Inicio Liberan paramilitares, cuando para sus víctimas no hubo reparación

Liberan paramilitares, cuando para sus víctimas no hubo reparación

Por Lourdes Godínez Leal

Con sus cuatro votos, la y los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedieron hoy el amparo que pone en libertad a 20 de los 40 paramilitares acusados de asesinar a 19 mujeres (cuatro de ellas embarazadas), 14 niñas, cuatro niños y ocho hombres el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, aunque doce años después de la masacre el Estado no haya considerado la reparación del daño para las víctimas.

La Primera Sala está integrada por la ministra Olga Sánchez Cordero y los ministros Sergio Valls Hernández, José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz y Juan Silva Meza.

La Corte sostuvo así la “tesis” de los abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), quienes en diciembre de 2006 asumieron la defensa legal de los paramilitares recluidos en el penal de Cerro Hueco, Chiapas, de que el “gobierno fabricó pruebas y culpables” y, por tanto, quienes se encontraban presos “eran inocentes”. Se dio así la orden inmediata para la liberación de los 20 paramilitares.

Diego Cadena, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y representantes de la organización civil “Las Abejas”, así como sobrevivientes de la matanza intentaron entrar a la audiencia que en un principio sería pública, no pudieron hacerlo, pero se les informó que podría pasar una comisión a la audiencia que se convirtió en “privada”.

Pero ello no sucedió, comentó Cadena, porque la y los ministros “no quisieron sensibilizarse para conocer los rostros de sobrevivientes de Acteal y evitarse la pena de emitir su voto indigno frente a ellos”.

El director del Frayba manifestó nuevamente su preocupación porque la liberación de los paramilitares implica el retorno a sus comunidades y dijo que esto pondrá evidentemente en riesgo la vida física e integridad de la comunidad y de las y los sobrevivientes que participaron en el proceso penal como testigos presenciales que los identificaron y señalaron como sus agresores.

Las y los sobrevivientes menores de edad –ha denunciado reiteradamente la abogada feminista Martha Figueroa Mier– han vivido en la orfandad y sin el apoyo del gobierno estatal. Han tenido que “mendigar” los pocos recursos a los gobiernos de Roberto Albores, Pablo Salazar Mendiguchía y ahora Juan Sabines —quien recientemente instaló una fiscalía “especial” para esclarecer el caso—, denunció la abogada y reportó Cimacnoticias en el décimo aniversario de la masacre (Cimacnoticias, 21 diciembre 09).

Señaló entonces Figueroa Mier, integrante del “Colectivo Feminista Mercedes Olvera”, quien se quedó a cargo de 28 menores de edad que quedaron huérfanos por la masacre, que a una década de la masacre, los que entonces eran las y los niños del campamento de Acteal se han convertido en jóvenes y adolescentes, que, sin haber sido “resarcidos por el daño” como les “prometió el gobierno” en 1997, han crecido tratando de “curar” sus heridas refugiándose en la religión.

“Lo poco que se ha hecho se le ha ido arrancando a la fuerza al Gobierno en situaciones muy desgastantes. Ha sido horrible. Les dieron escuelita para todos los niños que de alguna manera son sobrevivientes de la masacre, son 72 que están en cuatro grupos: 2 de preescolar y 2 de primaria”, señaló la abogada hace dos años.

Pero de estos 72 niñas y niños sobrevivientes de la masacre, que se supone, de acuerdo al convenio signado por el Gobierno estatal, se les daría una beca de estudio, únicamente 12 la reciben, los demás no.

NO SORPRENDE LA DECISIÓN DE LA CORTE

Diego Cadena, director del Frayba, dijo en entrevista con Cimacnoticias al término de la sesión de la SCJN, que la resolución de la Corte “no les sorprendió” toda vez que fue esa la “encomienda” como parte de la política de Estado.

Explicó que lo anterior obedece a que, en su momento, la Procuraduría General de la República “hizo lo que le correspondió” como cometer negligencias en las diligencias de la averiguación previa que luego fueron avaladas por los magistrados y jueces federales, por lo que era “previsible” que la SCJN, aprovechando todas estas “irregularidades” en el proceso de averiguación, determinara la libertad de los paramilitares.

“La SCJN revisó la forma y no el fondo”, insistió el activista de derechos humanos al señalar que la Corte no determinó si los paramilitares eran inocentes o no, sino la forma en que fueron procesados y con ello dijo “contribuyó a la impunidad del caso Acteal”.

Sin embargo, descartó que por ahora se piense en un desplazamiento “urgente” en Acteal, ya que tienen que considerarlo con “Las Abejas” y los miembros de la comunidad así como la solicitud de medidas cautelares ya que dijo que “tampoco resulta agradable para Las Abejas tener a policías cuando en la memoria está fresca la idea del involucramiento de los policías con los militares”.

El caso de Acteal se sumó a la larga lista de pendientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Frayba lo presentó en 2005 y se espera que, por su gravedad, a decir de Diego Cadena, sea retomado por aquélla.

“No nos queda más que insistir en lo que realmente sucedió, quiénes son los responsables de la masacre no sólo los autores materiales sino intelectuales, insistir cuál fue la causa de la masacre y recordar los nombres de las personas caídas para preservarlas en la memoria histórica de los pueblos que es la única alternativa que queda en los pueblos como justicia”, concluyó Cadena.

09/LGL/PBC/GG

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