La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) será remitida al Parlamento, en los términos que ya son conocidos, señaló el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, «con respeto a lo que hayan dicho o no los órganos consultivos».
Al término del Consejo de Ministros en Palma de Mallorca, el Ejecutivo señaló que el Gobierno no asumirá ni una sola de las críticas planteadas por el Consejo Fiscal a la Ley de la IVE, ni la división mostrada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su pleno del jueves le hará desistir de los polémicos preceptos contenidos en el anteproyecto legislativo.
La intención del Ejecutivo es sacar adelante la ley en el último período de sesiones de este año y fuentes gubernamentales aseguran que existe disposición a dar marcha atrás en aspectos muy concretos de la propuesta; fundamentalmente, en los que permitirían que las menores de entre 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin conocimiento paterno.
Pero el Presidente dejó claro que si hay cambios será durante la negociación parlamentaria porque el Gobierno no moverá el texto elaborado por el Ministerio de Igualdad que dirigela Ministra BibianaAído.
El hecho de que, por primera vez, el CGPJ haya sido incapaz de llegar a un acuerdo sobre la viabilidad jurídica de una norma tampoco mereció reflexión especial del presidente.
La portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, dio a entender que las discrepancias que impidieron aprobar el informe no son sino un reflejo de las posiciones encontradas que la nueva legislación provoca en la sociedad.
El resultado del debate producido en el seno del CGPJ no es ajeno a la composición de este órgano negociada por Zapatero y Rajoy hace un año.
En aras de un acuerdo que desbloquease la renovación, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se avino a equiparar el número de vocales conservadores y progresistas (9 y 9) y a ceder dos puestos al Partido Nacional Vasco (PNV), Margarita Uría, y a Convergencia y Unión (CiU), Ramón Camp. Y, además, el jefe del Ejecutivo optó por un presidente, Carlos Dívar, de profundas convicciones religiosas.
DIVAR Y SU VOTO NEGATIVO
Fue la abstención de Camps y el voto en contra de Dívar lo que impidió que el dictamen elaborado por Uría saliera adelante y es probable que en el futuro se produzcan situaciones similares.
Zapatero, con todo, se ratificó en su apuesta. «Siempre he respetado a los órganos institucionales y respeto a su presidente, que tiene derecho a tener su criterio sobre cualquier cuestión», alegó.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, criticó que los vocales del CGPJ no hayan tenido la «altura institucional» para alcanzar un acuerdo en relación al proyecto de Ley del Gobierno.
García se refirió, de esta forma, al hecho de que el CGPJ no ha logrado consensuar un dictamen sobre la reforma.
09/GG
