De aplicarse la modificación al Artículo 64 de la Ley General de Salud, realizada por la Cámara de Diputados en marzo pasado, miles de parteras indígenas de 12 entidades del país, que atienden cada año a 370 mil mujeres en comunidades rurales e indígenas, tendrán reconocimiento, acceso a la educación, atención y certificación.
Serán las autoridades sanitarias quienes por obligación establecerán los mecanismos para la educación, reconocimiento, atención y certificación de las parteras, quienes auxilian a otras mujeres en localidades donde la muerte materna es un fenómeno persistente.
La acción de las autoridades sanitarias en apoyo a las parteras es trascendente pues, de acuerdo con un informe de los avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre mortalidad materna en México, dado a conocer en 2005, el 75 por ciento del total de las defunciones maternas se concentra en 12 entidades con los niveles más altos en los estados del centro y del sureste mexicano, con población mayoritariamente indígena.
Datos oficiales indican que en Guerrero la tasa de muerte materna es de 70, pero en las zonas indígenas es de 283. En Chiapas, mientras su tasa de muerte materna es de 70, en las zonas indígenas de la entidad es de 110; y en Oaxaca, la tasa estatal es de 58, que contrasta con la de 120 en sus zonas indígenas.
Esto significa que las mujeres que habitan en municipios predominantemente indígenas tienen poco más del doble de riesgo de morir por una causa materna que las mujeres que habitan en municipios no indígenas.
PARTERAS EN ACCIÓN
La importancia de las parteras rurales radica en el número de mujeres embarazadas que atienden pues, de acuerdo con cálculos gubernamentales, cada una de ellas se encarga al menos de seis partos anuales.
En 2005, la Secretaría de Salud reportó la existencia de 22 mil parteras, misma que atienden cada año a 370 mil mujeres, curan a las familias y aconsejan sobre planificación familiar en lugares donde ningún médico llega, señala un estudio de la dependencia.
Con base en la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud de México, en las comunidades menores de dos mil 500 habitantes, el 44.5 por ciento de los partos son atendidos por parteras y en poblados de dos mil 500 a veinte mil habitantes la atención que ofrecen es del 23.7 por ciento.
En varias entidades del país, las parteras tradicionales indígenas están organizadas en agrupaciones locales, regionales o estatales. Tan solo en Chiapas, el Consejo Estatal de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas aglutina a diez organizaciones regionales.
En Veracruz, de las 700 mujeres identificadas como parteras rurales en regiones indígenas, 300 de ellas se encuentran adheridas a las 11 organizaciones de médicos tradicionales indígenas de la sierra de Zongolica, las cuales trabajan en coordinación con la Secretaría de Salud y el sistema IMSS Oportunidades (Cimacnoticias, 31 enero 06) .
Y en Oaxaca, con alta presencia de población indígena, las autoridades sanitarias de la entidad calculan que hay alrededor de 800 parteras, aunque no se sabe con certeza el número exacto de mujeres que atienden a otras mujeres en su proceso de embarazo, parto y puerperio.
En esa entidad, las parteras están también agrupadas en organizaciones como Ticime (parteras, en náhuatl), que desde 1991 sirve como punto de encuentro para intercambiar entre ellas sus conocimientos, pero también para vincularse con otras asociaciones que fomenten su desarrollo.
RECONOCIMIENTO
La tarea de las parteras en comunidades rurales e indígenas es valorada y respetada desde la época prehispánica. Pero desde otros ámbitos, el proceso de reconocimiento a estas mujeres ha ido avanzando poco a poco entre la población y entre las instituciones de salud.
Ejemplo de ello es el proceso de formación y certificación de parteras en el Distrito Federal, Campeche, Morelos, Michoacán, Yucatán y San Luis Potosí, conforme a los lineamientos de las normas técnicas respectivas, llevado a cabo por el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral de la Secretaría de Salud, según un documento sobre avances del Plan Nacional de Salud 2001-2006, publicado en la página web del Consejo Nacional de Salud.
Durante ese proceso, dice el documento, en 2005 se capacitó a 43 evaluadores y se evaluó a 866 parteras tradicionales, de las cuales 668 lograron su certificación. La meta era «lograr certificar con estos criterios a todas las parteras tradicionales registradas en el país, lo que permitirá mejorar la calidad de la atención materna en áreas rurales dispersas y marginadas».
En forma paralela, organizaciones de la sociedad civil brindan apoyo a las parteras. En 2002, por ejemplo, Ticime recibió un donativo de la asociación civil Semillas para realizar un proyecto de educación para la detección de riesgo durante el embarazo, parto y posparto, con un grupo de parteras indígenas ikoods o huaves en San Mateo del Mar, Oaxaca. Y en 2007 Semillas le otorgó otro donativo para que se formara en desarrollo de recursos, como parte de su proceso de fortalecimiento institucional.
NUEVO APOYO
Ahora, por ley, los organismos de salud deberán apoyar, capacitar y dar formación a través del reconocimiento oficial de una certificación. Aún más, se habla de la aportación de recursos económicos por parte de las instituciones de salud federal, estatal y municipal.
Con la modificación a la Ley General de Salud, señaló la diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, se busca una mejor armonía entre la comunidad y se deberán atender –como marca la Constitución en su Artículo 2, fracción 3ª del Apartado B– las carencias de los servicios de salud que tienen los pueblos indígenas y que repercuten en las altas tasas de muerte materna.
08/GGL/GG/CV/GG
