El Alto Consejo de Justicia de Libia, la máxima instancia judicial del país, decidió ayer conmutar la pena de muerte para las cinco enfermeras búlgaras y el médico palestino acusados de contagiar de SIDA a 438 niños libios –de los cuales 56 murieron– por la pena de cadena perpetua, informaron agencias internacionales.
La conmutación de la condena fue posible después de que los familiares de las víctimas recibieron un millón de dólares por cada una, como indemnización por los contagios. Desde la noche anterior al anuncio de la decisión judicial, los familiares informaron su decisión de aceptar la conmutación y recibir el dinero y por la mañana empezaron a retirar el dinero de los bancos.
La decisión del Alto Consejo de Justicia de Libia, dependiente del Ministerio de Justicia, se retrasó un día debido quizá a que necesitaban contar con un documento firmado por los familiares, en donde renunciaban a su exigencia de condenar a muerte a las enfermeras y al médico.
Las autoridades judiciales de Libia habían ya condenado a muerte a las enfermeras y al doctor en dos ocasiones, pues diversas organizaciones y sus abogados habían interpuesto una apelación, que fue resuelta nuevamente con la misma condena por el Tribunal Supremo.
Hace ya más de ocho años que las enfermeras y el médico están encarcelados y, para acelerar la salida de este caso, los cooperantes firmaron la semana pasada una solicitud de clemencia ante las altas autoridades del Estado libio.
El último recurso está a cargo del Alto Consejo de Justicia (ACJ), organismo que puede tener en cuenta razones políticas, y que debido a la atención despertada internacionalmente por este caso, se prevé que se decante por el cambio de las penas a muerte por condenas de prisión, indican las agencias.
El pasado domingo, las familias declararon haber aceptado la compensación. La Fundación Gadafi actuó como intermediaria entre las familias afectadas y el Fondo Internacional de Ayuda a Libia para hacer frente al SIDA, creado por Bulgaria y otros países europeos.
La conmutación de la pena podría hacer posible la extradición hacia Bulgaria de las enfermeras y el médico (quien se nacionalizó como búlgaro) para que purguen allí su pena, en virtud de un acuerdo bilateral de 1984. Sin embargo, el Consejo Superior, que depende directamente del ministerio de Justicia, no ha aclarado la suerte inmediata de las y el sentenciado.
Sin embargo, lo abogados en Bulgaria están preocupados porque los reos también deben responder a partir de hoy por acusaciones de «calumnia» que les hace el gobierno libio, pues durante el proceso declararon que habían recibido tortura en prisión, concluyen las agencias internacionales.
07/GG/CV
