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Llaman a juez ordene libertad inmediata de víctima de tortura

Por Anayeli García Martínez

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México pidió al juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, Jorge Dionisio Guzmán González, que analice con sumo detalle el caso de Verónica Razo Casales, víctima de tortura sexual, acusada de secuestro y presa en el Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, en el estado de Nayarit.
 
El pasado 9 de febrero, la defensa de Verónica Razo presentó un recurso jurídico (incidente de desvanecimiento de datos) para argumentar que las pruebas que en 2011 se usaron para acusarla de secuestro son ilegales y que fueron obtenidas bajo tortura, lo que constituye graves violaciones a sus Derechos Humanos (DH) y señalar que por tanto debe quedar en libertad.
 
El 8 de junio de 2011, alrededor del mediodía, Verónica Razo Casales fue detenida de manera arbitraria por hombres vestidos de civil que portaban armas largas y que viajaban en vehículos sin logotipo oficial, que en realidad eran policías federales que la incomunicaron durante 24 horas, la torturaron sexualmente y la obligaron a firmar una declaración auto inculpatoria. (Cimacnoticias 22 de mayo de 2014)
 
En una carta abierta al juzgado, la red integrada por 172 defensoras aseguró que este hecho presenta una oportunidad para que el juez imparta justicia conforme al nuevo paradigma garantista y resarza el daño que se ha causado a Verónica, quien fue acusada injustamente después de ser detenida de forma arbitraria y sometida a tortura física, psicológica y sexual por la Policía Federal (PF).
 
Al respecto, Natalia Pérez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Proposición de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que coadyuva en el caso, explicó que con el recurso jurídico se busca demostrar las violaciones al debido proceso, y señalar que la confesión auto inculpatoria fue obtenida bajo tortura, de lo cual hay constancias médicas y psicológicas.
 
En el incidente de desvanecimiento de datos se alega que el parte informativo de la PF es inconsistente, porque dice que Verónica fue detenida el 9 de junio, sin embargo fue capturada un día antes, y para comprobarlo la defensa presentó el documento donde consta que Austreberta, madre de la mujer y quien presenció la detención, llamó a Locatel al pensar que su hija había sido secuestrada.
 
La defensa de la mujer también alega que los reconocimientos hechos por las presuntas víctimas de secuestro no se llevaron a cabo conforme a los requisitos legales, porque los inculpados, Verónica y su hermano, quien fue detenido el mismo día pero en diferente lugar, debieron presentarse con cinco personas de rasgos y características fisionómicas similares, lo cual no ocurrió.   
 
Finalmente, en el recurso interpuesto se dice que la confesión se obtuvo bajo tortura, y para ello se presentó el Protocolo de Estambul, conjunto de exámenes médicos y psicológicos para comprobar este ilícito.
 
La abogada explicó que en teoría el juez debió citar a una audiencia cinco días después de que se presentó el recurso (es decir a más tardar el 16 de febrero), y después resolver el asunto en 72 horas; no obstante a la fecha se sigue esperando que se realice la audiencia. 
 
De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras, durante el desarrollo de las investigaciones por tortura, peritos oficiales de la PGR determinaron qué Verónica Razo presenta diversos síntomas de estrés pos-traumático que son acordes con los requerimientos del Protocolo de Estambul.
 
Las defensoras aseguraron que se mantendrán atentas a la resolución y que confían en el que el juez valorará con justicia los argumentos y pruebas ofrecidos a favor de Verónica, a la luz de los más altos estándares nacionales e internacionales de protección a los DH y la perspectiva de género.
 
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