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Ley de Vida sin Violencia llega en buen momento: Tagle

Por Hypatia Velasco Ramírez

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia llega en un buen momento: 9 millones de mujeres en el país -pobres y ricas- reconocen hoy ser víctimas de violencia y en el 30 por ciento de los hogares ocurre violencia familiar, según el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), dijo Marta Tagle, diputada del partido Convergencia.

Esta Ley, indicó durante un foro sobre violencia en Guatemala, realizado recientemente, ha removido conciencias, prácticas culturales y costumbres que estereotipaban la vida cotidiana y el maltrato a las que se tienen sometidas a millones de mujeres.

Busca dotar a la sociedad del conocimiento necesario para reconocer en qué momento se inicia o se está ante un proceso de violencia y cuál es el papel que asumen las mujeres y los hombres como víctimas o agresores.

La Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de febrero, tiene como principio alcanzar la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, respeto a la dignidad, la no discriminación y la libertad a las mujeres. Y considera cinco tipos de violencia de género: Psicológica, Física, Patrimonial, Económica y Sexual.

Es una legislación “avanzada, perfectible, humana y con innovaciones que en ocasiones son difíciles de entender” porque, sin ser analizada desde su justa dimensión, atemoriza a quienes cotidianamente han ejercido o ejercen violencia contra las mujeres.

Tagle reconoce que, aunque es una medida en favor de las mujeres, “no habrá una cascada de demandas ni sanciones injustificadas, pues una mujer cuando es víctima de violencia sistematizada no demanda por revanchismo o venganza, sino porque decide poner fin a una situación que le afecta”.

Asimismo, explicó que se prevé la intervención de expertos en psicología, trabajo social, criminología, medicina legal y financiera para fijar la gravedad de la situación de violencia y tomar las medidas pertinentes. Una vez realizados los procedimientos establecidos por la Ley, los jueces dictarán sus fallos.

Un acierto de la Ley, afirma Tagle, es la creación de refugios para brindar protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Ahí tendrán apoyo médico, psicológico y legal de forma gratuita, por lo que se requiere la reasignación de recursos, reformulación de procedimientos administrativos y de capital humano que ya existen, pero que no se emplean o canalizan en este sentido.

También fortalece al Ministerio Público, con el fin de superar la falta de observancia de los derechos de las mujeres, además de que establece cuáles serán los criterios de la violencia y la creación de un Banco de Datos sobre casos de violencia de género.

Por otra parte, serán introducidas paulatinamente en el escenario social nuevas escalas de valores, cimentadas en el respeto de los derechos, las libertades fundamentales, la igualdad entre mujeres y hombres y el ejercicio pleno de la liberta y la tolerancia.

Y para lograr la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, explicó, esta legislación busca establecer una coordinación estrecha entre la federación, las entidades federativas y los municipios, a través de un Sistema Nacional y un Programa Integral.

Esta Ley se debe aplicar “sin distinción alguna”, sin importar el credo, partido político raza o clase social de las personas.

CIFRAS

El 8 por ciento de las mujeres mexicanas sufren violencia sexual; el 9 por ciento son objeto de violencia física; 27 de violencia económica y 34 de violencia psicológica, según el INEGI.

Asimismo, el Inmujeres reportó que durante 2006 se recibieron 34 mil 356 llamadas denunciando violencia de género, cifra que representa un incremento del 67 por ciento con respecto al 2005.

Según información presentada por la diputada Tagle, una de cada cinco muertes violentas de mujeres suceden en el hogar y los hombres son los principales agresores, al representar el 91 de los casos reportados por cada 100.

Estados como Baja California Norte y Sur, Coahuila, Michoacán, Campeche y Quintana Roo figuran entre las entidades donde las mujeres sufren mayor incidencia de violencia física por parte de la pareja, con proporciones que van de 11 a 18.5 por ciento.

Entre 2000 y 2005, en el Estado de México 1961 mujeres fueron asesinadas, mientras que en el Distrito Federal la cifra fue de 682; en Oaxaca 425; en Chihuahua 383; Guerrero 378; Michoacán 367; Puebla 340; Jalisco 31; Veracruz 293, y en Chiapas 274.

Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que nuestro país pagó 143 mil 868.8 millones de pesos en 2006 por las consecuencias de la violencia, como las faltas laborales por parte de las mujeres violentadas, gastos de hospitalización y atención de las consecuencias de la violencia física.

Tagle declaró que en nuestro país 29 entidades federativas tienen una ley administrativa de prevención, atención y sanción de la violencia familiar.

En 20 entidades federativas se establece como causal de divorcio, en 27 se establece como delito y en 7 la violación entre cónyuges es un delito.

07/HVR/GG

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