Al relacionar el reciente decreto de Ley de Paternidad Responsable, que contempla la comprobación del vínculo a partir de pruebas de Ácido Desoxirribonucléico (ADN), con un Ministerio de la Familia, en un proyecto llamado «la ruta de la esperanza», se busca criminalizar todas las formas de interrupción del embarazo y los métodos anticonceptivos.
Así lo señaló la periodista Carolina Vásquez Araya en su columna La huella genética, quien refirió que el decreto 39-2008 sancionado por el presidente Álvaro Colom y ha sido cuestionado por organizaciones de mujeres, quienes consideran que debilitará a la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem).
A decir de Vásquez, el concepto de familia es relativo en un país como Guatemala, donde impera la violencia familiar, el abandono de los hijos y el abuso sexual, sin leyes que castiguen esos delitos de manera ejemplar.
Según la periodista, en Guatemala los porcentajes de madres solteras y adolescentes están entre los más elevados de América Latina y esas mujeres son cabeza de núcleos familiares, a veces, mucho más funcionales que los de una pareja tradicional unida por un vínculo legal.
Cifras oficiales revelan que un 19.9 por ciento de mujeres en el área metropolitana de Guatemala son madres solteras y en la provincia la media asciende al 28 por ciento.
Colom dijo que con la normativa, al declarar la paternidad, las madres de familia podrán reclamar el pago de pensiones alimenticias, que oscilan entre los 500 y cinco mil quetzales.
Pero Vásquez destacó que hay diversas dudas acerca de la Ley de Paternidad Responsable, pues si actualmente muchas de las demandas alimenticias que se presentan a los tribunales rara vez culminan con una sanción contra padres irresponsables, no es difícil imaginar qué sucederá cuando se agregue el procedimiento de análisis genético como un requisito adicional a los expedientes.
De acuerdo con la columnista, los problemas relativos a la procreación tienen mucho que ver con la incapacidad o la indiferencia institucional del Estado para establecer políticas públicas adecuadas y realistas en los ámbitos de la educación, acerca de sexualidad y reproducción dirigidas a niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Existe una incapacidad del sector justicia de perseguir los crímenes sexuales y de violencia familiar, los cuales están considerados como parte de la cultura, subrayó la profesional.
Finalmente, Vásquez enfatizó que al asociar la normativa, recientemente sancionada, con el Ministerio de la Familia, el presidente está respondiendo a las consignas de los sectores más conservadores, dejando a un lado las demandas de las mujeres, quienes constituyen más del 50 por ciento de la población.
Por su parte, Hilda Morales, de la Red de la No Violencia contra la Mujer, afirmó que la sanción de la Ley de Paternidad es una buena medida, pero se deberá agilizar el proceso de elaboración de pruebas de ADN, pues en el país no hay infraestructura para realizar dicha prueba
Por su parte, Andrea Barrios, del Sector de Mujeres, consideró que con la aplicación de esta normativa se espera que se reduzcan los altos índices de madres solteras.
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