Las y los periodistas en México no tienen garantía alguna sobre su seguridad, pues cuando son agredidos no hay ley que castigue los agravios, ni autoridad que se haga responsable, por el contrario son estas instancias, las encargadas de la impartición de justicia, quienes pueden violentarlos.
Así lo dijo hoy la abogada Perla Gómez Gallardo, durante una conferencia de prensa en el Club de Periodistas, donde se abordaron tres casos de ataques a la libertad de expresión, mediante acusaciones judiciales de «daño moral» y cuyos procesos aún no terminan: el de Ana Lilia Pérez, Nancy Flores, Miguel Ángel Granados Chapa, Alfredo Rivera Torres, Miguel Badillo, Jorge Meléndez, Eduardo Huchim, Rubén Lara, Luis Soto, Abel Barajas y Víctor Fuentes.
De acuerdo con la abogada Perla Gómez, en el país «no hay justicia; hay legalidad», es decir, «si no está en la norma no tenemos derechos. Así que aspiramos a la justicia a través de la legalidad, pero ¿qué pasa cuando la ley corre en contra del periodista?», cuestiona.
Y responde: «cuando una o un periodista es agredido, la ley no responde, no hay federalización, no hay una autoridad responsable; la propia autoridad es quien puede cometer las agresiones», afirma.
Gómez Gallardo es abogada de los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa y Alfredo Rivera Flores, quienes desde hace cuatro años y medio enfrentan una demanda por «daño moral» interpuesta por el diputado federal Gerardo Sosa Castelán, después de la publicación de la obra La Sosa Nostra: Gobierno y Porrismo coludidos en Hidalgo, que prologó el autor de la columna Plaza Pública y escrito por Rivera Flores.
Cuando la o el periodista es el acusado de violar la ley al infringir «daño moral», cuando atenta contra «el honor» de personas como el diputado Sosa Castelán –explicó la abogada especialista en libertad de expresión– entonces «la ley sí está dispuesta en la vía penal, como todavía puede hacerse en dos terceras partes del país, y acusarlos de delitos contra el honor, como difamación, calumnia, injuria y el daño moral».
Para la abogada, «lo preocupante de estos casos no sólo es lo frívolo, improcedente y temerario de las demandas, sino que en el país todo mundo puede demandar para que un juez le diga que no tuvo razón, y convierten un juicio en la pena en sí misma».
Muestra de ello, señaló, es el proceso judicial por el que han atravesado durante 4 años y medio el autor del texto y el columnista Granados Chapa, también fundador de la revista Proceso, cuando en términos de las normas mexicanas tendría que haberse emitido una sentencia como máximo a los 8 meses de entablada la demanda.
Por la vía penal, los juicios representan para las o los acusados una sanción por la pérdida de dinero y tiempo que invierten en ellos. Y esto, aseguró, «es lo perverso de la legislación mexicana, que no está garantizando el derecho a la libertad de expresión».
Ante este panorama, mostró su preocupación porque «en México es delito documentar de manera académica y sistemática». Así sucedió con la obra La Sosa Nostra, pues la Octava Sala del Poder Judicial descartó como «indicio de licitud» para una obra el registro de los derechos de autor, aunque el texto aborda, como dice la editorial que lo publicó, «las redes de poder dentro de la universidad y el daño que puede hacer quien privilegia sus intereses particulares a los intereses generales».
JUEGO DE SORDOS
El sistema judicial en nuestro país, sentenció Gómez Gallardo «es un juego de sordos: ni los jueces conocen derechos, ni las partes lo hacen valer». E incluso en algunas cuestiones técnicas representan «una afrenta a la decencia en México, hablando de decencia como ética pública».
Por su parte, el también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Ángel Granados Chapa, refirió que el juicio no le afectó de manera emocional, pero representó un proceso «lento y fatigante», resultado de «una extensión natural» de los alcances del diputado Gerardo Sosa, quien «es capaz de recurrir a cualquier instrumento para conseguir sus propósitos».
Este tipo de procesos, añadió, significan para las y los periodistas acusados una pérdida económica, lo cual no fue su caso, ya que contó con el apoyo económico de la organización civil Libertad de Información, que solventó los gastos de su brillante defensa, encabezada por la abogada Gómez Gallardo.
Por último, el columnista de Plaza Pública afirmó que siempre recuerda el consejo de Manuel Buendía, asesinado en 1984, quien fuera su jefe y amigo: «nunca hay que escribir nada sobre una persona que uno no pueda decirle en una conversación».
DOS MUJERES ACUSADAS
Ana Lilia Pérez y Nancy Flores, reporteras de la Revista Contralínea; Jorge Meléndez, articulista de dicha publicación, y Miguel Badillo, director de la misma, enfrentan también demandas por daño moral, a raíz de que en febrero de 2008 en la revista se dieron a conocer los contratos de empresarios y altos funcionarios públicos y políticos del país en Petróleos Mexicanos (Pemex).
Las y los periodistas enfrentan varias demandas judiciales por parte de empresarios del sector energético y han recibido hostigamiento y amenazas. Pérez y Badillo tienen además órdenes de aprehensión en su contra y éste fue detenido en días pasados por «desacato» a una orden judicial. La reportera no fue detenida, pero tuvo que esconderse en tanto no hubiera un amparo.
«Es el costo que he pagado por revelar, hace casi un año, los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño, y por investigar y publicar los negocios en Pemex de otros empresarios vinculados con él y con quien hoy ostenta el cargo de presidente de la República», dijo en la conferencia el Director de Contralínea.
SEIS PERIODISTAS
Otro caso del que se habló en la conferencia de prensa de hoy fue el de seis periodistas acusados también por «daño moral» por la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) Consuelo Villalobos Ortiz, quien exige una indemnización de 6.5 millones de pesos.
Los periodistas acusados son Rubén Lara León, Luis Soto, Eduardo R. Huchim, Abel Barajas, Víctor Fuentes y, en un principio, «Fray Bartolomé o la persona física que use este seudónimo», pero a quien después se retiró la acusación.
Los artículos de opinión que inconformaron a la magistrada Villalobos fueron publicados en la revista Emeequis, en febrero de 2008 y en julio del mismo año, referidos a cuestiones de interés público, que revelaban irregularidades en la compra y/o remodelación de tres edificios de tribunales, entre ellos el del TFJFA.
09/GCJ/GG
