Tras la aprobación por el Congreso de la reforma al Artículo 18 constitucional, relacionado con la justicia penal juvenil, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) insta ahora a las legislaturas federal y de los estados a abrir el camino para la implementación de este nuevo sistema de responsabilidad penal.
La señora Yoriko Yasukawa, representante del organismo internacional en México, felicitó al Senado y a la Cámara de los Diputados por la aprobación de la reforma al artículo 18 de la Constitución, y a las legislaturas locales que ya lo ratificaron. «Ahora le toca a las legislaturas armonizar sus sistemas locales con el artículo 18 reformado», señaló el funcionario de acuerdo con un boletín emitido por UNICEF.
La reforma introduce un sistema de responsabilidad penal juvenil para jóvenes entre los 12 y los 18 años de conformidad con la Convención sobre los Derechos de los Ninos que México ratificó en 1990. Esta reforma establece un sistema de justicia independiente para los adolescentes e introduce el principio del «debido proceso», que termina con la discrecionalidad que caracteriza al sistema tutelar que hasta ahora sigue vigente en México.
Este sistema tutelar no conoce la división de los poderes, en términos de justicia, con jueces y abogados independientes. En cambio, trata a los adolescentes en conflicto con la ley de una manera administrativa. La consecuencia es los adolescentes que viven una situación de riesgo muchas veces son privados de su libertad en lugar de recibir apoyo social.
El doctor Emilio García Méndez, experto en justicia penal juvenil y consultor de UNICEF, comentó que «la responsabilidad penal de los adolescentes no es cuestión ni de mano dura ni de mano blanda, sino de mano justa, que sancione de forma proporcionada el delito que un adolescente ha cometido».
En un seminario para medios de comunicación sobre la reforma constitucional al artículo 18 constitucional, organizado por UNICEF y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), García Méndez explicó: «El sistema tutelar penaliza la pobreza de adolescentes que crecen en circunstancias difíciles. El sistema de responsabilidad penal, por el contrario, juzga al adolescente solamente por su acto.»
El modelo de responsabilidad penal juvenil estipula la creación de un sistema independiente de justicia para los adolescentes con jueces y ministerios públicos especializados para ellos, quienes determinarán si se cometió o no una infracción a la ley penal. La reforma prevé que la privación de la libertad deberá ser el último recurso y sólo se aplicará en delitos graves. Para delitos menos graves prevé sanciones de trabajo en favor de la comunidad con un enfoque educativo.
El doctor García Méndez manifestó que el nuevo sistema no pretende solucionar el problema de la delincuencia. «La respuesta a la delincuencia juvenil la debe encontrar la política social y económica. No es el propósito de este nuevo sistema legislativo prevenir tales actos».
Pos ru parte, el doctor Luis González Placencia, experto del INACIPE en cuestiones de justicia juvenil, subrayó que «al contrario de la impresión creada en algunos medios de comunicación, la gran mayoría de los delitos cometidos por adolescentes son leves; los robos pequeños y el vandalismo y no son delitos graves».
La reforma al Artículo 18 constitucional pretende establecer las bases que permitan el posterior desarrollo de una legislación específica en los ámbitos local y federal; el objetivo es establecer un sistema integral de justicia penal para todos los adolescentes que, entre los 12 años cumplidos y los 18 años incumplidos, hayan cometido una conducta tipificada como delito.
Es importante aclarar que la reforma no significa una reducción a la edad penal, porque no se someterá a los adolescentes a instituciones penales para adultos. Los niños con menos de 12 anos no son considerados responsables en el sentido juridíco.
«Para acelerar el proceso que ha estado pendiente por tanto tiempo, el Estado debería comenzar a capacitar jueces y abogados en cuestiones de justicia juvenil en los ámbitos local y federal. Esto implica la designación de los respectivos fondos,» subrayó la señora Yasukawa.
Finalmente, INACIPE y UNICEF invitan a los medios de comunicación a crear una alianza para impulsar de forma conjunta la reforma legislativa e institucional que deberá realizarse en todo el país para dar cumplimiento al nuevo artículo 18 constitucional, lo cual repercutirá en el beneficio de la infancia y la adolescencia mexicana.
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