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Liberan a 3 salvadoreñas que vivieron complicaciones obstétricas

Por la Redacción
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Tres salvadoreñas privadas de su libertad por más de 9 años acusadas de homicidio agravado luego de sufrir complicaciones obstétricas, recuperaron hoy su libertad luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conmutó las penas para Alba Lorena Rodríguez, María del Tránsito Orellana, y Cinthia Marcela Rodríguez, por considerarlas desproporcionadas e inmorales.

Alba Lorena Rodríguez tuvo un parto extrahospitalario en su casa, el 23 de diciembre del 2009. Fue trasladada al Hospital Nacional de San Rafael, donde fue detenida y acusada de homicidio agravado.

El 15 de julio de 2010 fue condenada a 30 años de prisión. La CSJ basó la conmutación de Alba en razones de equidad y justicia, necesidad de reconsiderar el quantum de la pena, y análisis de cuestionamientos sobre aspectos procesales alegados en la solicitud.

La Corte valoró que “un juez o jueza, equitativo es quien, sin transgredir el derecho, toma en cuenta las peculiaridades del caso y las consecuencias que podrían derivarse” regulado en el Código de Ética Judicial.  Reconoció que en el caso de Alba “se dieron un conjunto de situaciones que le impidieron un óptimo desarrollo de su personalidad”, por ejemplo, se le vedó una educación que le permitiera tener un mayor nivel de análisis.

En su niñez, Alba fue víctima de violación y de trabajo infantil, por lo tanto, es analfabeta y vive depresión.

María del Tránsito Orellana se desempeñaba como trabajadora del hogar cuando sufrió un parto extrahospitalario el 5 de marzo del 2010. Fue traslada al ahora llamado Hospital Nacional de la Mujer donde fue detenida. El 1 de octubre del 2010, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.

La Corte basó la conmutación para ella en “razones de moral, equidad y justicia, aprovechamiento del tiempo en prisión, y análisis de los argumentos de naturaleza procesal alegados en la solicitud.” Las y los magistrados reflexionaron que en el momento del parto, María no contaba con asistencia sanitaria de ningún tipo, tampoco se encontró presente el progenitor del bebé, por lo tanto  ella se encontró en una etapa de alta vulnerabilidad.

Cinthia Marcela Rodríguez tuvo un parto extrahospitalario el 4 de julio del 2008, sin ningún tipo de asistencia médica. El 20 de agosto 2009 fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.

En su caso, la conmutación de la pena está fundamentada en “razones de equidad y justicia, legitimidad moral de la ejecución total de la pena y repercusión en el proyecto de vida de Cinthia, y fundamentos jurídicos y políticas nacionales e internacionales que ponen de manifiesto la necesidad de repensar la respuesta penal frente a este tipo de casos”.

La corte valoró que Cinthia creció con limitados recursos económicos, por lo que a temprana edad comenzó a trabajar como empleada del hogar, en una maquila y como ordenanza. A los 15 años de edad vivió en unión libre, pero enfrentó el embarazo y el parto en soledad. Ella recobró su libertad después de 11 años, un mes y tres días en prisión.

Las integrantes de la “Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador”, organización que defiende los derechos de las “17 y más” mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con complicaciones obstétricas o aborto, se mostraron satisfechas con estas resoluciones.

Cabe recordar que en 2014, la Agrupación llamó a los tres poderes de gobierno a conceder el indulto a 17 mujeres criminalizadas por abortar, algunas de ellas condenadas a 40 años de prisión.
 
Como parte de la “Campaña sobre despenalización del aborto en El Salvador”, la organización civil pidió aplicar la “Ley Especial de Ocursos de Gracia” que permite que la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y al presidente, concedan el indulto a 17 mujeres que fueron acusadas de aborto, pero que al final fueron condenadas por homicidio agravado, lo que derivó en que la mayoría de ellas paguen penas de entre 30 y 40 años de prisión.
 
La organización presentó formalmente ante la Asamblea Legislativa 17 solicitudes de indulto que corresponden a mujeres que fueron perseguidas, acusadas y condenadas, sin contar con el apoyo legal apropiado para ser escuchadas y defenderse adecuadamente.

En los casos presentes, el equipo de defensa fue acompañado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), quien consideró que debido al  litigio estratégico “se están generando cambios institucionales y jurisprudenciales.”

Subrayaron la importancia de sentar precedentes para lograr garantías mínimas del debido proceso, el acceso a la justicia y a eliminar patrones discriminatorios desde la institucionalidad del Estado.

19/SG/LGL

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