Limitados institutos estatales para actuar a favor de las mexicanas

A tres décadas de que comenzaron a crearse, los institutos estatales de la Mujer aún no cuentan con la autonomía y montos suficientes para su funcionamiento, además de que no tienen atribuciones amplias para incidir en la toma de decisiones, lo que les impide cumplir con los objetivos para los que fueron creados, criticó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 
En su más reciente informe “Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología”, el PNUD examinó las capacidades institucionales de las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (IMEF), ya que estas dependencias son parte de la respuesta gubernamental para “eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres para escapar de los círculos de pobreza, que provocan la inequidad en el acceso a toda clase de servicios públicos”.
 
De acuerdo con el análisis, dichas instancias “parecen no estar bien equipadas” para concretar la agenda que les dio vida, es decir  consolidar la perspectiva de género como lineamiento en el quehacer de la Administración Pública, e incidir en el adelanto de las mujeres y la equidad de género.
 
Si bien el PNUD celebró que actualmente todas las entidades federativas cuentan con instancias de gobierno para el adelanto de las mujeres y la mayoría han sido creadas a partir de decretos legislativos (lo que les brinda mayor estabilidad institucional), advirtió que las dependencias enfrentan “severos retos”.
 
Cabe destacar que existen 32 instancias gubernamentales de jurisdicción estatal cuya función principal es el adelanto de las mujeres (con excepción del Estado de México); 11 tienen su origen en un decreto del Ejecutivo estatal y el resto tras la aprobación de leyes locales. El primer instituto se creó en Guerrero en 1987. 
 
A decir del PNUD, para cumplir verdaderamente con su objetivo los institutos deben gozar de una ubicación estratégica dentro del aparato gubernamental, suficiencia de recursos materiales y financieros, un mandato amplio, mecanismos de incidencia, y un liderazgo consolidado, lo que en la mayoría de las 32 dependencias no existe.
 
Con respecto a la ubicación estratégica, el análisis destaca que en 27 entidades el instituto es un órgano descentralizado; de ellos, 10   son organismos descentralizados de la Secretaría de Desarrollo o Fomento Social; 11 descentralizados de la Administración Pública Estatal (aunque están  directamente vinculados a la Oficina del gobernador); cinco son organismos descentralizados de la Secretaría de Gobierno, y en Zacatecas está descentralizado de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
 
En Querétaro, el Instituto de la Mujer es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, y en Tlaxcala el Instituto Estatal de la Mujer es un órgano desconcentrado del Ejecutivo. En Guerrero, Michoacán y Chiapas se trata de una secretaría de Estado.
 
De acuerdo con el PNUD, las instancias requieren una ubicación estratégica, pero ésta es insuficiente si no se acompaña de capacidades básicas y de un auténtico compromiso para incorporar la perspectiva de género en el quehacer cotidiano gubernamental, y al mismo tiempo las ventajas de contar con una ubicación estratégica también disminuyen si la titularidad de la institución no es “estable”, es decir que no haya continuidad.
 
Un reto importante que señala el PNUD para los institutos es contar con recursos suficientes para su operación, toda vez que muchos de ellos dependen en gran medida de la asignación presupuestal federal y “cuanto mayor es la dependencia, mayor será también la canalización de su tiempo y personal por implementar actividades acordes con los lineamientos de los fondos federales, situación que en última instancia restringe el mandato del instituto en lugar de procurar su ampliación”.
 
Un ejemplo de esta situación es el esfuerzo del Instituto Hidalguense de la Mujer para mantener la operación permanente de 17 Módulos de Atención Regionales (cada uno con una abogada y una psicóloga), que otorgan atención a las hidalguenses.
 
Pero debido a que dependen de un programa federal, enfrentan el problema de aminorar o suspender actividades en los tres meses que usualmente demora la entrada de recursos federales al iniciarse el año fiscal.
 
Sobre el personal que labora en los institutos, se cuenta con datos de 30 entidades (no hay información de Baja California Sur ni Tamaulipas). En promedio, cada instancia cuenta con 63 empleadas y empleados, de los cuales 46 por ciento son de confianza, 31 por ciento de base, y 23 por ciento son eventuales.
 
Para el PNUD, sólo cinco institutos tienen más atribuciones a favor de las mujeres que el promedio de los mecanismos (Coahuila, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas). Incluso tienen más facultades que las secretarías de la Mujer en Guerrero y Chiapas.   
 
Por ejemplo, sólo 25 por ciento de los institutos tiene entre sus atribuciones elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en la entidad, y únicamente el 44 por ciento está obligado a crear, gestionar y coordinar un sistema estatal de información.
 
El PNUD observó que tales actividades son centrales para la planeación de políticas públicas a favor de la población femenina, pero ni siquiera la mitad de los institutos las llevan a cabo.
 
Finalmente, el mecanismo de la ONU señaló que lo contenido en el informe debe abrir el debate para subsanar los retos que enfrentan las instancias de las mujeres en México.
 
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