Ley de protección a la infancia olvida a las niñas migrantes

La Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que envió el Ejecutivo al Congreso y que se discute en el Senado carece de un enfoque de Derechos Humanos (DH) y de género, además de que promueve un sistema persecutorio contra las y los menores de edad migrantes no acompañados, por lo que debe discutirse con la sociedad civil, demandó el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM).
 
El pasado 1 de septiembre, el Ejecutivo federal envió al Senado con carácter de “preferente” la propuesta de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que entre sus apartados pretende regular la situación de las y los menores de edad que emigran solos.
 
No obstante según el GTPM (integrado por organizaciones civiles como el Instituto de la Mujer en la Migración y Sin Fronteras), esta iniciativa de reforma no garantiza el interés superior de la niñez, crea un sistema persecutorio contra las y los niños migrantes, discrimina a esta población, y no considera a menores de edad acompañados, mexicanos o nacidos en el extranjero.
 
Además, carece de una visión de DH, se centra en lo asistencial y no reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, según criticaron las agrupaciones.
 
Cabe señalar que, aunque no lo mencionaron las y los activistas, la iniciativa también carece de un enfoque de género y no plantea acciones específicas para atender a las niñas que viajan no acompañadas, y padecen vejaciones como violencia sexual y trata de personas.
 
Por esto, los organismos civiles llamaron al Ejecutivo y al Congreso de la Unión para que realicen un debate “democrático y de fondo” sobre esta propuesta legislativa conocida como Ley NNA.
 
Y exigieron que se recupere la opinión de diversos actores como la niñez migrante, la academia y los grupos civiles enfocados al tema migratorio. 
 
Según un pronunciamiento enviado por el GTPM, la propuesta del Ejecutivo no reconoce el tema de la movilidad humana en sus diferentes manifestaciones y no contempla los contextos migratorios, temporales o permanentes, en los que la niñez vive actualmente, por lo que desprotege a su propia población en desplazamiento.
 
En el tema de migración, las y los activistas criticaron que la Ley NNA –al igual que la Ley de Migración– sólo hace referencia a la niñez no acompañada, pero ignora al resto de las y los menores de edad que viajan con alguno de sus familiares (principalmente sus madres) y que también afrontan riesgos y vejaciones.
 
Asimismo, la ley omite la responsabilidad del Estado para proteger a toda la población dentro de su territorio y la necesidad de iniciar investigaciones profundas sobre las causas de la migración.
 
Las y los expertos también criticaron que la ley no es suficiente ni adecuada en el caso de las y los menores de edad no acompañados, ya que la iniciativa no ofrece avances para la protección de sus derechos, sino que al contrario antepone su situación migratoria irregular a sus derechos.
 
También acusaron que la Ley NNA no prevé soluciones a los temas de tutoría y guarda y custodia; como tampoco a los de privación de la libertad y la asistencia jurídica.
 
En contraste, la iniciativa reafirma al Instituto Nacional de Migración (INM) como la autoridad competente para decidir el destino de  las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con sus funciones de control migratorio y gestión expedita de los flujos migratorios irregulares.
 
Además, de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, se crearía un sistema persecutorio –como lo tuvo la Ley General de Población antes de la reforma de 2011– que establece que todas las autoridades que estén en contacto con una o un menor de edad tienen el deber de notificar inmediatamente al INM para que éste resuelva su situación migratoria.
 
Los organismos civiles detallaron la necesidad de una reforma legal y política en el tema, que desarrolle mecanismos efectivos de accesibilidad y protección de DH que se adapten a las diferentes realidades y problemáticas que viven las niñas, los niños y adolescentes a lo largo del territorio nacional, sin importar su nacionalidad.
 
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