, al dejar la vigilancia en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) –organismo autónomo—deja abierta la posibilidad de un monitoreo apartidista.
La nueva ley amplía la que creó el Instituto Nacional de las Mujeres y los institutos estatales que según la doctora María Luisa Tarrés, enfrentó obstáculos políticos, religiosos, financieros y legales y por ende, la aplicación de políticas públicas porque es común pensar que género es equivalente a mirar a las mujeres «como reproductora biológica y social.»
La nueva Ley define por ello la igualdad en el terreno internacional de los derechos humanos, acorde con las convenciones internacionales y los principios que dieron lugar a ellas desde el movimiento feminista.
Busca establecer un sistema de transversalidad de género que deberá formar parte del Plan Nacional de Desarrollo acorde a la Ley de Planeación y obliga a los congresos estatales a modificar sus legislaciones y perfeccionar el marco jurídico de los Institutos de las mujeres.
Se incluye la obligación de dar fondos para la igualdad; promover liderazgos femeninos, asegurar la participación política de ellas y un sistema de estímulos y certificación para instituciones públicas y privadas.
PEQUEÑO PASO Y GRAN SALTO
Ninguna ley o decreto cambia la cultura en un día, pero se camina. Un ejemplo nuevo es España, donde el 2 de marzo pasado el Consejo de Ministros del gobierno español aprobó el anteproyecto de la Ley de Igualdad que incluye numerosas medidas laborales, políticas y sociales orientadas a evitar la discriminación entre hombres y mujeres.
El texto, que se discute en el Congreso, puntualiza que los partidos políticos tendrán la obligación de elaborar listas electorales paritarias, es decir, que el número de personas de cada sexo no sea superior al 60 por ciento ni inferior al 40 por ciento.
Tiende a la protección de las mujeres trabajadoras para garantizar un ambiente sin acoso laboral y con mayor corresponsabilidad familiar, así como revertir la situación de discriminación salarial.
Discriminar en el trabajo costará dinero a las empresas que no cumplan con el plan de igualdad en los términos previstos y considerará una infracción muy grave «el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, capacidad, edad y orientación sexual así como el acoso relacionado con el sexo».
El Consejo de Ministros también aprobó otras medidas dirigidas a favorecer a las mujeres como el Observatorio contra la Violencia de Género, un Plan de Acción para Mujeres Discapacitadas y un Real Decreto para favorecer su acceso al Cuerpo de Policía.
Ali Harris, gerente de proyecto de Igualdad y Diversidad en la organización británica Citizens Advice Bureau, explicó que la mayor parte de denuncias en el Reino Unido son presentadas por mujeres embarazadas que son discriminadas de alguna forma en su trabajo, pese a la prohibición expresa de esta forma de discriminación desde 1976.
A estas denuncias se suman aquéllas de discriminación por preferencia sexual o nacionalidad, dijo Harris en entrevista con la agencia Artemisa Noticias. Cada año 5 millones de personas se acercan o llaman a su red de ONG en todo el Reino Unido. De esos, 45 mil son casos de discriminación.
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