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Limita gobierno chileno entrega de PAE a las adolescentes

Por Tamara Vidaurrázaga
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La pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE) no podrá ser entregada sin que un médico informe posteriormente a la madre o al padre de las menores de 14 años, según el dictamen recientemente emitido por la Contraloría General de la República.
 
Ese dictamen contraviene la norma definida en marzo de 2013 por el Ministerio chileno de Salud, en la que se aprobaba la entrega de la PAE a todas las mujeres que la necesitaran.
 
El fallo se definió tras un requerimiento de la organización civil Comunidad y Justicia y del alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, militante derechista, que imputaron la norma, puesto que contravenía el derecho a información de los progenitores, según indicaron.
 
El director de Comunidad y Justicia, Tomás Enríquez, indicó que en Chile las y los menores de 14 años no tienen libertad de autodeterminación sexual, por lo que siempre que un menor de esta edad tenga relaciones sexuales se calificará como delito de violación, por lo cual habrá obligación de informar, inicialmente, al Ministerio Público y a los padres.
 
“Así como el criterio del médico le deja el espacio abierto para que le informe a otro adulto responsable que no sea el papá o la mamá, también era necesario resguardar el derecho de los papás y mamás para efectos de que puedan tomar conocimiento de una cuestión que involucra e impacta la salud de las y los niños y su formación personal”, señaló Enríquez.
 
Para la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, esta modificación de la Contraloría violaría el derecho a la confidencialidad que tienen todas las personas y sería contraproducente con la regulación de los embarazos en adolescentes, ya que si una niña presenta un embarazo podría terminar teniendo al bebé o abortaría con tal de no enfrentar a los progenitores tras conocer su estado.
 
“La realidad nacional es que las y los niños se inician sin preguntar y la probabilidad de que aumente el embarazo en adolescentes con este dictamen es altísima”, afirmó.
 
Claudia Dides, investigadora en salud sexual y reproductiva del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Universidad Central, indicó: “Esto es un retroceso, me parece lamentable (…) significa que va a haber un alza en abortos inseguros y lo otro, lo más probable, es que aumenten los embarazos en menores de 14 años”.
 
El presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpin, señaló que presentará un informe ante la Contraloría dando cuenta de la realidad de los consultorios, a fin de tener en cuenta el temor que la medida podría generar en las niñas que no quieren que sus padres sepan su condición.
 
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ratificó la entrega de la PAE a menores de 14 años pese al fallo de la Contraloría, ya que –explicó– la niña que solicita la pastilla podría señalar como adulta responsable “a una hermana mayor de 18 años, si así prefiere. Lo importante es que el dictamen de la Contraloría no condiciona de manera alguna la entrega del anticonceptivo de emergencia y no habrá cambios en esta materia”.
 
Más del 15 por ciento del total de embarazos en el país sudamericano corresponde a madres adolescentes, de los cuales un 2.5 por ciento es de niñas que tienen entre 10 y 15 años, lo que significó un total de casi 900 mil menores de edad en 2012.
 
La encuesta Casen (Caracterización Socioeconómica Nacional) registró en 2009 adolescentes embarazadas y en lactancia desde los 13 años de edad, e indica que el embarazo es una causa relevante de la deserción escolar, ya que sólo un tercio de las madres adolescentes asiste regularmente al colegio, cifra que aumenta a más del 80 por ciento en aquellas que no tienen hijos ni están embarazadas.
 
La PAE ha tenido una larga lucha en Chile desde que en 2001 se intentó comercializar por primera vez un medicamento de este tipo, cuando el Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó la fabricación y venta de la píldora.
 
Inmediatamente, grupos autodenominados Provida, antiderechos reproductivos y sexuales de las mujeres, interpusieron un recurso en tribunales alegando el carácter abortivo de la pastilla, recurso que fue aprobado por la Corte de Apelaciones, que prohibió la comercialización del producto, lo que provocó el rechazo del movimiento de mujeres.
 
Un subterfugio técnico permitió a las autoridades de salud salir del paso, ya que la prohibición era específica para una marca del medicamento, por lo que el ISP autorizó ese mismo año a otro laboratorio para comercializar el mismo componente bajo otra marca.
 
En 2004 el Ministerio de Salud permitió el acceso a este tipo de anticoncepción en los Protocolos de Atención a Personas Víctimas de Violencia Sexual; sin embargo, la entrega gratuita de la PAE en los servicios públicos a todas las mujeres sólo fue una realidad desde 2006 debido a las Normas de Regulación de la Fertilidad promulgadas en el gobierno de Michelle Bachelet.
 
Ese mismo año, parlamentarios derechistas interpusieron nuevamente un requerimiento de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional, que acogió el recurso en abril de 2008, prohibiendo la distribución del medicamento de emergencia en los consultorios públicos, si bien se continuaba permitiendo su venta privada.
 
Ese año se enfrentaron en el país dos fuerzas opuestas: de un lado, colegios femeninos católicos llevaban a sus alumnas a rezar a la Catedral por las almas de quienes supuestamente morirían debido al medicamento “abortivo”; por otro, el movimiento de mujeres que convocó a numerosas movilizaciones.
 
La más recordada fue la que se realizó en abril, cuando más de 35 mil personas protestaron en varias ciudades de Chile en contra “de la dictadura moral y religiosa” de la Iglesia católica.
 
En aquellas movilizaciones participaron, sobre todo, mujeres y hombres jóvenes, quienes denunciaron la intromisión de la Iglesia las políticas públicas, realizando una acción colectiva de apostasía, consistente en que más de 500 jóvenes bautizados por la fe católica renunciaron a esta religión de manera formal mediante una carta dirigida a las autoridades eclesiásticas.
 
En 2010 se autorizó nuevamente la entrega gratuita y universal, pero en la práctica ésta se realizaba en las municipalidades de autoridades proclives a la medida, lo que fue denunciado en varias oportunidades por distintas organizaciones civiles.
 
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