El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) dio a conocer la liberación definitiva de 6 mujeres y 8 hombres que fueron capturadas el 2 de julio de 2007, en el marco de una protesta contra la política de descentralización del agua y que estaban acusadas bajo cargos contra la Ley Antiterrorista, en Suchitoto, El Salvador.
Las 14 personas fueron detenidas durante una jornada de protesta pacífica en la carretera que conduce de San Martín a Suchitoto, acusadas en un principio de desordenes públicos y de asociaciones ilícitas, por miembros de la fuerzas del orden que hicieron uso excesivo de la fuerza y que dejaron al menos 25 personas heridas con balas de goma y con gas pimienta.
Originalmente fueron remitidas a un Juzgado Especializado, creado por la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, los cuales se rigen con reglas procesales diferentes a las del derecho común.
Fueron procesados de acuerdo con la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, aprobada el 21 de septiembre de 2006, que contempla penas de hasta 65 años de cárcel por atentados contra la seguridad nacional, funcionarios y otros objetivos.
Cuatro personas fueron liberadas el 23 de julio de ese año, pero continuaban acusadas de terrorismo y asociaciones ilícitas. El 26 de julio 2007, el Tribunal Especial de El Salvador en Audiencia de Revisión de Medidas había ordenado la liberación condicional de nueve personas que aún se encontraban detenidas, quienes también seguían acusadas de los delitos.
Para agosto, todas tenían libertad condicional, pero su situación jurídica no había sido resuelta, hasta que el pasado 11 febrero de 2008 el Juzgado Especializado se declaró incompetente para seguir conociendo del caso dado que la fiscalía cambió la calificación a Disturbios Públicos y Daños, por lo que el caso fue trasladado a la ciudad de Suchitoto, lugar de los hechos que originaron el proceso.
Entre las liberadas, María Aydeé Chicas Sorto, Sandra Isabel Guatemala, Marta Lorena Araujo Martínez y Rosa María Centeno Valle son miembros activos de la Asociación de las Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (Cripides), organismo que trabaja por el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades más desprotegidas a través de la organización social, participando en la definición o modificación de políticas públicas y en armonía con el medio ambiente.
También fueron liberadas Beatriz Eugenia Nuila González y Marta Yanira Méndez, así como Manuel Antonio Rodríguez Escalante, motorista del Cripides, José Heber Fuentes Herrera, Héctor Antonio Ventura Vásquez, Patricio Valladares Aquino, Santos Noel Mancía Ramírez, Clemente Guevara Batres y, Vicente Vásquez Basilio.
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