Después de 24 horas de arresto en la estación de la policía ministerial Alamey en Monterrey, Nuevo León, la periodista mexicana Sanjuana Martínez salió libre hoy después de las tres de la tarde, luego de que un Tribunal Federal le otorgó un amparo.
Sanjuana Martínez señaló a Cimacnoticias que la detención fue «ilegal y desproporcionada», y se violaron sus derechos humanos (DH). «Llegó un operativo con lujo de violencia, violaron las cerraduras de mi casa, se subieron al techo y entraron por atrás 10 o 12 personas, como si fuera yo una narcotraficante».
«Sin mostrar orden de cateo, de arresto, sólo dijeron que venían por mí, cinco policías con armas largas me estuvieron paseando varias horas en una patrulla», denunció.
La periodista aclaró que más allá de sus asuntos personales, su arresto por una «falta administrativa» es una «venganza por el ejercicio de mi labor periodística», ya que en dos ocasiones denunció a la jueza Luz María Guerrero, cuya trayectoria se ha caracterizado por «proteger agresores».
Sanjuana Martínez debió haber salido libre pagando una multa de 2 mil pesos, pero la jueza no lo permitió.
Por las violaciones a sus DH, ayer desde Alamey la periodista presentó una queja ante la Comisión estatal de DH. Y, en breve, presentará una denuncia penal en contra de María Elena Guerrero, quien, dijo, está protegida por autoridades de NL.
Esta mañana la defensa de la periodista Sanjuana Martínez interpuso un amparo para que la periodista quedara libre lo antes posible, en caso de que el recurso jurídico fuera rechazado.
Queeney Rose Osorio Fernández, abogada de San Juana Martínez, informó a Cimacnoticias que el amparo se presentó esta mañana ante el Tribunal Federal en el estado de Nuevo León, debido al «sin fin de irregularidades» cometidas por las autoridades estatales.
Ayer, al menos ocho elementos de la Fuerza Civil (policía estatal) con armas largas, algunos de ellos encapuchados, a bordo de las patrullas FC306, 098 y una más de la que no se tomaron datos, detuvieron a la periodista bajo la figura de «arresto administrativo» por un presunto desacato a una orden judicial referente a una demanda de tipo familiar.
Además de «llevar al extremo el operativo policial» en contra de Martínez, las autoridades locales violaron sus derechos al no notificarle sobre la orden de arresto al menos 24 horas antes de su ejecución, como lo establecen los artículos 15 y 16 de la Constitución estatal.
Lejos de apegarse a la ley, «el mismo día que dictaron la orden la llevaron a cabo; eso no lo habíamos visto en una demanda de tipo familiar».
Osorio Fernández explicó que si Sanjuana hubiera sido notificada en su domicilio, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, habría tenido la oportunidad de ampararse o de pagar una multa.
El fallo que incumplió la periodista fue emitido por la juez Luz María Guerrero, del Juzgado Décimo Quinto Familiar Oral, quien ordenó a Martínez la convivencia entre sus hijos y su ex esposo, el juez español Carlos Castresana, a pesar de que ella tenía conocimiento de que el jurista había sido acusado de violencia familiar.
La abogada señaló que además de la detención, la juez había ordenado que los hijos de la periodista y el juez español fueran trasladados al Centro Capullo, un lugar público a donde se envía a las y los menores de edad cuando hay conflicto entre sus padres, pero «no pudieron llevárselos porque su abuela materna estaba con ellos».
A pesar de que sus hijos están a salvo, dijo, «están muy afectados por la forma en la que la policía detuvo a su mamá, como si fuera una delincuente».
IRREGULARIDADES
El arresto de Sanjuana Martínez ocurrió un día después de que la defensa de la periodista interpuso un amparo ante el Consejo de la Judicatura de Nuevo León, para que se inhibiera a la juez Luz María Guerrero de conocer el proceso en el caso de la periodista, pues ya se habían registrado anomalías.
Osorio Fernández acusó que la juez incumplió el artículo 50 de la Ley local de Servidores Públicos «en virtud de su irresponsabilidad en este caso, pues emitió una orden de convivencia con el padre, a pesar de los antecedentes de violencia familiar».
En lugar de prohibirle a Castresana que se acercara a sus hijos mientras probara que era apto para convivir con ellos mediante estudios psicológicos, refirió.
Otra irregularidad previa a la detención es que quien era abogado de la periodista, Marco Antonio Garza González, hace tres semanas le notificó a la juez que dejaba de representar legalmente a Sanjuana Martínez, pero no le informó a la colaboradora de distintos medios de comunicación nacionales y extranjeros.
Con ello, el abogado, esposo de la juez regiomontana María Guadalupe Balderas, «incurre en irresponsabilidad conforme al artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León». La jueza fue informada, pero determinó que no había incumplimiento y asignó un defensor de oficio a la periodista.
Sin embargo, «el defensor de oficio no cumple con su función, por lo que Sanjuana Martínez estaba en estado de indefensión porque no fue debidamente defendida por ninguno de los dos».
«La juez lo hizo todo al revés y lo hizo por conveniencia, por un interés material, en plena confabulación con Carlos Castresana», ya que la actuación de María Elena Guerrero y los funcionaros a su cargo ha sido en perjuicio de la periodista «con la intención de ayudar a su ex esposo», afirmó Queeney Rose Osorio.
Además, dijo, el «dolo» con el que la juez ha hecho uso de la ley nos habla de una «venganza clara por un reportaje que publicó Sanjuana Martínez en el diario La Jornada en 2008».
En el artículo, la periodista señala que Guerrero estuvo involucrada en la detención de la entonces directora de Alternativas Pacíficas, María del Mar Álvarez Morales, y el secuestro de dos menores en ese albergue para víctimas de violencia.
CASTRESANA, HOMBRE VIOLENTO
Por su parte, Carlos Castresana, quien lejos de «pelear por ver a sus hijos» busca quedarse con la propiedad en la que ellos viven con su madre, ubicada en San Pedro Garza García.
Ayer el juez español fue detenido alrededor de cuatro horas por agredir físicamente a Sonia Martínez, hermana de la periodista.
«Castresana llegó al domicilio de Sonia a intimidarla al decirle que él pagaba y que por eso la casa era suya. Empujó a la trabajadora doméstica, amenazó a sus hijos y cuando Sonia se metió la empujó y ella se pegó en la espalda con una mesa», relató Osorio.
Cuando Castresana salió de la casa, comenzó a golpear la puerta, y fue detenido por la policía local. Estuvo detenido de las 8 de la noche a las 12:30 de la tarde y salió bajo fianza.
La abogada informó que este hecho se añadirá a la ampliación de la demanda de violencia familiar que la semana pasada interpuso Sanjuana Martínez en contra de Castresana, en la Agencia del Ministerio Público número 7 de Violencia Familiar, en la ciudad de Monterrey.
Castresana se convirtió en magistrado y juez entre 1986 y 1989, e ingresó a la Carrera Fiscal en las Fiscalías Especiales Antidrogas y Anticorrupción de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid en España.
En 2005 fue nombrado Fiscal del Tribunal Supremo de España; tiempo después fue asignado coordinador de la Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen en Monterrey.
En Guatemala, Castresana fue comisionado Internacional de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, de septiembre de 2007 a julio de 2010. En ese país, según reportes periodísticos, el juez tuvo una «conducta deshonrosa» al expulsar a funcionarios públicos por el asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosemberg.
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