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Leyes ignoran acuerdos internacionales para las mujeres

Por Lourdes Godínez Leal

Aunque existen avances importantes en materia de salud sexual y reproductiva, “la velocidad en la que se han dado tendría que haber sido mucho mayor”, pues falta voluntad política y recursos, dice María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir.

Según las recomendaciones de la plataforma de acción de El Cairo para los países que firmaron la Conferencia, hay un plazo de 20 años, que se cumple en 2015, para llegar a estas metas en el área de salud sexual y reproductiva. Y a 20 años de la iniciativa global por una maternidad sin riesgos, que se conmemorará en octubre de 2007 en Londres, este problema está lejos de ser erradicado.

En México, dice Consuelo Mejía, “empezamos tarde” e históricamente ha habido una pugna con la jerarquía católica y los grupos conservadores que han intentado a toda costa echar atrás los logros obtenidos hasta hoy en esta materia.

Sobre todo porque uno de los principios de la plataforma de El Cairo es que las mujeres decidan libre y responsablemente el número de hijas e hijos que quieren tener, el espaciamiento entre uno y otro y los métodos de anticoncepción a usar, así como el derecho a tener una vida sexual satisfactoria más allá de la reproducción, en especial de las adolescentes.

Con la introducción de la política de planificación familiar, los servicios de salud crecieron de 1975 a 1990, pero aún hay un número considerable de mexicanas que continúan sin estos beneficios.

Para Gabriela Rodríguez, de la ONG Afluentes, especialista en derechos sexuales y reproductivos, “si se quieren tomar en serio las plataformas de El Cairo y Beijing, el Estado mexicano tendría que hacer un cambio a la Ley General de Población, de Educación y Salud”.

El Plan Nacional de Población de 2000 incluye el lenguaje de El Cairo, que ha tenido influencia directa en los servicios de salud reproductiva públicos de México, en el Plan de Población Integral y en la educación sexual impartida en primaria y secundaria, señaló Gabriela Rodríguez.

Pero la Ley General de Población, aunque exitosa en los años 70 y aún en décadas posteriores, ya es obsoleta ante los cambios demográficos y es necesario actualizarla, aseveró Rodríguez.

Esa Ley no tiene que ser el marco hoy, porque tenemos el de Cairo y Beijing, que no está expresado en ella. Debemos contar con un marco de equidad de género, derechos sexuales y reproductivos y tomar en cuenta la migración, señaló.

AVANCES Y RETROCESOS

Uno de los avances del sector salud es la norma Oficial Mexicana de planificación familiar que, hace dos años, incorporó la anticoncepción de emergencia y la asesoría a adolescentes, coinciden en señalar Mejía y Rodríguez.

Otro cambio, en las estructuras del sector salud, es la creación del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, indica Rodríguez.

Mejía destaca el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, las campañas para respetar las preferencias sexuales y contra la homofobia y la integración de temas específicos en los libros de texto de primaria y secundaria, así como las sociedades de convivencia.

También ha habido retrocesos, como el referido al acceso y uso de métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 19 años, señaló Rodríguez.

“Encontramos en esta administración panista una estrategia para darle mucha fuerza al discurso progresista y no darle recursos, es una forma de engaño, una forma especial de demagogia, decir que está con la equidad de género, con la juventud, y cortar los recursos”.

INICIATIVAS PENDIENTES

En materia de salud sexual y reproductiva, varias iniciativas se quedaron en el tintero en legislaturas pasadas, dice Rodríguez, están detenidas en la Comisión de Población del Congreso.

Una tiene que ver con la Norma Oficial Mexicana para la atención integral del adolescente y otra que realizó el Consejo Nacional de Población (Conapo) en 2005, cuando aún estaba en este órgano Elena Zúñiga, quien incorporaba El Cairo.

Otra se refiere a salud sexual y reproductiva, que se integraría a la Ley General de Salud y fue impulsada por la entonces diputada de la LIX Legislatura Martha Lucía Mícher. Incluye “todo un nuevo apartado de salud reproductiva”, recuerda Rodríguez.

Dentro de las modificaciones propuestas por Mícher destacan: sustituir el capítulo de atención materno-infantil por el de salud sexual y reproductiva, que comprende la salud sexual, materna y perinatal y de las personas adolescentes, los servicios de planificación familiar y anticoncepción y prevención y tratamiento de los cánceres reproductivos.

Reconoce también el derecho de las y los adolescentes a recibir servicios de salud sexual y reproductiva y señala que la atención de la mujer comprende, además de la atención del parto y puerperio, el aborto espontáneo o incompleto, así como la interrupción del embarazo de manera gratuita en todos los supuestos autorizados por la legislación penal.

LO QUE FALTA

Según ambas especialistas, las plataformas de El Cairo y Beijing han sido claves para impedir mayores retrocesos en salud sexual y reproductiva.

Es necesario cambiar las leyes General de Población, de Salud y de Educación, capacitar a los prestadores de servicios del sector salud y a las y los maestros, porque el lenguaje de las Conferencias de El Cairo y Beijing no les ha llegado.

Abatir también el rezago en los estados en materia de educación sexual, acceso a la salud sexual y reproductiva, principalmente de las adolescentes y jóvenes.

PRESUPUESTO, EL GRAN PERO

Lamentablemente, señalaron, ha habido poca inversión y escaso desarrollo de materiales educativos, mientras los grupos en rezago continúan siendo las y los jóvenes indígenas y rurales.

“La transformación del lenguaje ha sido importante conceptualmente”, pero en definitiva el gran reto continúa siendo el presupuesto. Dónde se pone dinero, “tenemos un avance, un programa de salud sexual para la mujer, pero también tenemos el problema de la inversión”, consideran las especialistas.

07/LGL/GG/CV

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