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Leyes de trata: maraña institucional ineficaz contra el delito

Por Guadalupe Cruz Jaimes

La ley nacional y las 16 legislaciones locales para el combate de la trata de personas son inoperables porque carecen de presupuesto y claridad en la definición de las facultades de las instituciones encargadas de atender el problema, afirmaron especialistas.

A ello se suma la falta de voluntad política de las autoridades para prevenir, atender y sancionar el delito de trata, aseguró Emilio Muñoz, director del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local.

De acuerdo con el activista, el otorgamiento presupuestal para estas leyes queda a la “libre voluntad” de los congresos federal y de los estados, por lo que “las deja inoperables”. Esa situación permite que la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral siga “creciendo”.

La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en 2007 en el Diario Oficial de la Federación, no atiende la trata interna y se basa en la trata internacional, por ello las entidades federativas comenzaron a crear sus propias legislaciones a partir de 2008.

Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Tlaxcala y Quintana Roo son algunas de las 16 entidades que crearon una ley para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cada año en México 20 mil personas son tratadas con fines de explotación sexual o laboral.

Según cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, el 80 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas, y entre el 15 y 20 por ciento son niños. En el 80 por ciento de los casos la trata de personas es con fines de explotación sexual.

A decir de Emilio Muñoz, la “debilidad institucional” –que consiste en la falta de claridad de atribuciones y de capacitación del personal, así como la prevalencia de la impunidad– deriva en la falta de resultados en el combate a la trata.

Puso de ejemplo que a cuatro años de que se tipificó la trata de personas en el Código Penal de Tlaxcala y a dos de la promulgación de la ley local, “hay 40 denuncias de trata y ninguna sentencia (en ese estado)”.

“¿De qué sirve que la ley establezca hasta 40 años de prisión por este delito si la inoperancia de las legislaciones impide que los tratantes sean condenados?”, criticó Muñoz y agregó que la falta de resultados demuestra que no hay voluntad política de las autoridades para sancionar y erradicar este delito.

De acuerdo con Mónica Salazar, directora y coordinadora del programa de Trata de Personas del Instituto para las Mujeres en la Migración, la ley nacional y las legislaciones locales “sirven en materia enunciativa, pero no han tenido impacto” en el combate a la trata de personas.

Lo anterior se debe –indicó– a que “el Estado está rebasado, ni siquiera hay recursos humanos capacitados y sensibilizados para atender adecuadamente la problemática”.

Además, aseveró que la legislación no establece con claridad cuáles son las facultades de las instituciones de gobierno y de las entidades federativas para combatir el delito. Por ejemplo, apuntó, “cuando una mujer es enganchada en un estado y explotada en otro, no se sabe quién debe asumir la responsabilidad y proteger a la víctima y sancionar a los culpables”.

Otra de las deficiencias para atender el problema es la falta de investigación de las redes de trata, y de protección a las víctimas. “Es común que estas mujeres en lugar de ser tratadas como víctimas del delito sean acusadas de ser cómplices”, advirtió Emilio Muñoz.

Esta circunstancia es posible porque la ley nacional señala que cuando hay “consentimiento” para ser explotadas no hay delito que perseguir, abundó el activista.

Entonces las autoridades “les dicen (a las mujeres) que denuncien a los tratantes o las considerarán culpables cuando es difícil que ellas delaten a los delincuentes, toda vez que las tienen amenazadas con matar a sus hijos o sus familias”, observó.

En tanto, el mensaje social que envían las autoridades federales y locales es que “se puede explotar a las mujeres porque no va haber castigo”.

Por ejemplo, en Puebla ante la inoperancia de las autoridades, se creó una red familiar de protección para rescatar a las víctimas y para evitar que otras “caigan” en las redes de tratantes.

Una nueva ley general de combate a la trata de personas, como la que actualmente revisa la Cámara de Diputados, podría ayudar a la atención del problema, aunque también está el riesgo de seguir “cargándonos de leyes que al final no operan”, lamentó Muñoz.

Al respecto, Mónica Salazar expresó que después de tres años de “prueba y error” con la actual ley nacional, aprobar una nueva ley significaría “un paso atrás”, pues restaría los “avances” logrados y “difícilmente” tendrá un “adecuado acogimiento de las autoridades”.

Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), señaló que la ley general contra ese delito pretende uniformar los tipos penales, las sanciones y distribuir las competencias entre las instituciones competentes para lograr la protección de las víctimas, la prevención de este crimen y la persecución de los tratantes.

La ley general, que se presentó el pasado 3 de agosto ante el Congreso, está en espera de ser votada en el pleno de la Cámara baja. “Queremos que se apruebe antes del Presupuesto de Egresos de la Federación, para que reciba recursos y se implemente lo antes posible”, subrayó Ulloa.

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