Las leyes del estado de Tamaulipas no han incorporado plenamente el contenido de los tratados internacionales para erradicar la violencia contra las mujeres, persistiendo lagunas legislativas y reglamentarias que perpetúan la desigualdad, la discriminación y la violencia.
La investigación de Violencia de Género Visibilizando lo Invisible, realizada por Laura Martínez y Miriam Valdez en siete entidades federativas del país, incluido Tamaulipas, concluye en que hace falta presupuesto con perspectiva de género, armonización de leyes federales y estatales con instrumentos de derechos humanos de las mujeres y la atención total para las víctimas de la violencia.
La investigación destaca que en términos generales las entidades federativas han promulgado Leyes de atención y prevención a la violencia familiar o intrafamiliar, sin embargo se tratan de disposiciones de carácter administrativo que contemplan procedimientos en los que los resultados de esta situación de desigualdad no dan los resultados deseados, para una vida libre sin violencia de las mujeres.
Los datos de la encuesta señalan que, en comparación con Nuevo León, Zacatecas, Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, Oaxaca y Yucatán, Tamaulipas cuenta con más disposiciones legales que prevén la violencia contra las mujeres (91.3 por ciento), con más Agencias del Ministerio Publico Especializadas en Delitos Sexuales (81.7 por ciento) y con más disposiciones para la prevención de la violencia sexual (86.9 por ciento).
Sin embargo, su número de instancias de atención a la violencia familiar y centros de atención a víctimas es relativamente bajo (78.3 y 68 por ciento, respectivamente) y lo mismo sucede con la existencia de programas de capacitación a funcionarios públicos y judiciales sobre equidad de género y derechos de las mujeres (43.6 por ciento).
También el porcentaje de albergues a las mujeres maltratadas es bajo (43.7 por ciento), de acuerdo a la encuesta que fue realizada en el 2006 por integrantes de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC, en el que incluyó entidades federativas del norte, sur y centro del país.
PROPUESTAS
La investigación concluye con propuestas para que las entidades federativas adopten medidas reales para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en los servicios de salud, de asistencia social, educativos y en el trabajo.
Otras propuestas, son: Adoptar medidas específicas y modelos de atención para los casos de violación sexual. Fortalecer las redes multi-sectoriales para garantizar la justa aplicación de las leyes.
Incluir la amplia gama de posibles relaciones entre las víctimas y los agresores; y tomar en consideración los diversos modelos de familia y de relaciones de parejas existentes.
Asimismo, reconocer que la violencia de género puede desencadenarse dentro o fuera del hogar y tomar medidas provisionales con relación a la posesión del domicilio a favor de la víctima.
Hacer efectiva la reparación de daños y perjuicios, ofrecer y brindar atención integral, gratuita y de calidad a las víctimas y a las demás personas que resulten afectadas por la violencia. Hacer efectivos los derechos de las víctimas, señalados en el Artículo 102, Apartado 2 constitucional.
En conclusión, la recomendación de las especialistas es que todos los poderes, desde todos los ámbitos, promuevan y establezcan las condiciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y todas las formas de discriminación en su contra.
Todo ello, cumpliendo con los preceptos establecidos en las convenciones y conferencias internacionales, compromisos de los que México es parte, señala la investigación.
07/DC/GG/CV
